
Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 14 OCT 2026
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos formalizó este miércoles la remoción del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, de la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC. La decisión, anunciada tras el reconocimiento explícito de sectores favorecidos por las recientes medidas legales, cierra un ciclo de desincorporaciones iniciado el 1 de abril con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. La secuencia revela una lógica precisa: en la nueva Venezuela, la legitimidad internacional se construye en Gaceta, se vota por unanimidad en cada jornada parlamentaria y se cobra en desbloqueo.
Si alguien se merecía el levantamiento de las sanciones, ese es precisamente Rodríguez. Lo logró en tiempo récord, atendiendo con integridad y meticulosidad los requerimientos que, en todos los casos, formularon sus nuevos aliados estratégicos. Su gestión al frente del Parlamento se distinguió por cinco hitos concretos: la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, aprobada con la velocidad que exige el mercado; la nueva Ley Orgánica de Minas, calibrada para los inversionistas apadrinados por Washington; el pronunciamiento unánime a favor del acuerdo petrolero de agosto; sus entrevistas públicas entre febrero y abril respaldando la reorientación política del país; y su papel como facilitador en el diálogo para cerrar acuerdos con el ala opositora dispuesta a sumarse al nuevo esquema.
Todo ello, bajo una disciplina que merece estudio de caso: más de 200 diputados sin una sola expresión de desacuerdo, ningún voto en contra durante este período de sesiones, y la plena disposición de levantar la mano en la dirección exacta en que se les ordenó. Una eficiencia que contrapartes específicas no han dudado en reconocer. El secretario del Interior de EE. UU., Doug Burgum, destacó durante su visita de marzo la respuesta de las autoridades venezolanas y la transformación de la dinámica bilateral. Asimismo, representantes del gremio empresarial petrolero e inversionistas internacionales del sector energético han elogiado públicamente la certeza jurídica que esta gestión parlamentaria ha garantizado para sus operaciones. La disciplina, en este contexto, no es un detalle: es el producto.
La cronología de 2026 desnuda la mecánica de esta transacción. El 1 de abril salió Delcy Rodríguez, ya reconocida como mandataria. El 14 de abril, el exprocurador Reinaldo Muñoz, sin evento público que explicara la medida. El 5 de octubre, tres figuras fallecidas —Tibisay Lucena, Darío Vivas y Jorge Luis García Carneiro— en lo que oficialmente fue una depuración administrativa, pero que en la práctica opera como llave maestra para que sus herederos accedan a bienes congelados en Estados Unidos. Y hoy, 14 de octubre, la corona a la gestión parlamentaria.
En la Venezuela de 2026, la legitimidad internacional ya no se construye con discursos: se aprueba en Gaceta, se vota por unanimidad y se valida ante la OFAC. Rodríguez, hoy des-sancionado, consolida su salida de la lista SDN. Un precedente que marca la ruta.
