Por: Equipo de investigación de Reporte Total.-
Hay ladrones de cuello blanco y ladrones de boina roja. Carlos Luis Aguilera Borjas logró la alquimia perfecta: fusionar ambos universos hasta volverse irreconocible. El hombre al que Hugo Chávez bautizó alguna vez como “El Invisible” durante el gris y oscuro paso de Aguilera por la jefatura de la extinta DISIP a comienzos del siglo XXI, se tomó el apodo demasiado en serio. Su mayor escudo protector no han sido solo las intrincadas redes de sociedades offshore en paraísos fiscales, sino la transformación de su propia identidad.
Carlos Aguilera Borjas (Ilustración)
Aguilera es hoy un mutante de la revolución; el “hombre de las mil caras”. Aquel individuo de fenotipo castrense que le cuidaba las espaldas a Chávez en la campaña del 98 es hoy un fantasma. En su lugar, hay un acaudalado señor de rostro envejecido y fisonomía radicalmente distinta que se pasea inadvertido por las capitales de Europa. Se ha convertido en un consumado golfista que empuña los palos y se codea con la aristocracia en los campos de España -donde conserva propiedades de lujo- y en el exclusivísimo resort Casa de Campo, en República Dominicana. Si los controles migratorios o los ciudadanos de a pie buscan su rostro basándose en las fotos de archivo que aún reciclan los medios, jamás lo encontrarán. Aguilera entendió temprano que para disfrutar del dinero de un país quebrado, primero había que cambiar de piel.
Y vaya que disfruta de su nueva piel a plena luz del día. Para medir el nivel de obscena impunidad de esta casta, basta con observar una postal reciente, del año 2025. El escenario no podía ser más cínico: la mismísima Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Caracas. El evento: la pomposa “Copa de Pádel 88 Aniversario” de la institución militar. Allí, entre las rejas de cristal y el sudor VIP, la cámara inmortalizó una escena digna de una tragicomedia bananera. Aguilera Borjas apareció radiante, levantando un trofeo de subcampeón deportivo hombro a hombro con el sempiterno diputado chavista Pedro Carreño.
El diputado oficialista Pedro Carreño y Carlos Aguilera Borjas, vestidos de suéter blanco y azul, respectivamente, sostienen trofeo de subcampeón en Copa de Pádel 88 Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en julio de 2025.
La ironía de esa imagen es tan densa que asfixia. Dos antiguos escoltas de Chávez celebrando triunfos en una cancha de pádel de la élite militar. Por un lado, Carreño, el inquisidor de verbo encendido que lleva lustros farfullando encendidos discursos anticorrupción en la Asamblea Nacional mientras viste de diseñador; por el otro, el exjefe de inteligencia cuyas cuentas bancarias secretas no resistirían ni una auditoría de preescolar. Es la cofradía de la impunidad abrazándose frente a la red.
El diputado oficialista Pedro Carreño y Carlos Aguilera Borjas, vestidos de suéter blanco y azul, respectivamente, sostienen trofeo de subcampeón en Copa de Pádel 88 Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en julio de 2025.
El diputado oficialista Pedro Carreño y Carlos Aguilera Borjas, vestidos de suéter blanco y azul, respectivamente, sostienen trofeo de subcampeón en Copa de Pádel 88 Aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana, en julio de 2025.
Ese trofeo levantado en Caracas no es solo un triunfo deportivo aficionado; es un mensaje. Atrás quedaron los años en los que los grandes boliburgueses temían pisar territorio venezolano por miedo a purgas internas. Hoy, sintiéndose absolutamente intocables, Aguilera y su actual pareja, Violet Masri, han reactivado su presencia en el país en los últimos meses, dedicados sin pudor a la compra de nuevas propiedades en Venezuela. Al fin y al cabo, ¿por qué esconderse si el cuartel te recibe con alfombra roja, raquetas de pádel de importación y el aplauso cómplice de quienes dicen defender la patria?
