Política de «Tolerancia Cero»: Separación familiar como herramienta de disuasión
La política migratoria de «Tolerancia Cero», implementada en 2018 bajo la administración Trump, no solo separó familias en la frontera, sino que manipuló el marco legal para convertir a niños acompañados en «no acompañados», facilitando su desaparición en un laberinto burocrático. Al procesar penalmente a padres por cruce ilegal, los menores quedaban técnicamente «sin tutores», lo que permitía su transferencia a centros federales sin planes claros de reunificación .
Un informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) revela que, entre 2019 y 2023, 32,000 menores migrantes no acompañados «desaparecieron» tras ser liberados a familiares o patrocinadores, sin que las autoridades pudieran rastrear su paradero. La cifra refleja fallas sistémicas, pero también una estrategia deliberada: usar el caos institucional para disuadir la migración mediante el trauma familiar .
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El vacío legal que normaliza la pérdida
1. Separación forzada como mecanismo de control:
Bajo «Tolerancia Cero», las familias eran divididas en la frontera bajo el argumento de procesar a los adultos. Los niños, clasificados como «no acompañados», eran transferidos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), donde la falta de registros coherentes impedía su localización posterior. Un caso documentado en 2018 muestra cómo una madre hondureña fue deportada sin información sobre su hijo de 6 años, etiquetado como «no acompañado» .
2. Sistemas fragmentados, menores invisibles:
El DHS admitió que ICE no emitió 291,000 notificaciones de comparecencia a menores entre 2019 y 2023, lo que les imposibilitó asistir a audiencias migratorias. Sin dirección actualizada o abogados (solo el 56% tenía representación en 2023), miles quedaron expuestos a redes de trata y explotación laboral .
3. Patrocinadores no verificados:
La ORR entregó niños a familiares o patrocinadores sin verificar antecedentes penales o condiciones de seguridad. En 2023, una auditoría mostró que el ICE carecía de autoridad para intervenir incluso cuando se reportaban abusos, como en un caso donde un hombre mantenía «relaciones inapropiadas» con una menor bajo custodia .
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Explotación y trauma: El costo humano
– Tráfico y trabajo forzado:
El inspector general del DHS, Joseph Cuffari, advirtió que los menores ausentes en cortes enfrentan «mayor riesgo de trata o explotación». Aunque no todos los 32,000 están en peligro, organizaciones y medios documentaron casos de adolescentes obligados a trabajar en granjas o explotados sexualmente tras perder el rastro .
– Daño psicológico irreversible:
Testimonios recopilados por Physicians for Human Rights revelan que niños separados de sus padres desarrollaron ansiedad crónica y trastornos de apego. Janne, una niña guatemalteca de 7 años, fue separada de su padre en 2018 y pasó semanas en un hogar de acogida en Michigan sin entender el idioma, un patrón repetido en miles de casos .
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La complicidad institucional
– Fallas diseñadas, no accidentales:
Un informe de la Oficina del Inspector General (OIG) señaló que ICE no coordinó con otras agencias para actualizar direcciones o monitorear menores. La administración Trump heredó agentes que «obstaculizaron derechos migratorios», mientras Biden priorizó liberaciones rápidas sin corregir los vacíos .
– Legado de impunidad:
Aunque la administración Biden revocó «Tolerancia Cero» en 2021, más de 1,000 niños seguían separados en 2024. Además, el gobierno federal rechazó en 2023 una compensación de US$1,000 millones a familias afectadas, priorizando políticas sobre reparaciones .
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Conclusión: Un daño calculado
La desaparición de 32,000 menores migrantes no es un error logístico, sino el resultado de un sistema que normaliza la crueldad como política. Mientras el Congreso debate fondos para automatizar registros, defensores como Shaina Aber de Acacia insisten: «Esto no es sobre papeles perdidos, sino sobre vidas rotas deliberadamente» .