Una reciente resolución del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Irán ha sido señalada como un pretexto cuidadosamente orquestado por Israel para justificar una operación militar a gran escala que, según todas las evidencias, ya estaba planificada con meses de antelación.
La contundente prueba de esta instrumentalización reside en la asombrosa rapidez con la que se produjeron los ataques israelíes tras la votación de la resolución: menos de 12 horas, un lapso logísticamente imposible para organizar una ofensiva de tal magnitud.
La cronología de los hechos y las propias debilidades de la resolución del OIEA sugieren que el contexto diplomático fue explotado para dar una apariencia de legitimidad a una agresión ya decidida.
La resolución del OIEA: Una base cuestionable
La resolución aprobada por la Junta de Gobernadores del OIEA el 12 de junio a las 15:00 GMT, que declaró a Irán en «incumplimiento» de sus salvaguardias nucleares, ha sido fuertemente cuestionada por Teherán. Irán argumenta que ningún informe previo del OIEA, incluido el que supuestamente la sustentaba, había verificado desviación de materiales nucleares con fines militares.
Además, la resolución se basó en alegatos sobre sitios no declarados que, según Irán, ya habían sido investigados y formalmente cerrados por el propio OIEA en 2015. La votación misma dentro del organismo no fue unánime: mientras 19 países votaron a favor (incluyendo EE.UU., Francia, Alemania, Reino Unido), 11 se abstuvieron (como India, Brasil y Sudáfrica, mostrando dudas sobre las pruebas), y 3 votaron en contra (Rusia, China, Burkina Faso), calificándola de «política y sin base jurídica».
El «doble rasero» de la política nuclear
Irán ha denunciado un flagrante «doble rasero» en la política nuclear internacional. Un comunicado conjunto iraní del 12 de junio acusó directamente a «EE.UU. y Europa [de guardar] silencio ante el programa nuclear israelí (no firmante del TNP) y sus amenazas de atacar instalaciones nucleares pacíficas de Irán».
Esta acusación resalta una inconsistencia legal: potencias nucleares como EE.UU., Reino Unido y Francia, firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), incumplen el Artículo 6 del tratado (que exige el desarme) mientras demandan restricciones severas a Irán, un país que afirma su derecho al uso pacífico de la energía nuclear bajo el Artículo IV del mismo tratado.
La cronología que delata la preplanificación
La evidencia más contundente de la instrumentalización se encuentra en la secuencia temporal de los eventos:
12 de junio, 15:00 GMT: El OIEA aprueba la resolución contra Irán.
12 de junio, 18:30 GMT: Irán anuncia la inauguración de un nuevo centro de enriquecimiento de uranio, una respuesta técnica previamente planificada a lo que consideraron una resolución hostil.
13 de junio, 01:30 GMT: Menos de 12 horas después de la votación del OIEA, Israel lanza un ataque masivo contra las instalaciones de Natanz y Fordow, así como zonas civiles, utilizando 200 aviones y comandos.
Expertos en logística militar coinciden: un ataque de esta magnitud, que involucra cientos de aviones y la infiltración de unidades de élite, requiere meses de planificación detallada, no horas. Esto incluye inteligencia, estrategia, entrenamiento y despliegue de recursos. La imposibilidad logística de una planificación tan rápida sugiere que la resolución del OIEA fue utilizada como una «coartada» o excusa pública para una operación militar que ya estaba decidida y lista para ser ejecutada. Israel, al parecer, solo esperó el momento diplomático «oportuno» para lanzar su agresión.
La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) lo calificó de «acto terrorista premeditado», afirmando que «la resolución solo buscaba crear un pretexto mediático».
Impacto y llamado a la acción internacional
La resolución del OIEA, emitida sin prever su potencial uso como justificación bélica, representa un grave error de timing por parte de un organismo técnico, violando el principio de «no dañar». Aunque el director del OIEA, Rafael Grossi, condenó los ataques, la institución ha perdido credibilidad al emitir una resolución percibida como políticamente sesgada en un contexto tan volátil.
El ataque israelí, al incluir blancos civiles y residenciales, viola el Derecho Internacional Humanitario. No existía una «amenaza inminente verificada» que justificara la autodefensa bajo el Artículo 51 de la Carta de la ONU. Las acciones técnicas de Irán, como el nuevo centro de enriquecimiento, han sido presentadas como «medidas proporcionales» en respuesta a la resolución hostil, no como una provocación inicial.
Este escenario expone un fracaso del sistema multilateral, donde organismos técnicos son instrumentalizados para fines geopolíticos, desencadenando escaladas impredecibles. La comunidad internacional debe exigir una investigación independiente sobre la relación temporal entre la resolución y el ataque, una condena unánime a los ataques a civiles y la promoción de un diálogo inclusivo con Irán basado en el TNP, no en la coerción.