Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 2 SEP 2026
El punto de partida, que no es origen
El 6 de marzo de 2012, el comité ejecutivo de PDVSA autorizó un crédito de 17.490 millones de bolívares otorgado por Administradora Atlantic 17107, C.A. PDVSA recibía bolívares para gastos operativos y los devolvía semanas después en dólares a la tasa oficial preferencial —muy inferior a la del mercado paralelo—, generando ganancias millonarias para los prestamistas. La Fiscalía del Distrito Sur de Florida identificó un caso por 1.200 millones de dólares; el desfalco total vinculado a este fraude cambiario supera los 4.800 millones. Pero este evento no fue el inicio de la historia, sino un hito en un proceso continuo de saqueo que se extiende por más de una década y que hoy encuentra su culminación en el acuerdo petrolero firmado en Washington.
La red: una burguesía sin patria ni proyecto
La operación fue autorizada por el comité ejecutivo de PDVSA, integrado entonces por:
· Rafael Ramírez Carreño: presidente de PDVSA y ministro del Poder Popular para la Energía y Petróleo.
· Víctor Aular Blanco: vicepresidente de Finanzas de PDVSA.
· Asdrúbal Chávez: director de PDVSA (primo del fallecido presidente Hugo Chávez), quien ocupó la presidencia de la estatal entre 2020 y enero de 2023. Actualmente está designado por las autoridades estadounidenses como presidente de la junta directiva que administrará la empresa en el marco del acuerdo.
· Juan Carlos Márquez: secretario del comité ejecutivo, fallecido en Madrid en 2019 en circunstancias no esclarecidas.
Del lado privado, los banqueros Luis Oberto Anselmi e Ignacio Oberto Anselmi fueron los beneficiarios directos, con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont. El abogado Juan Andrés Wallis Brandt, representante legal de Administradora Atlantic 17107, fue el operador que canalizó el financiamiento.
Pero el verdadero centro de la trama, el que aparece en todas las investigaciones sin ser nunca procesado, es Leopoldo Alejandro Betancourt López. Su primo y socio Francisco Convit Guruceaga cargó con el peso del expediente United States v. Guruceaga (1:18-cr-20685) en el Distrito Sur de Florida. Otros operadores —el banquero alemán Matthias Krull, cuyo testimonio consolidó el expediente; el yerno de Antonio Ledezma, Luis Fernando Vuteff, detenido en la Operación Carabela en España; el banquero argentino-suizo Ralph Steinmann— fueron procesados o condenados. Betancourt sigue libre.
Su principal socio, Francisco D’Agostino, es cuñado del dirigente de Acción Democrática Henry Ramos Allup, yerno del dueño del extinto Banco Occidental de Descuento (BOD), vinculado por matrimonio con la corona española y en comunicación con Jeffrey Epstein en 2011-2012. Esta red de parentescos y negocios le ha proporcionado un escudo que ni el FBI, ni la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, ni el Tribunal de Control venezolano han podido perforar.
La investigación de Estados Unidos no buscaba justicia, sino presión política sobre Nicolás Maduro. Para ello se construyó una narrativa que involucró a actores de la oposición, con la intervención de Rudy Giuliani vinculando al padre de Juan Guaidó con el financiamiento de la oposición. En España, la Operación Carabela incautó bienes en Madrid y Marbella, pero dejó intacto a Betancourt.
En Venezuela, el proceso judicial se activó recién en septiembre de 2022, cuando el entonces ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, denunció el caso ante el Ministerio Público. Las órdenes de aprehensión fueron dictadas el 1 de septiembre de 2022 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control con Competencia en Delitos Asociados al Terrorismo.
El único detenido fue Víctor Aular Blanco, quien fue presentado, grabado con bragas naranjas culpando a Ramírez, y luego liberado tras un sobreseimiento. El expediente fue archivado fiscalmente en 2023. Asdrúbal Chávez, pese a haber firmado el acta, ni siquiera fue llamado a declarar. La justicia venezolana nunca actuó contra el fraude, sino cuando podía servir políticamente a otros sectores que también estaban saqueando.
El saqueo como método: destruir para extraer
Lo que los implicados diseñaron no fue una simple estafa. Convirtieron a PDVSA en una ventanilla de divisas, pero además destruyeron la capacidad productiva de la industria petrolera. No solo se llevaron el dinero: demolieron el mecanismo para generar ingresos. Con la producción colapsada, era imposible renovar los ingresos fiscales. La empresa estatal dejó de ser un motor de desarrollo para convertirse en una máquina de extracción al servicio de una burguesía parasitaria. Para preservar el fraude como fuente de ingreso particular, anularon las instituciones de control, investigación y justicia. No hubo acción penal ni fiscalización real durante una década.
La culminación: captura del Estado y recolonización
Pero no se conformaron con destruir la institucionalidad. Para tomar el control definitivo de PDVSA y garantizar un monopolio con respaldo imperial —el «acuerdo histórico» de 2026— recurrieron a la captura del presidente de la República, al asesinato masivo y bombardeo de la ciudad, a la destrucción de las instituciones del gobierno y al desmantelamiento de la Constitución. Los propios voceros del Departamento de Estado, según el reportaje de Axios, reconocen que de no haber sido por la intervención de Betancourt, Maduro seguiría en el poder.
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El 28 de agosto de 2026, Donald Trump anunció el acuerdo que entrega 17 yacimientos con 65.000 millones de barriles a la empresa North American Blue Energy Partners (NABEP) , controlada por Betancourt, con derecho de Estados Unidos a comprar el 20% de la producción «a precio de costo».
No es un nuevo comienzo ni una ruptura con el pasado: es la formalización legal de un proceso continuo de extracción. Los mismos que diseñaron el fraude cambiario en 2012, que vaciaron PDVSA, que destruyeron la institucionalidad y que participaron en el derrocamiento del gobierno, son hoy los socios estratégicos del gobierno estadounidense para explotar el petróleo venezolano. La ambición incontenible de una burguesía sin proyecto de país, dispuesta a mentir, destruir y matar abierta y descaradamente, justificando sus acciones como un derecho natural, ha culminado en la recolonización de la principal riqueza de la Nación. Sin el fraude cambiario y la destrucción de la capacidad productiva que este generó, el acuerdo de 2026 no habría sido posible: fue la condición necesaria para que el capital extranjero pudiera tomar el control monopólico de los hidrocarburos venezolanos.
(En una próxima entrega comentaremos con nombres propios de entidades y personas la participación de los distintos sectores del capital y sus alianzas globales en este proceso puntual del fraude cambiario sobre PDVSA.)
Este artículo está basado en un hilo de La Tabla publicado en febrero del 2020