A principios de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró procedente la extradición desde Italia del empresario Francisco Javier D’Agostino Casado, quien había sido detenido a inicios de enero en la localidad alpina de Bardonecchia. D’Agostino, descrito por la prensa europea por sus vínculos con la aristocracia y la política venezolana, fue requerido por la justicia al ser señalado como líder de una red de delincuencia organizada dedicada a defraudar a Petróleos de Venezuela (PDVSA). El máximo tribunal sustentó su decisión de extradición en dos expedientes que evidenciaron el uso de empresas de maletín para comercializar crudo venezolano sin que los dividendos ingresaran al Tesoro Nacional.
La primera trama de corrupción vinculó a D’Agostino con una estructura criminal dirigida por Cristina Antonorsi Quintero, responsable de vender de forma fraudulenta un millón de barriles de petróleo a China, según dio a conocer en un video el periodista Eligio Rojas. Mediante la utilización de compañías fachada —correctamente identificadas en los expedientes como Serbia OMSK Trading y Element Capital Advisor Limited—, este grupo logró evadir los controles estatales y desviar más de 33,2 millones de euros. La investigación detalló que los involucrados obtenían asignaciones directas de crudo y adulteraban contratos internacionales con el fin de ocultar y legitimar capitales en Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos.
El segundo expediente destapó una operación en la que D’Agostino operaba como líder junto a otras figuras clave, destacando la participación de Ditpsy Zulayna Molina Tamayo y su hermano, el contralmirante retirado Carlos Rafael Molina Tamayo, conocido por su participación en el golpe de Estado de 2002. A través de la empresa Five Oceans Trading Ltda., los hermanos Molina Tamayo presuntamente fungieron como representantes para comercializar tres millones de barriles de mezcla bituminosa extraídos de la Refinería de José. Según el tribunal, utilizaron buques con identidades falsas y banderas fuera de circulación para apropiarse del crudo en detrimento del Estado, comercializándolo en provecho propio.
Finalmente, la justicia venezolana acusó formalmente a Francisco D’Agostino de tráfico y comercio ilícito de recursos o materiales estratégicos, legitimación de capitales, asociación para delinquir, contrabando agravado y estafa agravada. Para lograr el visto bueno a la extradición hace unos meses, las autoridades judiciales venezolanas consignaron más de un centenar de documentos probatorios a la República Italiana, amparándose en el tratado de extradición bilateral de 1930 y en la Convención de Palermo, con el fin de garantizar que los presuntos responsables enfrenten un juicio en territorio venezolano.