Carlos Aguilera y su actual esposa, Violet Masri (Ilustración)
Alta costura, reinas de belleza y la tubería de CADIVI
Detrás de cada gran saqueador suele haber una estructura familiar dispuesta a poner la firma. En el caso de Carlos Luis Aguilera Borjas, esa estructura tiene nombre y apellido: Violet Esperanza Masri Palma. Reducir a Violet al papel de simple pareja o “esposa florero” sería un error periodístico imperdonable; ella y su clan operaron como los verdaderos gerentes financieros en las sombras.
Violet Masri, actual pareja de Carlos Aguilera Borjas (Ilustración)
Los Masri, una familia de comerciantes de ascendencia siria radicada en Los Teques, estado Miranda, no desaprovecharon su cercanía con el poder. Fueron ellos quienes aportaron la “tubería” comercial por donde se escurriría el primer gran botín. Entre los años 2004 y 2011, mientras el venezolano común mendigaba cupos de dólares para viajar o comprar medicinas, una empresa de la familia llamada Egyptian Corp Ca succionó más de 4.8 millones de dólares a tasa preferencial de la extinta CADIVI.
Con las bóvedas llenas, la familia ensamblada de “El Invisible” se dedicó a cultivar el más exquisito narcisismo social. El dinero que debió convertirse en insumos para el país, terminó financiando asientos VIP en las pasarelas. Violet Masri se mimetizó con la high society caraqueña, convirtiéndose en una invitada de honor en los exclusivos desfiles del reconocido diseñador Giovanni Scutaro.
Violet Masri y su amigo el diseñador de moda Luis Jiménez (Ilustración)
Pero la relación va más allá del simple aplauso. Tanto Violet como su hijastra comparten una íntima amistad con Luis Jiménez, quien ha sido la mano derecha de Scutaro durante casi tres décadas. El vínculo es tan estrecho que la red de los Aguilera-Masri ha estado presente celebrando los hitos Scutaro y de Jiménez, quien lanzó marca en solitario en 2024, con tienda propia en el elitista Tolón Fashion Mall de Caracas.
Los diseñadores de moda Luis Jiménez y Giovanni Scutaro (Ilustración)
Karla Aguilera y el diseñador de moda Luis Jiménez (Ilustración)
Karla Aguilera y su madrastra Violet Masri (Ilustración)
La perfecta armonía familiar del saqueo brilla en la figura de Karla Aguilera, la hija del primer matrimonio del exjefe de inteligencia, quien mantiene una relación envidiable con su madrastra Violet. Lejos del tufo cuartelario de su padre, Karla creció entre reflectores y pasarelas: en 2009 fue coronada Miss Petite Belleza Venezuela, incursionó en el modelaje y se integró a la organización del Miss Miranda. Como licenciada en Comunicación Social de la Universidad Santa María, Karla cruzó el charco hacia España, donde su afán como fanática empedernida del Real Madrid se tradujo en una cómoda vida ligada al periodismo deportivo europeo.
Karla Aguilera en su época de modelo (Ilustración)
Es el retrato perfecto de la mutación boliburguesa: un país en ruinas financiando indirectamente un estilo de vida que orbita entre las lentejuelas de los certámenes de belleza, los trajes a la medida en Caracas y los palcos del Santiago Bernabéu. Todo, claro está, pagado con la tarjeta corporativa de la revolución.
Ladrón que roba a ladrón: El soborno del Metro, el botín del IVSS y el hacker de Hong Kong
Carlos Aguilera (Ilustración)
Antes de clavar sus colmillos en el sistema de salud, Carlos Luis Aguilera Borjas ya había hecho un máster internacional en corrupción bajo tierra. Su graduación como gran operador financiero no comenzó en los hospitales, sino en los oscuros túneles del Metro de Caracas.
