RESPONSIBLE STATECRAFT | ANÁLISIS Y OPINIÓN
La intervención policial respaldada por la ONU, la presencia de contratistas privados y la designación de las pandillas como organizaciones terroristas por parte de Estados Unidos están convirtiendo a Haití en un campo de batalla, mientras disminuyen las esperanzas de lograr una verdadera seguridad para la población local.
Por Joseph Bouchard — 9 de noviembre de 2026
El 18 de octubre, cuatro aviadores salvadoreños desaparecieron después de que hombres armados emboscaran su vehículo blindado en Croix-des-Bouquets, un suburbio controlado por pandillas situado a unos siete kilómetros de Puerto Príncipe, la capital de Haití.
Se encontraban en Haití como parte de una fuerza multinacional autorizada por Naciones Unidas y enviada para recuperar los territorios que actualmente están bajo el control de las pandillas armadas, que dominan amplias zonas de esta nación caribeña.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conocido por su política de mano dura y por encarcelar a decenas de miles de presuntos pandilleros en su país sin las debidas garantías procesales, insiste en que su contingente estaba allí para realizar evacuaciones médicas, «no para hacer la guerra».
Sin embargo, pocos días después envió apresuradamente cientos de soldados adicionales a la isla. Según los informes, el contingente salvadoreño cuenta ahora con aproximadamente 2.500 efectivos, y aviones estadounidenses C-130 están ayudando a transportarlos.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el embajador estadounidense Mike Waltz, que calificó a Haití como un Estado fallido, prometió a los militares desaparecidos:
«Los traeremos de vuelta a casa».
¿Cómo terminaron los militares salvadoreños en una emboscada de pandillas a las afueras de Puerto Príncipe?
Para entenderlo, es necesario analizar el contexto.
Haití se encuentra en una caída libre desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.
El país no ha celebrado elecciones nacionales en casi una década, y sus crisis política, económica, humanitaria y de seguridad se han agravado drásticamente desde el terremoto de 2010, que causó al menos 100.000 muertos.
Ese vacío de poder fue ocupado por grupos armados, muchos de ellos respaldados por políticos y élites empresariales, que posteriormente se fusionaron en coaliciones como Viv Ansanm.
La extorsión constituye la principal fuente de ingresos de estas pandillas, y los investigadores de Naciones Unidas han documentado cómo determinados políticos financian a sus integrantes.
Para el año pasado, Naciones Unidas estimaba que las pandillas controlaban aproximadamente el 90 % de la capital.
Más de 1,5 millones de haitianos han sido desplazados, y la ONU documentó 1.408 asesinatos solamente entre abril y junio de este año.
La respuesta internacional y sus fracasos
Se ha producido una respuesta multilateral a la crisis.
En 2023, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó una misión policial liderada por Kenia para apoyar a la desbordada Policía Nacional de Haití.
Sin embargo, debido a la falta de financiación y personal, la misión fracasó y fue reduciendo sus operaciones durante la primavera.
Su actuación también quedó empañada por un informe de Naciones Unidas que señalaba varios casos de explotación y abusos sexuales cometidos por integrantes de la misión.
Su sustituta, la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), fue aprobada por el Consejo de Seguridad en septiembre de 2025 y está dirigida por un grupo de países socios encabezado por Estados Unidos.
Esta nueva fuerza cuenta con un mandato mucho más agresivo.
Puede llevar a cabo operaciones ofensivas independientemente de la Policía Nacional de Haití.
Su objetivo es desplegar 5.500 efectivos, de los cuales aproximadamente 2.000 serían fuerzas terrestres.
Mediante una resolución patrocinada por Estados Unidos y aprobada el mes pasado, el Consejo de Seguridad prorrogó su mandato hasta marzo de 2027.
Actualmente, las fuerzas desplegadas por Bukele superan en número a las de la GSF.
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó inicialmente su participación en tareas de evacuación médica a finales de 2024 y prorrogó su presencia durante otro año a principios de octubre de 2026.
Erik Prince, Blackwater y la privatización de la intervención
Fuera del marco de Naciones Unidas, el Gobierno de transición de Haití contrató a Vectus Global, una empresa dirigida por Erik Prince, aliado de Trump y fundador de la controvertida compañía militar privada Blackwater.
