Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 28 OCT 2026
En El Totumo, Barinas, 60 niños de la Escuela Básica Nacional Ezequiel Zamora podrían ver interrumpido su año escolar. La comunidad campesina denunció que el general Giuseppe Caciopo, jefe de Seguridad de la Gobernación de Barinas, acudiría al lugar para ejecutar un desalojo, supuestamente por orden del ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.
El anuncio lo hizo un representante de la escuela frente a los estudiantes durante una actividad realizada esta semana para rechazar la medida. “Mañana va a venir el general Caciopo a desalojar la escuela. Una escuela que nosotros tenemos legalizada con su código legal, con sus profesoras, que están por el Ministerio Público, por el Ministerio de Educación. Todo esto es legal”, advirtió.
La denuncia no solo involucra a la escuela. Unas 80 familias campesinas producen entre 2.700 y 2.800 kilos de queso semanal —casi 11.000 kilos al mes— y enfrentan el desalojo por parte de los hermanos Gómez, de Agropecuaria GomCA, quienes alegan ser dueños del “hato Las Palmeras”, un predio que, según las investigaciones de La Tabla, no aparece en los registros agrarios oficiales. El trasfondo, según los voceros, sería la tala y comercialización de madera de árboles centenarios.
Para la comunidad, el impacto sobre la niñez es directo. “¿A usted no le dijeron que estos niños están estudiando aquí? Es una matrícula de 60 niños”, cuestionó el vocero, dirigiéndose al ministro Padrino López. “Yo estoy seguro que usted no es loco, señor ministro. Estoy seguro que usted no sabe de todo esto”.
El representante recordó que el 22 de octubre recibieron una citación del Instituto Nacional de Tierras (INTI) en Barinas, donde les informaron que serían desalojados. “Para esto tiene que venir una inspección, a ver si esto está pasando, si hay niños aquí, si hay escuelas, si hay rubros sembrados”, exigió. También denunció que en esa reunión les hicieron pagar los teléfonos y sacaron a sus abogados de las oficinas.
La escuela, insisten, cuenta con código legal, docentes del Ministerio de Educación y registro ante el Ministerio Público. A ello se suma la producción agroalimentaria que, según los campesinos, está amparada por la ley. “Nosotros estamos pidiendo que venga una inspección de Caracas y vea lo que está pasando aquí”, señaló el vocero.
No es la primera vez que la comunidad enfrenta violencia. En marzo de 2024 la escuela fue atacada a tiros y en 2020 dos jóvenes campesinos fueron asesinados. Ahora, la amenaza de desalojo vuelve a poner en riesgo el derecho a la educación de 60 niños y la permanencia de 80 familias en sus tierras.
“Aquí están los niños esperando para que usted venga mañana a desalojarlos”, concluyó el representante. La comunidad exige que las autoridades de Caracas envíen una comisión que verifique la existencia de la escuela, la matrícula y la producción antes de cualquier medida.