Fueron las autoridades antiblanqueo de España —a través del Sepblac— las que expusieron cómo un consorcio español le pagó la obscena cifra de 90 millones de dólares en “comisiones” a cambio de mover sus influencias políticas. ¿El objetivo? Adjudicarles a dedo, sin el más mínimo pudor ni licitación pública, los megacontratos para la expansión y rehabilitación del subterráneo capitalino. Para canalizar esta montaña de sobornos, Aguilera tejió alianzas y utilizó firmas de maletín como Semeca y Dirca, que sirvieron de bisagra entre los contratistas europeos y la C.A. Metro de Caracas. Ese diluvio de capital sucio terminó circulando y lavándose a través del sistema financiero internacional, dejando su mayor rastro en la banca privada hispanoandorrana, con especial protagonismo del extinto Banco Madrid.
Con ese posgrado en blanqueo de capitales europeo bajo el brazo, Aguilera fijó su mirada en un botín aún más vulnerable: el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Para perpetrar un saqueo de esta escala se necesita a alguien con la llave de la bóveda, y ese hombre fue su compañero de armas, el General Carlos Rotondaro, amo y señor del IVSS durante una década.
Mientras los pacientes renales morían por falta de tratamientos y los hospitales colapsaban, la dupla de exmilitares montó un cártel sanitario. Utilizando a la empresa Netmedical C.A. (donde Aguilera figuraba con el 25% de las acciones y como Vicepresidente) y a su gemela Continental Medical (operada por testaferros de Rotondaro), simularon supuestas emergencias para adjudicarse contratos a dedo.
Antiguo sitio web de Netmedical
La operación era, una vez más, un “negocio de familia”. Mientras la pareja de Aguilera armaba empresas en Florida, el hijo biológico de su primer matrimonio, José Manuel Aguilera Rioboo, fungía como Gerente Técnico de Netmedical. Es decir, el hijo enchufaba las máquinas de diálisis en los destartalados hospitales de Caracas, mientras su padre desviaba la sangre financiera del sistema de salud hacia cuentas en el extranjero.
La tubería del lavado era una obra de ingeniería global. Los dólares robados viajaban desde el IVSS hacia cuentas en el banco HSBC en Hong Kong, a nombre de empresas fachada como Salam Corporation y Emirate Distributors. Los registros son letales: solo en julio de 2012, recibieron un depósito de 22,4 millones de dólares del Seguro Social venezolano. Apenas nueve días después, 22 millones exactos salieron disparados hacia Suiza, a las bóvedas de la Compagnie Bancaire Helvetique (CBH). Allí los esperaba con los brazos abiertos Charles-Henry de Beaumont, el infame banquero suizo que se hizo multimillonario lavando el dinero de los bolichicos y la élite chavista.
Charles-Henry de Beaumont ((Ilustración)
Pero en el bajo mundo, la codicia suele atraer a otros depredadores. La maquinaria perfecta de Aguilera sufrió un cortocircuito humillante en agosto de 2013, cortesía de la justicia poética: ladrón que roba a ladrón. Un hacker anónimo logró vulnerar el rudimentario correo electrónico que usaba Harvey Rogers, el abogado estadounidense que operaba la red desde Miami. Suplantando su identidad, el delincuente cibernético ordenó a los administradores en Hong Kong que transfirieran casi 2 millones de dólares a cuentas en Taiwán y Tailandia.
Arrogantes y enfurecidos por haber sido estafados, los operadores de Aguilera acudieron a la justicia. Demandaron a la administradora asiática por negligencia, desatando un juicio civil en la Alta Corte de Hong Kong que culminó con una demoledora sentencia en 2020.
Avión Cesna 750, siglas N156VP, “rentado” y supuestamente propiedad en las sombras de Netmedical -la compañía copropiedad de Carlos Aguilera- entre 2011 y 2014. La aeronave realizaba vuelos entre Venezuela y Estados Unidos, Venezuela y Europa, Venezuela y la República Dominicana, Colombia y Estados Unidos.
