Por: Equipo de investigación de Reporte Total.-
En el teatro de sombras que es la política venezolana, pocos actos exigen tanto cinismo como sentarse en una mesa de negociación a repartir el destino de un país en ruinas. Ahí, blindado por el fuero de la llamada Asamblea Nacional de 2015, se sienta Marco Aurelio Quiñones. Durante años, el exdiputado por el estado Anzoátegui y dirigente de Voluntad Popular, ha construido una carrera sobre la base de encendidos discursos contra la dictadura, la crisis de los servicios y la connivencia del chavismo con el crimen organizado. Pero detrás del micrófono y la pose de perseguido político, la realidad documental expone una podredumbre que asfixia cualquier reclamo de superioridad moral.
Marco Aurelio Quiñones y Dinorah Figuera, representantes opositores, participan en mesa de diálogo nacional junto al diputado oficialista Jorge Rodríguez (Agosto, 2026)
La historia de esta cleptocracia híbrida no comienza en los despachos de Caracas, sino en Anaco, tierra natal del clan Quiñones, al centro del estado Anzoátegui. El exdiputado no opera solo; lo hace escudado en sus hermanos, Marco Antonio y Marco Augusto, quienes hoy disfrutan del exilio dorado en España asumiéndose como supuestas víctimas del régimen. En el submundo político del Oriente venezolano es un secreto a voces que ambos fungen como apéndices de los designios de Marco Aurelio. Sin embargo, es la trayectoria de Marco Antonio la que ha encendido las alarmas de esta investigación.
Marco Aurelio Quiñones y detrás del él, su hermano Maro Antonio
Marco Antonio Quiñones Gómez ostentaba una curiosa dualidad en los años cúspide de la crisis venezolana: por un lado, se presentaba como chef formado en Europa y guía espiritual (babalawo) del círculo íntimo de Juan Guaidó durante el interinato; por el otro, cobraba puntualmente un sueldo de una de las organizaciones criminales más sanguinarias del hemisferio.
Documentos confidenciales obtenidos para esta investigación revelan que, entre octubre de 2018 y junio de 2022, Marco Antonio, el hermano mayor del flamante vicepresidente de la AN opositora estuvo inscrito formalmente en la nómina de la empresa “Global Import Solutions, S.A.”, radicada convenientemente en Anaco.
¿Qué es “Global Import Solutions”? No es una importadora tradicional. Se trata de la maquinaria corporativa que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos sancionó e incluyó en su lista negra en diciembre de 2025, señalándola como una burda fachada dedicada a lavar las ganancias ilícitas del temido Tren de Aragua.
Los hilos de la empresa de maletín ““Global Import Solutions, S.A.” son manejados, con un 50% de acciones, por su presidenta y accionista, la actriz, modelo y DJ Jimena Romina Araya Navarro, alias “Rosita”, conocida operadora financiera y logística de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, el “Niño Guerrero”, líder del Tren de Aragua. La otra mitad de la fachada le pertenece a Luis González, quien extrañamente no fue sancionado por la OFAC, pese a residir en EE.UU.
Jimena Araya Navarro, alias “Rosita”, accionista de “Global Import Solutions, S.A.”, empresa sancionada por la OFAC.
González es la pieza que completa el grotesco rompecabezas. Un emigrante caraqueño devenido en “empresario” que en los últimos años -según conocidos- ha exhibido una vida distendida y plagada de lujos, mujeres y fiestas en el sur de Florida. González cumple a la perfección el perfil del testaferro contemporáneo: un rostro sin trayectoria conocida en la industria que presta su nombre para abrir cuentas, alquilar propiedades en Miami y firmar papeles junto a sancionados, sirviendo de puente entre el dinero manchado de sangre en Venezuela y los dólares limpios en Estados Unidos.
Luis González (Ilustración)
El nivel de hipocresía es abismal y el calendario no perdona. Resulta imposible ignorar que la fachada del Tren de Aragua, la subcontratista petrolera Global Import Solutions, S.A. -constituida en el estado Anzoátegui- y su empresa espejo en Florida – Global Import logistics LLC – , iniciaron sus operaciones mercantiles en mayo de 2018, en perfecta y macabra sincronía con la gira política que Marco Aurelio Quiñones realizaba por Estados Unidos. Mientras el diputado se codeaba con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, se paseaba con Juan Guaidó y recibía rimbombantes certificados en la ciudad de Doral por su supuesta «defensa de la democracia», en esa misma jurisdicción sus allegados le abrían las puertas del sistema financiero estadounidense a los lavadores de la mafia.
