*Todos los socios del fondo IAF son venezolanos vinculados a casos de corrupción petrolera y lavado de activos en las últimas dos décadas. Las evidencias apuntan a que el capital utilizado proviene de ilícitos cometidos en Venezuela, incluyendo un intento de blanqueo documentado en Guatemala y sobreprecios en plataformas gasíferas. Pese a la disponibilidad pública de estos antecedentes, ni Argentina ni Venezuela exigieron verificación de antecedentes ni debida diligencia antes de adjudicar la culminación del complejo hidroeléctrico.*
Redacción La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 17 JUN 2026
El contrato para culminar la hidroeléctrica Tocoma, firmado entre Corpoelec y la empresa argentina IMPSA, no representa una inversión extranjera legítima sino la reactivación de una red venezolana de intermediación corrupta disfrazada de fondo estadounidense. Detrás del Industrial Acquisitions Fund (IAF) opera un grupo de nacionales venezolanos con décadas de experiencia en lavado de activos y fraude contractual, cuya única credencial ante Washington fueron donaciones al Partido Republicano reportadas exclusivamente por el medio argentino Agenda Malvinas, utilizadas como pase político para obtener contratos sin cumplir estándares de transparencia. No hay capital norteamericano real, sino fondos de origen ilícito reciclados a través de una dirección inexistente en Delaware y validados por la negligencia de los gestores de la privatización en Argentina.
La pieza clave de esta arquitectura es Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta, director del IAF con el historial delictivo más extenso. Contratista histórico de Pdvsa, fue investigado en Guatemala por lavado de activos tras intentar tomar el control del Bantrab mediante sobornos, derivando en el congelamiento de veinte millones de dólares. Además, está vinculado al alquiler fraudulento de la plataforma gasífera Aban Pearl, la cual se hundió catastróficamente el 13 de mayo de 2010; pese al desastre, su reemplazo por un buque que cobraba medio millón de dólares diarios mantuvo contratos con sobreprecios enormes. Un tribunal de La Haya también ordenó a Pdvsa pagarle treinta y dos millones de dólares por remolcadores con un sobreprecio estimado de ciento diez millones. Su presencia sugiere que los recursos del IAF provienen directamente de la corrupción petrolera venezolana.
Junto a Socorro opera un equipo diseñado para ocultar capitales. César Rafael Alfonzo-Larraín Landaez, abogado de protección patrimonial de la burguesía venezolana, blinda los flujos en jurisdicciones opacas, mientras Jorge Salcedo Hernández, experto en sanciones OFAC y exdefensor del testaferro Samark López Bello, garantiza la navegación por restricciones estadounidenses. Juan R. Carvallo López completa el cuadro; aunque en los registros del fondo aparece solo con la inicial “R”, elementos de investigación permiten sospechar con alto grado de certeza que se trata de Juan Rafael Carvallo López, comisionista vinculado al caso Navantia y señalado como canal de pagos irregulares al entorno de Zapatero. Todos son venezolanos con antecedentes públicos internacionales aprobados sin cuestionamientos.
La supuesta identidad estadounidense se desmorona ante la evidencia. La dirección del IAF en Delaware corresponde a un solar vacío, típico domicilio de empresas de maletín. Jason Arceneaux, presentado como socio norteamericano, es venezolano y actúa como fachada. Las donaciones al Partido Republicano, de montos modestos y lejos de representar gran financiamiento según lo reportado por Agenda Malvinas, funcionaron como compra de acceso para posicionar al grupo en la transición energética, sustituyendo la debida diligencia por lealtad partidista.
Este entramado asume ahora la culminación de Tocoma, obra paralizada desde 2013 no solo por supuestos impagos, sino por un contexto marcado por el fraude y la corrupción que caracterizó su fase inicial. El complejo, iniciado hace casi dos décadas, contempla diez unidades generadoras tipo Kaplan de 264 MW cada una para aportar 2.640 MW al Sistema Eléctrico Nacional. Retomar este proyecto con los mismos actores que protagonizaron su fracaso anterior y con fondos de procedencia dudosa constituye un riesgo inaceptable. Resulta alarmante que durante la privatización de IMPSA ninguna autoridad argentina o venezolana exigiera verificaciones básicas, pese a que la información judicial era de dominio público. Ante estos hechos, las autoridades venezolanas deben revisar la procedencia de los fondos, revocar el contrato por vicios de origen y abrir un nuevo proceso transparente, pues mantener un acuerdo con una estructura delictiva compromete la seguridad energética y la credibilidad internacional del país.