Allí quedaron expuestas las tripas de la red: los nombres de los testaferros, el tránsito de los millones hacia Suiza y las ridículas justificaciones de su estilo de vida. Ante la jueza asiática, el abogado Rogers intentó justificar el pago mensual de un jet privado (un Cessna 750) alegando que alquilaban aviones para transportar “guantes de goma” y equipos médicos que eran “muy, muy delicados”. Todo el entramado internacional del exjefe de la inteligencia chavista quedó al descubierto y certificado por un tribunal extranjero, simplemente porque no soportaron que un hacker de internet les diera a probar una cucharada de su propia medicina.
“Río Arriba”: El código postal de los escoltas de Chávez en Dominicana
Todo ese dinero sucio que transitaba por el sistema financiero asiático y las bóvedas suizas necesitaba un lugar donde secarse bajo el sol. Y en el manual del perfecto boliburgués, ningún paraíso terrenal supera al exclusivísimo resort Casa de Campo, en La Romana, República Dominicana. Pero Carlos Luis Aguilera Borjas no se conformó con comprar una simple casa de playa; fundó su propia república independiente de la impunidad.
Para 2015, mientras la fachada de Netmedical en Venezuela apagaba sus redes sociales y borraba su página web en una clara maniobra de soterramiento, Aguilera materializaba el botín en el Caribe. Para ello, constituyó en Panamá la sociedad anónima Río Arriba 6 S.A. El nombre no era un alarde de creatividad corporativa, sino la dirección física exacta de su trofeo: una megamansión valorada en 15 millones de dólares, equipada con cine privado, cava de vinos y vistas de infarto al campo de golf.
Carlos Aguilera, con su palo de gol y su habano (Ilustración)
Lo verdaderamente escandaloso de esta empresa panameña es la arrogancia de su junta directiva. En el documento constitutivo no usaron prestanombres de bajo perfil. Allí firmaron el propio Aguilera como presidente; su pareja, Violet Masri, como tesorera; y, para coronar la desvergüenza, el mismísimo banquero suizo Charles-Henry de Beaumont firmó como secretario. El alto ejecutivo del banco CBH de Ginebra, encargado de lavar los millones del saqueo, degradado a simple conserje inmobiliario firmando actas caribeñas para complacer a su cliente. Una prueba documental demoledora de que el banquero era juez, parte y cómplice activo.
Pero la mansión “Río Arriba 6” esconde un secreto aún más oscuro: su código postal. Esa calle dominicana se había convertido, en la práctica, en el bulevar exclusivo del sindicato de escoltas de Hugo Chávez.
Río Arriba 6 (Ilustración)
A escasos pasos de la fortaleza de Aguilera, en la monumental villa Río Arriba 17, operaba el empresario Carlos Gill Ramírez. Según las explosivas revelaciones que haría el periodista Jaime Bayly en la televisión de Miami en 2019, Gill era el depositario de una fortuna incalculable. ¿De dónde provenían parcialmente sus fondos? Nada menos que de Adrián Velásquez, otro célebre exescolta de Chávez (hoy procesado internacionalmente junto a su esposa, la extesorera Claudia Díaz), quien antes de huir a España le habría transferido a Gill la friolera de 30 millones de dólares.
Dos antiguos guardaespaldas del difunto presidente. Dos fortunas colosales extraídas de las arcas venezolanas. Las mismas calles de Casa de Campo. Y, por si fuera poco, el mismo operador financiero: el inefable Charles-Henry de Beaumont. Era un ecosistema criminal cerrado y perfecto.
Sin embargo, para mantener ese paraíso blindado de las miradas de los auditores y de la policía, había que pagar un peaje. Los boliburgueses no eligieron República Dominicana por sus cocoteros, sino por la laxitud y el apetito de su clase política. Para que la Dirección de Impuestos y los bancos locales miraran hacia otro lado mientras se inyectaban millones de dólares en hospitales privados (como el faraónico proyecto CEMAV en Santo Domingo) y villas de lujo, la red supuestamente compró protección al más alto nivel.
