Organizaciones sociales venezolanas, lideradas por el Movimiento de Inquilinas e Inquilinos, denuncian que el Ministerio Público y cuerpos policiales emplean amenazas de detención y judicialización para obligar a familias a firmar «acuerdos de entrega» de sus viviendas. Estas prácticas violan procedimientos legales establecidos en la Ley Contra la Desocupación Arbitraria de Viviendas (2011), que exige mediación y garantías de debido proceso .
– Mecanismos de coerción:
– Fiscales y policías intimidan a ocupantes para firmar documentos bajo advertencia de «privación de libertad si no desalojan» .
– Se omite la vía administrativa prevista (conciliación mediante SUNAVI o Justicia de Paz Comunal) y se judicializan conflictos civiles como delitos penales de «invasión» .
– Perfil de las víctimas:
– 60% son adultos mayores, 70% mujeres y 55% familias con menores .
👵 Conexión con Programa del Ministerio Público
La ola de desalojos coincide con el programa «El Ministerio Público Protege al Adulto Mayor», impulsado por el fiscal general Tarek William Saab. Este plan, lanzado en abril de 2023, ha «restitudio mil inmuebles a ancianos en cinco meses», según anunció Saab en septiembre de 2023, con énfasis en estados como Anzoátegui y Aragua .
– Paradoja reveladora:
– Mientras el programa promueve la «recuperación de propiedades para adultos mayores», las estadísticas de movimientos sociales muestran que esos mismos grupos son víctimas principales de desalojos coercitivos. En muchos casos, herederos o terceros utilizan figuras legales para reclamar inmuebles donde habitan familias hace años, aprovechando la condición de vulnerabilidad de los adultos mayores denunciantes .
– Ejemplo crítico: Adultos mayores son instrumentalizados para presentar denuncias falsas de «invasión», mientras otros ancianos son criminalizados por ocupar viviendas que poseen legítimamente .
⚖️ Contradicción Legal y Vulnerabilidad Económica
– Marco jurídico ignorado:
– La Sentencia Constitucional N°557 (abril 2025) prohíbe usar la vía penal para conflictos de tenencia, exigiendo agotar primero vías civiles o administrativas .
– La Ley de Regularización de Arrendamientos (2011) establece que el desalojo solo procede tras deuda de cuatro meses de alquiler y mediación ante SUNAVI .
– Crisis de adultos mayores:
– El 41% sobrevive con pensiones de $4.76 mensuales (equivalente a 130 bolívares), insuficientes para cubrir una canasta básica de $550.39 . Esta precariedad facilita su cooptación en esquemas de especulación inmobiliaria .
📢 Respuesta de los Movimientos Sociales
> «No somos invasores; somos pueblo luchando por una vida digna. Criminalizarnos es criminalizar la pobreza» .
Organizaciones como la Plataforma del Movimiento de Pobladores y la Coordinadora Agraria Ezequiel Zamora exigen:
1. Investigación de fiscales y policías que aplican coacciones.
2. Priorizar la Justicia de Paz Comunal, mecanismo promovido por el gobierno para resolver conflictos sin judicialización .
3. Alineación de las instituciones con el Plan de la Patria 2025-2031, que declara la vivienda como «derecho humano, no mercancía» .
📌 Conclusión: Un Programa que Devora a sus Beneficiarios
La paradoja es escalofriante: un plan diseñado para «proteger ancianos» está siendo usado para despojar a otros ancianos de sus hogares. Mientras el Estado anuncia mil restituciones de inmuebles , movimientos sociales documentan cientos de desalojos ilegales contra el mismo grupo vulnerable. La coherencia entre política social y práctica institucional será la prueba definitiva para un gobierno que prometió revolucionar el derecho a la vivienda.