El contrato tiene como objetivo respaldar una fuerza gubernamental de drones que comenzó sus operaciones en marzo de 2025.
Prince afirma que posee un contrato de diez años, cuyo valor económico se niega a revelar.
El Departamento de Estado estadounidense autorizó a su compañía a operar en Haití.
En 2025, Washington designó a Viv Ansanm y Gran Grif como organizaciones terroristas extranjeras, transformando así una crisis criminal y política en una misión de lucha contra el terrorismo.
Anteriormente, las Fuerzas Armadas estadounidenses habían declarado que estaban preparadas para desplegarse si se les solicitaba.
En conjunto, estas medidas corren el riesgo de provocar más derramamiento de sangre del que pretenden evitar.
Las fuerzas de Prince, estrechamente vinculadas a la Administración Trump y consideradas como una extensión indirecta del Gobierno estadounidense, también corren el riesgo de involucrar todavía más a Estados Unidos en el conflicto.
La fuerza de drones de Prince opera al margen de cualquier procedimiento judicial.
Según Human Rights Watch, sus ataques habían causado la muerte de al menos 1.243 personas hasta enero de 2026, entre ellas 17 niños y 43 adultos sin vínculos con las pandillas.
Prince prometió reabrir las principales carreteras del país en el plazo de un año, un objetivo que prácticamente no ha conseguido cumplir.
En declaraciones a CNN, afirmó que, para los miembros de las pandillas, «el mejor lugar para ellos es bajo tierra».
Este comentario refleja su convicción de que se trata de un problema exclusivamente militar que requiere una solución militar, a pesar de los fracasos de las estrategias centradas en el uso de la fuerza aplicadas en Haití durante las últimas décadas.
Bukele y la exportación de su modelo de seguridad
Bukele está atrapado en una lógica similar.
Su misión de evacuación médica terminó transformándose progresivamente en un despliegue en primera línea, y Haití se está convirtiendo en un escaparate para exportar su enfoque militarizado de la aplicación de la ley.
Este enfoque ha conseguido cierto éxito en El Salvador, pero no necesariamente por las razones que Bukele quiere hacer creer.
Según revelaron las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense y distintas investigaciones periodísticas, Bukele llegó a acuerdos secretos con las pandillas para reducir su actividad.
En la práctica, esa sería la parte más pragmática de lo que podría denominarse el «modelo Bukele».
El problema es que muestra poco interés por negociar con las pandillas en Haití, lo que podría resultar un grave error.
El papel del embajador estadounidense Mike Waltz
El embajador Waltz ha contribuido a intensificar la escalada.
Ha advertido a los líderes de las pandillas de que «sus días de actuar con impunidad están contados».
También recordó al Consejo de Seguridad que Haití se encuentra a tan solo unos cientos de kilómetros de Florida.
Además, afirmó que las pandillas trasladan armas hasta África occidental, Europa y Estados Unidos, aunque no presentó pruebas que respaldaran esa afirmación.
En realidad, el flujo de armas se produce principalmente en la dirección contraria.
Ninguno de estos actores aborda realmente el origen del poder de las pandillas.
Una investigación de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense (GAO) concluyó que el 73 % de las armas de fuego rastreadas y recuperadas en 25 países del Caribe procedían de Estados Unidos, principalmente de ventas realizadas en Florida, Texas y Georgia.
Naciones Unidas estima que en Haití circulan entre 270.000 y 500.000 armas de fuego ilegales.
El responsable de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha instado al «principal país de origen» a reforzar los controles.
Por qué la fuerza militar no resolverá el problema
La fuerza, por sí sola, únicamente generará más fuerza.
El máximo representante de Naciones Unidas en Haití advierte que las pandillas se adaptan a medida que las operaciones militares se intensifican.
Sus dirigentes también aprovechan las intervenciones extranjeras para reforzar su discurso.
Jimmy «Barbecue» Chérizier se ha reinventado como una especie de líder revolucionario, publicando vídeos en los que denuncia a las élites haitianas y la injerencia extranjera ante miles de seguidores.
Las pandillas no son organizaciones terroristas imposibles de derrotar.
