En 2024, el 36% de los cigarrillos vendidos en Colombia provinieron del comercio ilegal y el contrabando. Este negocio financia al crimen organizado y genera pérdidas fiscales que superan el billón de pesos al año, dejando menos recursos para educación, salud y deporte.
En los últimos cinco años las cifras de contrabando de cigarrillos han tenido aumentos preocupantes. Según la Federación Nacional de Departamentos (FND), en 2022, Colombia perdió cerca de 1 billón de pesos para inversión social por el consumo de cigarrillos ilegales y más del 30 % de las unidades vendidas venían de comercio ilegal. En 2023 las cifra aumentó al 35 %, la más alta registrada desde 2015, y en 2024 aumentó de nuevo y se ubica en 36 %.
Las autoridades y organizaciones insisten en que el comercio ilícito de cigarrillos es una problemática con grandes afectaciones en términos de seguridad y lucha contra el crimen organizado. En Colombia, esta problemática viene en crecimiento durante los últimos 10 años y la FND comenta que la cifra registrada el año anterior es el índice más alto desde que se comenzó a medir en 2011, según INVAMER.
El aumento sostenido del comercio ilícito de cigarrillos en esta década ha contribuido con el empeoramiento de la situación de seguridad de las ciudades. Ya que es bien conocido que esta actividad fortalece el crimen organizado y financia prácticas delincuenciales como la corrupción y el narcotráfico.
Además, no se puede olvidar que el contrabando de cigarrillos es un delito que afecta directamente a la salud de los colombianos, no solo porque no existe control sobre la calidad de los productos que consumen las personas, lo que podría aumentar aun más su exposición al riesgo por fumar; sino que también, en Colombia, el impuesto al consumo que pagan los cigarrillos vendidos legalmente se destina a financiar el deporte y la salud en las regiones. Esto quiere decir que cuando aumenta significativamente el consumo ilegal, disminuye significativamente el ingreso destinado para el bienestar de los territorios por la compensación monetaria de la industria tabacalera.
Una relación de humo y crimen organizado
En palabras de Juan Carlos Buitrago Arias, Brigadier General (R) de la Policía Nacional de Colombia, con 33 años de experiencia en la Institución, y quien ocupó cargos como Ex Director de Operaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia, y ex Director de la Policía Fiscal y Aduanera, sí existe una relación entre el contrabando y el crimen organizado.
“Esta relación nos permite advertir que, en la medida en la que crece el comercio ilícito, se puede agudizar la situación de violencia e inseguridad. Incluso, como se ha mencionado en detalle recientemente, es una fuente de financiación de la corrupción”, cuenta.
Buitrago Arias agrega que el contrabando de cigarrillos es el medio a través del cual retornan las utilidades de la droga que envían al exterior los grupos ilegales. En este sentido, advierte que todo aquello que directa o indirectamente promueva el contrabando, afectando la legalidad y la formalización, y sus formas de financiación, le brinda fuentes de oxígeno al crimen.
El militar comenta que es ampliamente conocido que el comercio ilícito es la forma de monetización de las ganancias de las economías criminales. Las redes criminales y el narcotráfico se han sofisticado al punto que han trasladado su experticia al contrabando de cigarrillos, y hoy ambas actividades ilícitas comparten modelos similares: diversificación del riesgo, más corrupción o violencia y rutas únicas y estables para contrabando y narcotráfico.
Un problema de salud pública
Existe una percepción errónea de que el contrabando no tiene víctimas ni consecuencias. Se pasa por alto el impacto negativo en la competencia justa y en los ingresos fiscales del Estado. Estos ingresos son cruciales para que los gobiernos financien servicios públicos esenciales en áreas como educación, deporte y salud.
El más reciente estudio de la FND ha estimado que alrededor de $1.03 billones se pueden perder en el recaudo del impuesto al consumo de cigarrillos para los departamentos y Bogotá como consecuencia de este flagelo. Y se estima que, en los últimos 5 años, la pérdida de recaudo por contrabando de cigarrillos en Colombia alcanzaría aproximadamente $4.4 billones de pesos, es decir, dinero que no llegó a programas de bienestar.
La Federación dice que, en comparación con 2023, 13 departamentos registraron un aumento en las cifras de ilegalidad. Entre los territorios con mayores porcentajes de comercio ilegal de cigarrillos se encuentran La Guajira con 87%, César con 81%, Magdalena con 79%, y Norte de Santander con 75%, que coincide con los lugares donde tiene presencia e incidencia el Clan del Golfo, según el informe “Presencia y Accionar de Grupos Armados en Colombia” de 2024.
Según el último estudio de INVAMER, los cigarrillos de contrabando que ingresan a Colombia provienen principalmente de Uruguay (10.1%), Estados Unidos (8.5%), Corea del Sur (4.9%) y Paraguay (2.7%).
“Sin embargo, no se puede olvidar de que existe otra consecuencia, el contrabando de cigarrillos no solo afecta la economía y la salud pública, sino también la seguridad. El crimen organizado y los narcotraficantes ya no se limitan a la producción y venta de drogas, han diversificado sus operaciones hacia nuevos mercados, siendo el del cigarrillo uno de sus favoritos. Este negocio se ha convertido en una de sus principales fuentes de financiamiento, y frecuentemente luchan por el control de rutas y mercados, generando violencia en la región. Por lo que el contrabando de cigarrillos es un problema que debe ser enfrentado desde diversos frentes. Está en juego la seguridad del país, y la salud y bienestar de los colombianos”, finaliza Juan Carlos Buitrago Arias, Brigadier General (R) de la Policía Nacional de Colombia.