El propio Bayly lo desnudó sin anestesia: Aguilera le habría “donado” 400.000 dólares a la fundación y campaña presidencial del expresidente dominicano Leonel Fernández, utilizando dinero robado a los venezolanos. Su vecino, Carlos Gill, no se quedó atrás y habría aportado otros 100.000 dólares a la misma maquinaria política, usando precisamente al banquero De Beaumont como intermediario, según denunció Bayly en 2019, basándose en un informe de inteligencia.
Habían comprado el clima, la casa, al banquero y a los políticos. Vivían en una burbuja de cristal donde las miserias de los hospitales venezolanos que ellos mismos habían desangrado eran solo un eco lejano que no arruinaba sus tardes de golf. Eran los reyes del Caribe… hasta que un pequeño aparato volador de cuatro hélices se asomó por encima de sus tejados para arruinarles la fiesta.
El dron de la discordia y el pánico hacia Delaware
Para un hombre que forjó su carrera en las sombras del espionaje y la inteligencia estatal, no hay nada más humillante que ser cazado desde el cielo por un simple aparato civil. El pacto de invisibilidad de Carlos Luis Aguilera Borjas se hizo añicos en el verano de 2019, cuando un dron sobrevoló los cocoteros de Casa de Campo y grabó cada rincón de su fortaleza caribeña.
Las imágenes aterrizaron directamente en el programa de televisión del periodista Jaime Bayly en Miami. En horario estelar, el continente entero vio la fachada de la mansión, el nuevo rostro estilizado del “mutante de la revolución”, y escuchó los datos letales: el nombre “Río Arriba 6”, el valor de 15 millones de dólares y el descarado pago de 400.000 dólares a la maquinaria política dominicana.
Pulse para abrir video con declaraciones de Jaime Bayly en 2019 sobre Carlos Aguilera y el supuesto financiamiento a Leonel Fernández
La reacción de la red no fue la de un cártel calculador, sino la de una familia asustada que acababa de ser encendida por un reflector. Indignados porque su burbuja de cristal había sido vulnerada, Aguilera y Violet Masri cometieron un acto de suprema arrogancia boliburguesa: demandaron al resort. El 2 de agosto de 2019, introdujeron un recurso de amparo constitucional en los tribunales de La Romana exigiendo que la administración de Casa de Campo impidiera el vuelo de drones y el acceso de “extraños” para proteger su “honor e intimidad”. La respuesta judicial -que escalaría hasta el Tribunal Constitucional- fue un portazo histórico. Los jueces les recordaron, con elegancia jurídica, que un condominio no tiene jurisdicción sobre el espacio aéreo dominicano.
Pero la rabieta judicial en el Caribe era solo la punta del iceberg. El verdadero terror de la red se estaba desatando a más de 1.500 kilómetros de distancia, en la Florida. Sabiendo que el escándalo televisivo de Bayly podía alertar a las autoridades federales estadounidenses y congelarles sus bienes, iniciaron una frenética operación de soterramiento financiero.
Exactamente 24 horas antes de demandar al resort en Dominicana, el 1 de agosto de 2019, Violet Masri ejecutó una burda “auto-venta” en Miami. El objetivo: desaparecer un lujoso apartamento -que todavía poseen- en el condominio Icon Brickell (comprado con el dinero del clan en 2014) de los registros públicos de Florida, donde sus nombres estaban expuestos.
Transfirieron la propiedad a una nueva caja fuerte corporativa registrada en Delaware, el paraíso fiscal interno de Estados Unidos donde los nombres de los dueños son secretos por ley, pero sus propios vecinos delataron la jugada.
El clan tampoco ha soltado un discreto pero valioso apartamento ubicado en la ciudad de Doral, el epicentro del exilio y hogar de la mayor diáspora venezolana en el sur de la Florida.
Suscríbete gratis para recibir nuevos contenidos y apoyar nuestro trabajo.