Campesinos del estado Barinas, envueltos en un conflicto por tierras adyacentes al predio La Rubiera, estuvieron retenidos durante aproximadamente seis horas por un grupo armado de presunta naturaleza paramilitar, que los trasladó en vehículos del hato La Rubiera hasta la casona del terrateniente Elpidio García. En este lugar, permanecieron encerrados en una habitación antes de ser entregados a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y trasladados a la sede del Comando de Zona 33 en la capital del estado.
Este es el testimonio de uno de los secuestrados.
Según el relato, el pasado sábado 14 de junio, alrededor de 22 campesinos fueron abordados por un grupo de hombres armados en el campamento del consejo campesino. «Nos llevaron arrodillados desde el campamento del consejo campesino hasta una montaña», describió el testigo, quien enfatizó que los captores «jamás manifestaron pertenecer al gobierno nacional ni a ninguna otra entidad. Simplemente llegaron con armas, amedrentándonos».
Durante este lapso, que duró aproximadamente una o dos horas, los campesinos fueron obligados a permanecer con la cabeza gacha, sin poder hablar ni mirar a sus captores.
Una vez sometidos, los campesinos fueron trasladados en un remolque agrícola, conocido como «zorra», hasta un terraplén. Allí, los esperaban tres camionetas pertenecientes al hato La Rubiera, vehículos vinculados al terrateniente Elpidio García. Los 22 o 23 campesinos, junto al grupo armado, fueron llevados a la casona del hato, la residencia de García.
En la casona, una «construcción de campo vieja», los campesinos fueron recluidos en una habitación durante varias horas, siempre con la cabeza cubierta y sin comunicación. «Escuchábamos que nos iban a matar, que harían miles de cosas con nosotros, que estaban esperando órdenes. El terror nos invadía en ese momento», recordó el afectado. Si bien no pudieron ver directamente a Elpidio García, la presencia de su camioneta blanca, una Super Duty doble cabina, les hizo intuir su participación en los hechos.
Alrededor de las seis de la mañana, una comisión de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) arribó al hato. Fue en ese momento cuando «los grupos armados nos entregaron a ellos», afirmó el testigo, quien recalcó que quienes los capturaron inicialmente fue el grupo armado y no los funcionarios de la GNB. Las conversaciones entre García y la Guardia Nacional no fueron escuchadas por los campesinos, ya que permanecían encerrados.
Finalmente, los campesinos fueron sacados de la habitación y subidos a vehículos de la GNB: dos camionetas Toyota «machitos». Aproximadamente a las 8 de la mañana, salieron del hato La Rubiera con destino a Barinas, en un convoy que incluía los dos «machitos», una camioneta Hilux de la GNB y tres camionetas más de Elpidio García, sumando un total de unos seis vehículos. En una de las camionetas del terrateniente, según el testimonio, llevaban «una res desmembrada, supuestamente la carne que estábamos comiendo, unos 100 kilos aproximadamente. Este era el supuesto delito por el que nos acusaban».
Este relato corrobora la información de contexto que ha circulado sobre el incidente, el cual señala que 22 campesinos adultos, entre ellos dirigentes como Jesús Escalante y Reina Rodríguez, así como el adolescente Alirio Vásquez (17 años), fueron privados de libertad luego de ser raptados por un grupo armado al servicio de un terrateniente. Una niña de 3 años, Kerlys Arias, también fue retenida durante el operativo, aunque no enfrenta cargos.
La judicialización de los campesinos ha generado cuestionamientos, especialmente por el hecho de que la audiencia, aunque a cargo de un tribunal penal ordinario, se realizó en un destacamento castrense. Expertos en periodismo de datos han señalado la «asombrosa similitud con prácticas paramilitares colombianas» en el modus operandi del secuestro.
Este caso se enmarca en la lucha de los campesinos por la titulación de tierras improductivas en La Rubiera desde 2021, amparados por la Ley de Tierras. Sin embargo, la situación también pone de relieve la criminalización de líderes agrarios en Venezuela, con un registro de 328 casos entre 2020 y 2025, según el Frente Nacional Campesino. Los 22 campesinos procesados judicialmente enfrentan ahora cargos que sus defensores y organizaciones de derechos humanos consideran infundados y producto de una detención irregular.