Por Marcos Lamelas – Barcelona | 13/05/2025 | Exclusivo de El Confidencial
La opa lanzada por el BBVA sobre el Banco Sabadell ha dejado de ser una simple operación financiera para convertirse en una cuestión eminentemente política. Desde que la CNMC aprobó la operación con condiciones y el Gobierno dejó claro que tendría voz y voto en el proceso, la intervención política ha sido constante.
El último intento del equipo de Moncloa para frenar la operación ha sido promover una fusión alternativa: unir el Banco Sabadell con Abanca, la entidad gallega controlada por Juan Carlos Escotet, empresario venezolano afincado en Madrid. Según fuentes financieras cercanas a la operación, la idea busca generar un núcleo accionarial estable que permita al Ejecutivo vetar, de facto, la opa del BBVA. Escotet posee el 84,7% de Abanca, lo que le daría aproximadamente un 25% de la entidad fusionada, convirtiéndolo en el accionista de referencia. Sería, en términos de poder, algo similar a lo que CriteriaCaixa representa en CaixaBank.
Esta propuesta recuerda a la estrategia que el PP aplicó hace dos décadas con la opa hostil de Gas Natural sobre Endesa: mejor «antes alemana que catalana». Hoy, parece repetirse el mantra con otro giro: «antes venezolana que madrileña». Sin embargo, la operación con Abanca ya fue estudiada y descartada por el propio Banco Sabadell antes de que BBVA lanzara su opa. Y la entidad gallega también ha negado públicamente cualquier interés en la fusión.
El Sabadell nunca ha tenido un núcleo duro de accionistas. Los empresarios que intentaron consolidarlo –como los Lara o Isak Andic, fundador de Mango– perdieron en su momento más de 500 millones de euros. Las familias históricas impulsoras del banco, como los Oliu, Corominas o Llonch, ya no tienen la capacidad financiera para resistir una operación de esta magnitud. Y el compromiso de algunos socios recientes, como el empresario mexicano David Martínez (3,9%), es incierto.
Mientras tanto, la dirección del banco, encabezada por César González-Bueno, ha logrado ganarse el respaldo de la sociedad catalana, partidos políticos y patronales. El retorno de la sede social a Sabadell en enero de 2025 (tras su marcha a Alicante durante el procés) fue un gesto clave en esa estrategia de reconstrucción simbólica y política.
Moncloa intenta así devolver la “patata caliente” a la dirección del banco catalán, forzándolo a posicionarse. Pero el plan no parece factible, ni legalmente –dada la obligación de pasividad ante una opa– ni financieramente viable.
La reacción del mercado bursátil confirma el escepticismo generalizado: las acciones de Banco Sabadell subieron un 1,68%, y las del BBVA, un 1,7%, ajustando poco a poco la prima. El mercado simplemente no se cree la fusión con Abanca, igual que descartó en su momento una aproximación a Unicaja, que exigía mantener la sede en Málaga. En definitiva, las ideas de Moncloa no terminan de cuajar ni en las oficinas ni en los parqués.
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