En Colombia ha sido titánica la tarea por superar la dicotomía entre los asuntos de Defensa Nacional y la Seguridad Interior. El debate aún sigue en los escritorios y la solución no llega a los territorios. Se ha sobrepuesto siempre una razón poderosa, que mantiene aplazada la discusión, y es sencillamente la incesante alteración del orden público interno por más de seis décadas, que no hemos podido conjurar. Ahora, paradójicamente, el gobierno que más ha fracasado y menospreciado la seguridad, presenta un proyecto de ley para modernizar la Defensa Nacional y supuestamente colocar en su sitio la Seguridad Interior.
La iniciativa que está lista para su primer debate en la Comisión Segunda del Senado es íntegramente idealista y claramente incoherente con la grave realidad nacional, pues según el ministerio de Justicia en su informe 2025 sobre crimen organizado en Colombia, son 98 estructuras terroristas, del narcotráfico y el crimen organizado que ejercen injerencia en el 56% del territorio nacional, es decir en 618 municipios. Con semejante panorama, dificilísimo pretender lograr con el espíritu de la propuesta, bien intencionada por el ministerio de Defensa, que, por primera vez de manera expresa, se busque distinguir y separar en forma taxativa, la función estatal de la Defensa Nacional, con la de la Seguridad Interior, la Seguridad Ciudadana y el control del orden público interno, a cargo de la Policía Nacional.
En esta distinción funcional, el proyecto excluye al naciente Sistema de Defensa Nacional de la prevención y persecución del delito, del control del orden público interno y de los asuntos de seguridad ciudadana, incurriendo así en una peligrosa acepción, porque estos ámbitos, en el orden nacional y global actual, no son indiferentes a la misión institucional de proteger la soberanía, la integridad territorial, la independencia y el orden constitucional.
Se crea la figura del Consejo de Defensa Nacional como máximo órgano asesor del presidente de la República para la toma de decisiones en materia de Defensa. Y no queda claro, pero parece ser, que homologa el actual Consejo Superior de Seguridad y Defensa Nacional, por cierto inoperante en este gobierno, y al que le corresponde aprobar el Plan Anual de Inteligencia Nacional (PIN), el mismo que se ha reducido exclusivamente a la protección del jefe de Estado.
El proyecto se desacredita al patentar una sensible misión a la Dirección Nacional de Inteligencia, hoy en el ojo del huracán. Le asigna “la realización de estudios de credibilidad y confiabilidad a los servidores públicos o asesores involucrados en asuntos de Defensa Nacional”, lo que se convierte en la plataforma perfecta para continuar la persecución injusta e ilegal de funcionarios que investigan casos de corrupción vinculados con su gobierno.
Seguramente el proyecto de ley 076/2025 se hundirá. No están dadas las condiciones políticas y de trámite en el legislativo para su evolución. Será un nuevo intento por ordenar, en la peor coyuntura, el marco de actuación de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, las que, inexorablemente, algún día, ad-portas a la normalización del país, deberán recuperar su esencia y naturaleza, que son la Defensa Nacional y la Seguridad Interior respectivamente.
Sigue latente, además, el debate sobre el futuro de la Policía Nacional, que el actual gobierno pretendió sacar del ministerio de Defensa y del que afortunadamente desistió. Algunos candidatos presidenciales, por ejemplo, han ventilado propuestas para la creación de policías metropolitanas y revisar la dependencia orgánica y estructura de la Policía.
Muy a lugar, en este orden, definir la viabilidad de dar origen a una fuerza de fronteras, con único comando y control, que solucione la alta fragilidad y el descuido de los territorios fronterizos. Así lo exigen las amenazas multinacionales, la hibridez del crimen organizado y el auge de las economías ilícitas. Es entonces, indispensable, contrario a lo que busca el proyecto, seguir avanzando en la fusión de capacidades de seguridad y defensa, con impacto real en los territorios, tal como ocurre en otras latitudes que enfrentan serios desafíos del terrorismo y el narcotráfico principalmente, y que para el caso de Colombia ha funcionado bien, pero con incontingencias y sujeto al vaivén de los periodos presidenciales.
Finalmente, no podemos desconocer que la integración de estrategias y acciones en materia de Defensa y Seguridad ha sido la llave maestra en la sostenibilidad y defensa de la democracia, con resultados categóricos en la neutralización de las más graves amenazas. De lo contrario seríamos un estado fallido. No olvidemos que el terrorismo y el narcotráfico colocaron en jaque al Estado en su conjunto, y gracias al esfuerzo integrado de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sus objetivos fueron frustrados. La amenaza sigue vigente, no hay lugar para distinciones de escritorio porque el territorio lo demanda.
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