La empresa contratada para culminar Tocoma y Macagua en Venezuela fue privatizada por un grupo con un historial offshore documentado
Jorge Salcedo Hernández, designado al frente de la metalúrgica argentina que reactivará las centrales hidroeléctricas venezolanas, inscribió una sociedad en Barbados en 2014 junto a socios históricos del señalado testaferro del exministro de Petróleo. Su perfil público como especialista en sanciones no tiene respaldo documental.
Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 14 SEP 2026
Un abogado venezolano que dirige la compañía argentina IMPSA —contratada para culminar el complejo hidroeléctrico Tocoma y reactivar Macagua en Venezuela— formaba parte de la estructura de legitimación de capitales del empresario Samark López Bello (señalado por graves actos de corrupción y por ser el principal testaferro del exministro de Petróleo, Tareck El Aissami) e inscribió una entidad offshore en Barbados (un «paraíso fiscal» con velo corporativo) según los documentos y datos de registro expuestos al público a través de la filtración conocida como «Paradise Papers».
Jorge Salcedo Hernández, quien desde 2025 preside IMPSA luego de su venta al consorcio estadounidense Industrial Acquisitions Fund (IAF), estuvo a cargo de la creación e inscripción de la compañía, denominada October Ventures Ltd., registrada el 17 de octubre de 2014. Posteriormente fueron incorporados como directores dos socios y reconocidos allegados a Samark López, cuya participación en otras tramas delictivas está verificada: Marcos Rafael Cabello Bello y Armando José Salazar Gibory. El primero, socio histórico de López Bello en la venezolana Profit Corporation, una de las 13 empresas bloqueadas por la OFAC en 2017. El segundo, vinculado a las importaciones de alimentos CLAP.
La sociedad fue intermediada por Trident Corporate Services (Barbados) Limited, un proveedor de estructuras offshore con domicilio en The Phoenix Centre, Belleville. Salcedo se mantuvo en la dirección hasta agosto de 2016, justo cuando la presión internacional comenzaba a cerrarse sobre la red de López Bello, un año antes de que la OFAC lo sancionara.
La evidencia sitúa a Salcedo como operador financiero de la red desde sus inicios, antes de asumir su actual perfil público como especialista en sanciones. En 2017, cuando la OFAC designó a López Bello bajo la Ley Kingpin, Salcedo apareció como su defensor legal en Miami, amparado en licencias generales para asesorar a sancionados. Posteriormente se incorporó como Counsel al bufete Ferrari & Associates en Washington D.C., y su propia firma registró actividad de cabildeo por $230,000 ante el Senado y el Departamento del Tesoro en representación de Prodata Energy, la empresa de Bernardo Arosio —aliado de El Aissami— que buscaba exportar gas a Colombia en 2022.
En febrero de 2025, el consorcio IAF lo designó presidente del directorio de IMPSA. Desde ese cargo, ha gestionado ante la OFAC las licencias que permitieron a la empresa reactivar contratos con Venezuela para las centrales hidroeléctricas de Tocoma y Macagua, y ha sido el articulador clave en la renegociación con el «gobierno encargado» presidido por Delcy Rodríguez desde el 3 de enero.
En cada extremo un venezolano directivo de IMPSA: Salcedo y Socorro
Sin embargo, su supuesta especialización en sanciones genera dudas. No conocemos la fecha exacta de su incorporación al bufete Ferrari & Associates, aunque la evidencia sugiere que pudo haber sido tan tarde como 2024. Hasta hace muy poco, su despacho particular, Salcedo Attorneys at Law, mantenía una dirección en un centro de trabajo colectivo (coworking) en Washington D.C. y una línea telefónica que solo podía ser atendida en Miami, sin sede corporativa propia. Asimismo, no hay registro público que confirme su formación como abogado. De haber cursado estudios, habría sido a través de un «programa acelerado» para abogados extranjeros en la Universidad Nova Southeastern de Florida, que reduce a 24 meses un programa de varios años, y probablemente a partir de 2015, no antes.
El consorcio que hoy controla IMPSA tiene, además, a Hidalgo Socorro como líder del fondo IAF, un grupo inversionista que también está ligado abiertamente y comprobadamente a hechos de corrupción en PDVSA desde la primera década del siglo XXI, durante la gestión de Rafael Ramírez como ministro de Petróleo y presidente de la estatal venezolana.
Nota de la redacción: Este trabajo periodístico se concentra en el perfil de Jorge Salcedo y su rol en la estructura offshore de Samark López Bello. No abordaremos en profundidad otros aspectos irregulares y opacos del grupo comprador de IMPSA ni del proceso de privatización. Sin embargo, advertimos que disponemos de un cúmulo de hallazgos sobre anomalías, opacidad e inconsistencias en la operación que serán expuestos en próximas entregas.