El 8 de mayo de 2018, Marco Aurelio Quiñones (segundo de derecha izquierda) y Juan Guaidó (cuarto de derecha a izquierda), se reúnen en Washington DC con Luis Almagro (tercero de derecha a izquierda), entonces secretario de Organización de los Estados Americanos (OEA).
La ciudad de Doral-Florida entregó reconocimiento a Marco Aurelio Quiñones el 4 de mayo de 2018
El 17 de mayo de 2018, Luis González, Michel Fajardo y Jimena Araya “Rosita” registran en Florida la compañía GLOBAL IMPORT LOGISTICS LLC
El 17 de mayo de 2018, Luis González, Michel Fajardo y Jimena Araya “Rosita” registran en Florida la compañía GLOBAL IMPORT LOGISTICS LLC
Así, mientras Quiñones se desgañitaba en foros internacionales denunciando cómo las megabandas azotaban a la población venezolana, su propio hermano cobraba durante cuatro años de la estructura financiera del Tren de Aragua; una red que, lejos de conformarse con el dinero de la extorsión y el narcotráfico, estaba a punto de dar su golpe maestro: parasitar la columna vertebral del Estado venezolano.
Para entender por qué una banda criminal transnacional como el Tren de Aragua pactaría con el entorno de un político opositor, hay que seguir el inconfundible olor del dinero negro. La mafia no buscaba aliados ideológicos para una “lucha democrática”; buscaba operadores de cuello blanco que le abrieran las puertas del tesoro más grande y vulnerable del país: Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Gassan El Souki Lara (Ilustración)
Aquí es donde entra en escena el “músculo” corporativo de la trama: la familia El Souki. Conocidos en Anaco como un clan de contratistas petroleros, figuras como “Maly” o Malik Hassib El Souki Lara y su hermano Gassan Hassib El Souki Lara, han sido los arquitectos de un entramado de empresas —como “MTK & Gems” (antes conocida como Transporte Militarek) y “Transporte y Servicios Militari”, estas dos últimas ahora dirigidas por Malik, su esposa e hijos y diseñadas para acaparar jugosos contratos en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Michel Fajardo (Ilustración)
Pero los El Souki no operaban en el vacío. El eslabón que une a estos voraces contratistas con la política y la mafia tiene nombre y apellido: Michel Ángel Fajardo Yaguarín. Miembro del círculo íntimo de amistades del diputado Marco Aurelio Quiñones, Fajardo fungía como el gran operador corporativo. Los documentos mercantiles y societarios revisados para esta investigación revelan que Fajardo y Gassan El Souki conformaron una red de empresas espejo (como “M G Services”) que operaban a ambos lados del Caribe y que terminó mezclándose con las finanzas del Tren de Aragua.
Según fuentes internas de la industria petrolera y expedientes confidenciales a los que tuvimos acceso, esta alianza logró un festín obsceno durante los peores años de la crisis venezolana (2020-2024). Mientras el país colapsaba, las empresas manejadas por la dupla El Souki-Fajardo, e incluso la propia fachada sancionada del Tren de Aragua (la empresa de “Rosita” que le pagaba el sueldo al hermano de Quiñones), se repartían contratos millonarios por servicios de taladros, movilización de tierras y alquiler de equipos de succión (Vacuum) para filiales como PDVSA Petropiar, PDVSA Servicios e incluso para transnacionales como Halliburton.
