Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 7 FEB 2026
La Asamblea Nacional aprobó (en la fase de primera discusión) una ley para liberar a procesados y condenados por delitos políticos, pero su beneficio está rigurosamente vinculado a diez episodios de confrontación ocurridos entre 1999 y 2026, dejando fuera de su alcance hechos ocurridos en otros periodos.
El proyecto, presentado como un instrumento para la «convivencia democrática», delimita así su aplicación en medio de un conflicto político y social continuo que por décadas ha derivado en ciclos de violencia y en la consecuente acción judicial del Estado para perseguir dichos hechos.
La ley establece una «amnistía general y plena» para personas procesadas o condenadas por delitos políticos, pero solo si estos se cometieron en el marco específico de diez coyunturas históricas. Entre ellas se incluyen el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero de 2002-2003, las protestas de 2014, 2017 y 2019, y el período posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Este diseño focaliza el beneficio en momentos puntuales de alta conflictividad dentro de un escenario de tensión prolongada.
La norma excluye de manera categórica una serie de delitos considerados graves. Quedan fuera del beneficio las violaciones graves a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la corrupción y el tráfico de drogas a gran escala. De forma particular, también se excluye expresamente el homicidio intencional (doloso). Esta redacción deja en un área gris otras figuras como el homicidio culposo (no intencional), el cual, en teoría, sí podría ser amnistiado si se enmarca en uno de los diez episodios señalados.
Estructura y mecanismo de aplicación
El proyecto de ley consta de un articulado que establece el procedimiento para su ejecución. Para activar el beneficio, deberá ser el Ministerio Público o la persona procesada quien solicite la amnistía ante un tribunal competente. Este tribunal será el encargado de verificar si el caso cumple con los supuestos de la ley: que el delito sea político y que esté vinculado a uno de los diez períodos establecidos. De comprobarlo, decretará el sobreseimiento de la causa o la anulación de la sentencia firme. Una vez en vigor, la ley extinguirá de pleno derecho las acciones penales, administrativas o disciplinarias relacionadas con los hechos amnistiados. El proyecto se encuentra en fase de consulta pública, previo a una segunda discusión parlamentaria para su aprobación definitiva.