Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 24 FEB 2026
La segunda fase del puente aéreo de medicamentos que Estados Unidos activó hacia Venezuela en febrero de 2026 tuvo un actor con un expediente reciente ante el Departamento de Justicia. Los 65.000 kilogramos de suministros médicos que llegaron a Maiquetía el sábado 21 de febrero fueron transportados por Sky Lease Cargo, una aerolínea con sede en Miami que, apenas tres meses antes, en noviembre de 2025, pagó una multa superior al millón de dólares por falsificar comprobantes de entrega en contratos con el gobierno federal.
El vuelo, operado por un Boeing 747-400 con matrícula N904AR, completó el envío total de 71.000 kilos de insumos que forman parte del plan de tres fases anunciado por la administración Trump para la «estabilización y recuperación» de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero. La propia embajada estadounidense en Caracas confirmó la recepción del cargamento, que se suma a las 6.000 toneladas transportadas el 13 de febrero por Omni Air International, otra aerolínea contratista del Pentágono cuyo perfil fue revelado en una entrega anterior.
Sky Lease Cargo no es una aerolínea comercial ordinaria. Fundada hace más de tres décadas como una empresa familiar, su modelo de negocio depende en gran medida de contratos con agencias federales. Entre sus clientes se cuentan el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS), el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado, para quienes ha transportado correo diplomático y militar a destinos en el extranjero. La compañía opera desde el Aeropuerto Internacional de Miami con una flota de dos Boeing 747 y una terminal de refrigeración de 120.000 pies cuadrados, la más grande de su tipo en el norte del continente.
El problema es que, según una investigación del Departamento de Justicia cerrada el 25 de noviembre de 2025, Sky Lease Cargo manipuló electrónicamente los escaneos de entrega de contenedores de correo para reportar falsamente los tiempos de entrega. La maniobra le permitió cobrar pagos completos y evitar penalizaciones por retrasos en contratos que incluían el manejo de correspondencia oficial de instalaciones militares y diplomáticas estadounidenses en el exterior.
El acuerdo, por un millón treinta mil dólares, resolvió las acusaciones bajo la Ley de Reclamos Falsos (False Claims Act) sin que la empresa admitiera responsabilidad. Pero los documentos oficiales del caso detallan que Sky Lease «a sabiendas, no proporcionó los servicios por los que se le había pagado», en palabras de Brett Shumate, fiscal de la División Civil del Departamento de Justicia. La investigación fue conducida por la Oficina del Inspector General del Servicio Postal, que señaló que el fraude afectaba la «salvaguarda y entrega oportuna del correo de EE.UU. a puestos en el extranjero».
El antecedente resulta relevante porque las mismas agencias que fueron víctimas del fraude —el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa— son las que ahora ejecutan el plan de tres fases en Venezuela, del cual este envío de medicamentos forma parte. Y porque el vuelo del 21 de febrero, al igual que el de Omni Air, no es un gesto de caridad: la cuenta oficial de asistencia exterior del Departamento de Estado, @USForeignAssist, confirmó el 14 de febrero que las autoridades interinas de Venezuela acordaron reembolsar el costo de esta y futuras entregas.
La página web de Sky Lease Cargo enumera entre sus capacidades el transporte de «ayuda humanitaria» y menciona su participación en misiones de auxilio tras el huracán María en Puerto Rico y durante la pandemia de COVID-19. También proclama entre sus valores la «integridad» y la «transparencia». Sin embargo, el expediente judicial de noviembre pasado documenta lo contrario: manipulación deliberada de registros para engañar al gobierno que ahora la contrata para llevar insumos médicos a Venezuela.
Con los 65.000 kilos de medicamentos —entre los que se han identificado lotes de ciprofloxacino inyectable de la farmacéutica Sagent— se completa un puente aéreo de 71 toneladas operado por dos compañías con perfiles paralelos. Ambas son contratistas habituales del Pentágono. Ambas han estado involucradas en operaciones sensibles: Omni Air transporta tropas a zonas de conflicto y deportados para ICE; Sky Lease acaba de pagar una multa millonaria por defraudar al gobierno en contratos de correo diplomático y militar. La llamada ayuda humanitaria a Venezuela viaja en aviones de guerra y empresas con expedientes cuestionables. Y será pagada por los venezolanos.