Helene Villalonga, presidenta de AMAVEX y aliada de la OEA, ejerce doble rol: denuncia restricciones mientras gestiona negocios migratorios desde Florida.
La imagen de Helene Villalonga sollozando ante cámaras, implorando al presidente Donald Trump por las medidas contra migrantes venezolanos, contrasta con su faceta como gestora de trámites migratorios. Esta abogada, presidenta de la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (AMAVEX), opera simultáneamente como activista humanitaria y empresaria del sector migratorio desde su compañía Helene Villalonga LLC, creada en 2022.
Según documentos consultados, Villalonga –radicada en EE.UU. desde 2000– lidera AMAVEX, entidad fundada en 2007 como Asociación de Madres Venezolanas en el Exilio. Hoy, la organización mutó a un núcleo familiar: su hijo Juan José Correa y su secretaria Marta Marlene Bello controlan la directiva, tras una reestructuración en 2023.
Mientras públicamente cuestiona políticas de deportación y promueve narrativas de «crisis humanitaria compleja» en Venezuela –alineada con el secretario de la OEA, Luis Almagro–, su empresa ofrece servicios de asesoría migratoria a connacionales. Helene Villalonga LLC, registrada en julio de 2022, gestiona solicitudes y documentación para migrantes venezolanos, según consta en su estructura operativa.
El doble rol emerge en eventos como la cumbre «Voces Hispanas por los Derechos Humanos», coorganizada con Almagro en la OEA (2024), donde Villalonga denunció el «sufrimiento de los migrantes». Sin embargo, críticos señalan que su activismo –centrado en promover la migración como única salida a la crisis venezolana– podría beneficiar su interés comercial. «AMAVEX legitima el éxodo como solución, pero su presidenta monetiza el proceso», acusa una fuente del sector.
Ni Villalonga ni AMAVEX han declarado sobre el conflicto de interés entre su activismo y su empresa privada, cuyos clientes son, paradójicamente, los mismos migrantes que dice defender.