Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 2 FEB 2026
La investigadora Lilian Alfaro denuncia que la persecución contra campesinos en Venezuela tiene un objetivo político más profundo: es un ataque directo a las políticas de redistribución de tierras impulsadas por el expresidente Hugo Chávez como núcleo de la Revolución Bolivariana.
Casos como los de Glinis Méndez, Nelson Lepesqueur, Rubén Delgado y Miguel Santamaría, campesinos presos y denunciados como torturados en Canaguá, serían la punta de lanza de una ofensiva contra el proyecto de transformación social iniciado en 1999.
Esta criminalización no es un fenómeno aislado. Responde directamente a la aplicación de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, piedra angular del giro bolivariano en el campo. Esta norma, que buscaba eliminar el latifundio y redistribuir tierras ociosas, redefinió el concepto de propiedad al establecer su «función social». Hasta 2009, este marco legal permitió la redistribución de aproximadamente 2.7 millones de hectáreas, un cambio estructural que afectó directamente los intereses históricos de terratenientes y grandes poseedores de tierra.
Por ello, Alfaro sostiene que acusar y judicializar a pequeños productores y campesinos es una estrategia para deslegitimar y revertir la doctrina baolivariana en el ámbito rural. Se criminaliza a las personas para desacreditar las políticas, creando un clima de temor e incertidumbre jurídica que obstaculiza la Revolución Agraria. El conflicto, por lo tanto, trasciende lo legal y se sitúa en el terreno de la disputa por el modelo de país: se persigue al campesino para enterrar el legado de Chávez y su intento de construir una soberanía alimentaria basada en la justicia social y la propiedad social de la tierra.