Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 15 SEP 2026
Familias campesinas de la comunidad El Totumo, en el municipio Pedraza del estado Barinas, denunciaron una nueva incursión hostil y amedrentamiento por parte de supuestos propietarios de las tierras que habitan, trabajan y donde producen alimentos desde hace al menos cinco años.
De acuerdo con los testimonios de los afectados, la mas reciente acción de acoso ocurrió este fin de semana, cuando un grupo de personas se presentó en el predio aduciendo representación de una supuesta entidad denominada «Hato Las Palmeras». Los voceros comunitarios advierten que dicha figura es inexistente en los registros agrarios oficiales y se trata de un mecanismo de fachada para usurpar y rematar predios de vocación agrícola
Durante la visita, los supuestos inversionistas arremetieron verbalmente contra las familias, profiriendo amenazas de desalojo forzoso y pretendiendo desconocer los derechos de permanencia y uso de la tierra respaldados por los consejos campesinos locales.
Un historial de violencia y acoso armado
Este hecho no es aislado. La comunidad de El Totumo ha sido blanco constante de hostigamiento violento ejercido por bandas armadas y grupos de seguridad privada contratados por terratenientes de la zona.
En marzo de 2024, un grupo de hombres armados vestidos de negro y a bordo de un vehículo rústico arremetió a tiros contra las instalaciones de la Escuela Rural Ezequiel Zamora, un centro educativo donde acuden los niños del sector, acción denunciada como una amenaza letal directa contra la comunidad.
El episodio más trágico en la escalada del conflicto ocurrió con la desaparición de dos jóvenes campesinos, Yosneiber Contreras (19 años) y Javier Molina Vera (20 años), reportados como desaparecidos el 23 de agosto de 2020 y cuyos cuerpos fueron hallados sin vida seis meses después, el 7 de febrero de 2021, a orillas del río Ticoporo. Investigaciones posteriores e impresiones de la propia comunidad señalaron el crimen como una acción ejecutada por grupos paracriminales para sembrar el terror entre los productores organizados.
Judicialización y persecución a la vocería
A la violencia física se suma el asedio judicial. Los campesinos denuncian el uso de las instituciones del Estado para criminalizar el trabajo agrario, cuya expresión más grave fue el procedimiento irregular perpetrado por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que derivó en la detención arbitraria del vocero principal de la comunidad, Nelson Lepesqueur.
Los habitantes de El Totumo reiteran su llamado a los organismos de justicia y al Instituto Nacional de Tierras (INTi) para que se garantice el resguardo físico de las familias, se respete la producción sustentable de alimentos y se detenga la persecución de grupos privados en la región.