Gassan El Souki Lara y Michel Fajardo (Ilustración)
La torpeza de la impunidad, sin embargo, siempre deja un rastro. Creyéndose intocables en el caos venezolano, la red ni siquiera se molestó en ocultar sus huellas. Los registros corporativos muestran una coincidencia que haría salivar a cualquier fiscal anticorrupción: Global Import Solutions, S.A. -la empresa de “Rosita” sancionada por lavar dinero para el Tren de Aragua-, y M G Services de Venezuela, s.a., empresa de Gassan El Souki y Michel Angel Fajardo -íntimos amigos de Quiñones- operaban exactamente bajo el mismo número de teléfono fijo en Anaco,terminado en “6213” y perteneciente a Gassan, su accionista mayoritario. Es así que compartían escritorio, llamadas y, con toda seguridad, la misma caja fuerte.
Todo se cocinaba en el mismo fogón. El dinero manchado de sangre del Tren de Aragua y los dólares de la corrupción petrolera se mezclaban en la misma lavandería de Anaco, bajo la atenta mirada de contratistas voraces y de los amigos y familiares de quienes, desde los micrófonos en Caracas y Miami, juraban estar salvando a la República.
Todo el caudal de petrodólares extraído del subsuelo venezolano necesitaba un destino limpio, y el sur de la Florida fue el paraíso elegido. Los documentos y registros mercantiles consultados para esta investigación dibujan un mapa de blanqueo tan descarado como lucrativo. Luis González, Michel Fajardo, Gassan y otros miembros del clan El Souki utilizaban un modesto townhouse alquilado en el área de Tamiami como buzón corporativo para registrar múltiples empresas de responsabilidad limitada (LLC) y abrir cuentas en Estados Unidos.
Pero mientras los testaferros usaban direcciones de alquiler, los grandes operadores blindaban su fortuna. Los papeles revisados muestran cómo, en pleno apogeo de los contratos petroleros en 2020, Gassan El Souki logró salvar milagrosamente una propiedad que enfrentaba una demanda de ejecución hipotecaria en EE.UU. Apenas un año después, en 2021, traspasó una suntuosa propiedad en la exclusiva urbanización Doral Isles St. Croix a nombre de Liliana, su exesposa.
El contraste de esta opulencia inmobiliaria con la realidad venezolana resulta nauseabundo, especialmente al recordar lo que ocurría en el país durante ese mismo 2021. En aquellos días, Caracas se convirtió en una zona de guerra. Durante los sangrientos enfrentamientos de la Cota 905 y La Vega, la administración de Nicolás Maduro acusó frontalmente a la cúpula de Voluntad Popular de financiar y coordinar con el Tren de Aragua y alias “El Niño Guerrero” para generar revueltas y deponer al gobierno. Pero figuras de la oposición gritaron que era un montaje, una persecución política.
Cuando los intereses de los hermanos Quiñones coincidieron con los de “El Niño” Guerrero y El Tren de Aragua
No obstante, los fríos registros financieros destrozan la defensa opositora y le dan un giro grotesco al relato oficial. La alianza entre el entorno del liderazgo de Voluntad Popular y la megabanda criminal gestaban a la par un vulgar sindicato criminal diseñado para saquear el Estado desde adentro. Mientras las balas silbaban en Caracas, los allegados de Quiñones, los contratistas corruptos y los lavadores del Tren de Aragua estaban ocupados cobrando los contratos de PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco y comprando propiedades en EE.UU.
Todo este lodazal desemboca en la mayor de las afrentas: la mesa de negociación política actual. Hoy, Marco Aurelio Quiñones se sienta frente a Jorge Rodríguez como flamante representante de la llamada Asamblea Nacional de 2015, con la supuesta misión de acordar el rescate institucional de Venezuela.
Marco Antonio y Marco Aurelio Quiñones (Ilustración)
Cabe preguntarse con qué autoridad moral negocia Quiñones. ¿Con qué cara se exige justicia y transparencia cuando el propio hermano del negociador estuvo en la nómina de la empresa que lavaba la sangre derramada por el Tren de Aragua? ¿Cómo se defiende a la República cuando tu círculo más íntimo comparte direcciones, contadoras, empresas de maletín y jugosos contratos petroleros con los testaferros de la mafia? La permanencia de Quiñones en esa mesa no es un acto de diplomacia; es la escenificación perfecta del secuestro de Venezuela, una nación devorada hasta los huesos por una casta política y criminal que, a pesar de sus aparentes diferencias ideológicas, siempre supo cómo sentarse a compartir el mismo botín.