Freddy Bálsera, quien además es «alto pana» de Marco Rubio, ejerce el control estratégico de la compañía con dos puestos en una junta directiva de cuatro. Su socio en Argentina, José Manuel Domínguez, es el vicepresidente de la empresa energética y metalmecánica. La mayoría accionaria la tiene un opaco fondo de inversión industrial dirigido por venezolanos involucrados en fraudes a PDVSA.
Redacción: La Tabla / Plataforma de Periodismo de Datos 12 SEP 2026
La reciente firma del contrato entre el gobierno venezolano e IMPSA para rehabilitar las centrales hidroeléctricas de Macagua y Tocoma —con la promesa de inyectar 672 megavatios al sistema eléctrico nacional— puso los reflectores sobre la nueva directiva de la empresa argentina. Detrás de la operación técnica hay una compleja red de intereses geopolíticos y financieros.
Freddy Bálsera no es un empresario energético tradicional. Antes de 2015, representó a la Trump Organization en varios negocios inmobiliarios en Florida, incluyendo proyectos de golf y el resort Doral. En sus redes sociales se refería a Trump como «nuestro cliente y amigo». Esa relación comercial derivó en un rol geopolítico clave: en enero de 2017, en una reunión en la Torre Trump, Bálsera sugirió al presidente electo reunirse con Lilian Tintori. Semanas después, el 15 de febrero, Tintori fue recibida en la Casa Blanca junto a Mike Pence y Marco Rubio. Ese mismo día, Trump exigió la liberación inmediata de Leopoldo López a través de Twitter.
Hoy, Bálsera y su socio Juan Manuel Domínguez integran el núcleo del directorio de IMPSA. Aunque el fondo IAF controla el 84,9% del capital, ambos ejercen el control estratégico de la compañía. Bálsera aporta la red política en Washington y su experiencia en sanciones de la OFAC; Domínguez gestiona la operación en Argentina y la representación del Inter Miami. Juntos representan al sector que garantiza la viabilidad financiera y la obtención de contratos.
El directorio original incluyó a Hidalgo Socorro, un excontratista de PDVSA vinculado a un escándalo financiero en Guatemala. Socorro fue representante legal de DHK Finance Inc., empresa panameña cuya adquisición de acciones del Banco de los Trabajadores (Bantrab) fue investigada por presunto lavado de dinero, lo que derivó en la extinción de dominio de esos activos. También alquiló a PDVSA el semisumergible Aban Pearl, cuya contratación generó un sobreprecio millonario. Su posterior salida del directorio consolidó el poder de Bálsera y Domínguez.
La configuración de IMPSA revela una simbiosis donde los intereses corporativos de Estados Unidos y del capital global se sobreponen a las decisiones geopolíticas. Estos operadores actúan como facilitadores empresariales y, al mismo tiempo, como gestores de estructuras de poder que bordean la legalidad, demostrando que el control real de una empresa estratégica no siempre está en las acciones, sino en la capacidad de destrabar los nudos políticos y regulatorios.
Esta publicación será ampliada en las próximas horas con los elementos adicionales que se han venido desarrollando en las negociaciones con compañías estadounidenses favorecidas por su relación con el gobierno actual.