Unas 80 familias de El Totumo, amenazadas por los hermanos Gómez y su falso hato “Las Palmeras”, y 20 de El Graciero, asediadas por Homero González Sosa, denuncian que, en reuniones separadas en la SODI 32, sin abogados y sin mostrar una supuesta la orden del TSJ, el general Caciopo (jefe de Seguridadd de la Gobernación de Barinas) les amenazó con desplegar 40 soldados armados el miércoles si no abandonan las tierras.
Redacción: La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 24 OCT 2026
Alrededor de un centenar de familias campesinas, distribuidas en dos comunidades del municipio Pedraza, estado Barinas, se encuentran bajo la amenaza inminente de un desalojo violento y arbitrario. La arremetida es encabezada por el secretario ejecutivo de Seguridad Ciudadana de la Gobernación del estado Barinas, general Giuseppe Caciopo, bajo el pretexto de favorecer intereses particulares sobre tierras que, legalmente, pertenecen a la Nación y no a particulares.
El conflicto afecta directamente a dos asentamientos consolidados que llevan años produciendo alimentos y vida comunitaria en la parroquia José Antonio Páez. Cada comunidad fue citada y amenazada por separado, en reuniones diferentes realizadas este mismo viernes 23 de octubre de 2026 en la sede de la SODI 32, en Barinas.
1. El Totumo: los hermanos Gómez, Agropecuaria GomCA y el falso hato “Las Palmeras”
En la comunidad El Totumo, unas 80 familias se encuentran amenazadas. Según los voceros, los hermanos Gómez, propietarios de Agropecuaria GomCA, pretenden apoderarse de unas 3.000 hectáreas. Para ello, han intentado legitimar la usurpación mediante la invención de un falso hato denominado “Las Palmeras”, figura que no existe en los registros agrarios oficiales.
El trasfondo real de esta arremetida dista mucho de la actividad agroproductiva: el verdadero motor de los presuntos dueños sería la tala y comercialización de valiosa madera original, correspondiente a árboles centenarios que jamás sembraron. Históricamente, esta comunidad ha enfrentado fuertes contextos de hostigamiento y violencia, incluidos disparos contra la Escuela Rural Ezequiel Zamora en marzo de 2024 y la desaparición y asesinato de dos jóvenes campesinos en 2020.
2. Sector El Graciero (Canaguá): adjudicación exprés y herencia cuestionable
Por otra parte, en el sector El Graciero, otras 20 familias enfrentan el asedio del terrateniente Homero González Sosa.
En este sector, el conflicto gira en torno a un predio que fue adjudicado irregularmente en junio de 2020 a la señora Ana Sosa, madre de Homero González. La beneficiaria falleció apenas tres meses después de la adjudicación, tras padecer un avanzado cáncer estomacal de varios años. Ante este escenario, resulta materialmente imposible que la titular adjudicada haya estado trabajando o habitando el predio. Hoy en día, su hijo reclama derechos de heredero sobre unas tierras que son de propiedad de la Nación y que los campesinos han cultivado pacíficamente. Al igual que en El Totumo, el interés primordial detrás del desalojo en Canaguá apunta al codiciado negocio de la madera y la explotación forestal de la zona.
No permitieron participación de abogados de campesinos
En ambas reuniones, a los abogados de los campesinos se les prohibió la entrada al recinto, permitiendo únicamente el acceso de los productores. Estuvieron presentes autoridades regionales como el general Giuseppe Caciopo; Dulian Virigay Tapía, director estadal del despacho ministerial de Agricultura Productiva y Tierras; Mari Reyes, coordinadora del INTI; la fiscalía y la defensoría del pueblo.
Lejos de atender las denuncias sobre el rescate de tierras ociosas que estas familias producen desde hace años, la respuesta institucional estuvo marcada por el despojo jurídico. Las autoridades les negaron el derecho sobre la tierra, tildándolos de “ocupantes ilegales” para favorecer a las corporaciones privadas.
El clímax de las reuniones consistió en una abierta coacción: el general Caciopo profirió amenazas directas advirtiendo que, de no acatar una supuesta orden de desalojo del Tribunal Supremo de Justicia —de la cual nunca mostraron evidencia ni documento físico alguno—, el próximo miércoles se desplegará en el campo un convoy con 40 soldados armados para ejecutar el desalojo por la fuerza y despojar a los campesinos de sus hogares y cultivos.
Las comunidades exigen una investigación profunda y transparente ante lo que consideran un uso indebido de los organismos de seguridad del Estado para avalar intereses privados y madereros, pasando por alto el bienestar de las familias y la seguridad alimentaria de la región.