El gobierno encargado de Venezuela, presidido por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, reclutó al bufete anglo-estadounidense Hogan Lovells US LLP como asesor legal para la reestructuración de la deuda externa, estimada en unos 170.000 millones de dólares. La contratación se hizo pública mediante un documento presentado ante la unidad de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos el martes 2 de junio de 2026, según informó Bloomberg.
Lo que la noticia oficial no menciona es el historial del bufete con Venezuela. Hogan Lovells —2.800 abogados en el mundo— trabajó para la República, el Banco Central de Venezuela y especialmente para PDVSA durante años. Pero en 2019, tras la autoproclamación de Juan Guaidó, la firma fue uno de los tres bufetes internacionales —junto con Arnold & Porter y Curtis, Mallet Prevost— que «saltaron la talanquera» y se colocaron al servicio del interinato, según publicó la plataforma de periodismo de datos La Tabla.
El «Informe de Gestión 2019» de la Procuraduría Especial designada por Guaidó confirma que estos tres despachos aceptaron representar al gobierno interino. En el caso de Hogan Lovells, el abandono de su cliente histórico incluyó la retención de documentos de PDVSA, del BCV y de la República que permanecían en la sede de sus asociados en Caracas, ubicada en la Torre Copérnico. La firma se negó a entregarlos al gobierno constitucional de entonces.
Durante su etapa al servicio de Guaidó, el bufete defendió a PDVSA AdHoc (una entidad creada por el gobierno interino) en litigios por deudas en Estados Unidos con resultados adversos. En diciembre de 2021, un juez del Distrito Sur de Nueva York ordenó a PDVSA pagar 63,5 millones de dólares a la financiera Red Tree Investments. La defensa de Hogan Lovells alegó que las sanciones estadounidenses impedían el pago, pero el juez descalificó el argumento por inconsistente. En marzo de 2022, La Tabla señaló que el bufete venía cometiendo «errores inexcusables» en su estrategia y que su «intención real era entregar Citgo».
El actual CEO mundial de Hogan Lovells es Miguel Zaldívar, abogado venezolano de ascendencia cubana. Su bisabuelo presidió la Corte de Apelaciones de La Habana, su abuelo sirvió en la Corte Suprema de Cuba antes de la Revolución, y su padre fue juez municipal y luego defensor de presos políticos. Zaldívar forma parte de la «Cuba Task Force» del bufete, una unidad especializada en asesorar a clientes que requieren servicios relacionados con el bloqueo comercial a la isla.
En el actual escenario geopolítico, el origen cubano del CEO y su integración a factores del exilio anticastrista en Florida no constituyen ningún delito, pero sí plantean interrogantes sobre la imparcialidad del bufete cuando asesora a un gobierno venezolano en un proceso de reestructuración de deuda supervisado desde Washington.
Hogan Lovells vuelve así a trabajar para Venezuela. La misma firma que en 2019 abandonó al gobierno constitucional para ponerse a la orden de Guaidó, que retuvo documentos públicos y que cosechó derrotas judiciales, es ahora el asesor legal de confianza para la operación financiera más compleja que enfrenta el país.
—
Fuentes: Bloomberg (registro FARA, 2 de junio de 2026); La Tabla (@latablablog, tuits del 13/mar/21, 24/ene/21, 28/dic/21, 27/mar/22); Informe de Gestión 2019 de la Procuraduría Especial del interinato.