
Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 15 NOV 2026
La fundación Unidos en la Misión Foundation, Inc., constituida en el estado de Florida en 2021 para canalizar donaciones y proyectos sociales de la Compañía de Jesús en Venezuela, tiene entre sus directivos y asesor legal a Jorge Salcedo Hernández. Lejos del perfil filantrópico que se esperaría de una organización jesuita, Salcedo es un actor central en la trama del Industrial Acquisitions Fund (IAF), un fondo de capital que, bajo una falsa fachada de inversión estadounidense, adquirió la empresa argentina IMPSA para ejecutar el contrato de culminación de la hidroeléctrica Tocoma.
El IAF: Un fondo de capital de origen corrupto
Según investigaciones periodísticas basadas en registros corporativos y judiciales, el IAF no es un fondo de inversión norteamericano legítimo. Se trata de una estructura conformada por ciudadanos venezolanos con un historial documentado de vínculos con el lavado de activos, la corrupción petrolera y el fraude contractual. Para simular su origen estadounidense, el fondo utilizó una dirección vacía en Delaware —un típico domicilio de empresas de maletín— y presentó a un supuesto socio norteamericano, Jason Arceneaux, quien en realidad es un venezolano con actividad comercial en el país. Las donaciones de este grupo al Partido Republicano, de montos modestos, les habrían servido como pasaporte de acceso para posicionarse en el sector energético.
La pieza clave de esta arquitectura es Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, director del IAF y con un extenso historial delictivo. Socorro contrató a PDVSA, fue investigado en Guatemala por intentar tomar el control del Banrural mediante sobornos (B en el congelamiento de 20 millones de dólares), y está vinculado al alquiler fraudulento de la plataforma gasífera Aban Pearl, la cual se hundió catastróficamente en 2010.

El rol crucial de Jorge Salcedo en la trama
Junto a Socorro opera un equipo diseñado para ocultar capitales y garantizar la impunidad de la operación. Es aquí donde Jorge Salcedo Hernández juega un papel fundamental. El mismo sujeto que funge como Chief Legal Officer y Director de la fundación de los jesuitas en Florida es descrito en los registros del IAF como un «experto en sanciones OFAC y exdefensor del testaferro Samark López Bello».
Salcedo no solo fue el abogado defensor de López Bello (señalado como el mayor testaferro del exministro de Petróleo Tareck El Aissami), sino que su función dentro del IAF es, literalmente, «garantizar la navegación por restricciones estadounidenses». Es decir, su conocimiento del sistema de sanciones le permite a este grupo de venezolanos con antecedentes de corrupción operar, mover capitales y cerrar contratos con el Estado venezolano sin levantar alertas en el Departamento del Tesoro.
El equipo lo completa César Rafael Alfonso-Larrain Landaez, abogado de protección patrimonial de la burguesía venezolana, y Juan R. Carvallo López, vinculado al caso Naventa y señalado como canal de pagos irregulares.
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El contrato de Tocoma y la debida diligencia
El resultado de esta alianza es la firma, en junio de 2026, del contrato entre el IAF (a través de IMPSA) y Corpoelec para culminar Tocoma, obra par mealizada desde 2013. A pesar de que la información judicial sobre los antecedentes del IAF y de sus directivos era de dominio público, ni las autoridades argentinas ni las venezolanas exigieron verificaciones básicas de debida diligencia.
Mientras todo esto ocurre, Salcedo Hernández se mantiene en la directiva de Unidos en la Misión Foundation en Miami, compartiendo junta con el provincial jesuita Alfredo Infante y el director ejecutivo Txuo Rodríguez Villarroel. Los registros públicos no especulan: el director legal de la fundación benéfica de los jesuitas es el mismo hombre que provee el blindaje legal a un fondo constituido por personas vinculadas a los más graves casos de corrupción de este siglo.