Son estructuras criminales que se alimentan de la inestabilidad política y la desesperación económica.
Cada civil inocente que muere por el ataque de un dron facilita el reclutamiento de nuevos integrantes.
Además, describir a los residentes de las zonas controladas por pandillas como «escudos humanos» también incrementa el riesgo de víctimas civiles.
Mientras tanto, la clasificación de estos grupos como terroristas compromete políticamente a Washington con una postura agresiva que convierte cualquier negociación en algo políticamente tóxico.
La responsabilidad histórica de las potencias occidentales
La desesperación que vive Haití tiene una larga historia.
Estados Unidos se negó a reconocer a la primera república nacida de una revolución de esclavos hasta 1862 y patrocinó un boicot internacional contra ella.
La indemnización impuesta por Francia en 1825 extrajo de los haitianos una cantidad estimada en 560 millones de dólares, según un análisis de The New York Times. Durante los dos siglos siguientes se realizaron pagos adicionales relacionados con esa deuda.
Washington ocupó Haití entre 1915 y 1934, respaldó a la dinastía Duvalier y toleró la actuación del grupo paramilitar FRAPH, vinculado a la CIA, después del golpe de Estado de 1991 contra Jean-Bertrand Aristide.
Sin embargo, Washington cambió de posición en 1994 tras numerosas investigaciones periodísticas y una considerable presión pública relacionada con los abusos cometidos por FRAPH.
Un antiguo embajador francés declaró a The New York Times que París y Washington habían orquestado, en la práctica, «un golpe de Estado» contra Aristide en 2004.
La misión de Naciones Unidas que llegó posteriormente consiguió avances limitados en materia de seguridad, pero generó nuevos problemas.
Entre ellos estuvo la introducción del cólera, que causó la muerte de aproximadamente 10.000 haitianos.
Algunos integrantes de las fuerzas de paz también organizaron una red de explotación sexual en la que participaron al menos 134 soldados.
Posteriormente, un panel de Naciones Unidas concluyó que el expresidente Michel Martelly, aliado histórico de Estados Unidos, utilizó a las pandillas para impulsar su agenda política.
La alternativa: negociación, control de armas y legitimidad democrática
Las misiones que priorizan la seguridad sin legitimidad política ni negociación siguen fracasando.
El papel más útil que Washington puede desempeñar ahora es dejar de suministrar las armas, el dinero y las condiciones que alimentan la miseria.
Eso significa aplicar efectivamente el embargo de armas en los puertos estadounidenses y sancionar a quienes financian a las pandillas.
Viv Ansanm ha manifestado su disposición a negociar a cambio de una amnistía, una posibilidad que merece ser explorada.
Los menores, empujados por los recortes de ayuda y la pobreza, representan aproximadamente la mitad de los integrantes de las pandillas.
Esto refuerza la necesidad de establecer programas de reintegración.
Existen lecciones que pueden extraerse de Colombia, México e incluso de las breves treguas entre pandillas que se produjeron en El Salvador.
Cualquier esfuerzo en materia de seguridad debería estar dirigido por los propios haitianos, sujeto a mecanismos de rendición de cuentas y evaluado mediante instrumentos como las leyes Leahy, que restringen la asistencia estadounidense a fuerzas de seguridad extranjeras implicadas en graves violaciones de los derechos humanos.
Los haitianos siguen esperando que estas misiones funcionen, pero ninguna ha abordado los problemas fundamentales.
Por encima de todo, Haití necesita un Gobierno legítimo al que puedan devolverse los territorios recuperados y poner fin al sufrimiento provocado por la miseria socioeconómica.
Las elecciones, aplazadas una y otra vez, deben celebrarse finalmente.
El contrato de Prince debería finalizar, y las tropas extranjeras deberían reducirse progresivamente en lugar de incrementar su presencia.
La ayuda alimentaria y médica de emergencia debe llegar a la población sin generar dependencia.
Durante siglos, las potencias occidentales y las élites oportunistas han obstaculizado la paz y la democracia en Haití, para después culpar a los propios haitianos de las consecuencias.
Ha llegado el momento de romper ese ciclo.
Haití debe ser para los haitianos y estar gobernado por los haitianos.
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