El comunicado del Departamento de Justicia revela que el ex congresista financió su carrera electoral con dinero pagado por la compañía petrolera estatal de Venezuela y usaba lenguaje codificado para presionar a Marco Rubio y Pete Sessions. Su socia, Esther Nuhfer, enfrenta hasta 30 años.
Redacción: La Tabla Plataforma de Periodismo de Datos 5 MAY 2026
Aunque el veredicto de culpabilidad contra el ex congresista David Rivera y su socia Esther Nuhfer ya había sido adelantado, el comunicado oficial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, difundido tras la decisión del jurado federal en Miami, contiene al menos dos elementos reveladores que no se habían destacado con claridad en informaciones previas.
El primero es el uso concreto de los millones de dólares obtenidos ilícitamente para financiar campañas políticas. Según las pruebas presentadas en el juicio, Rivera desvió aproximadamente 600,000 dólares del contrato de 50 millones que obtuvo con una filial de la estatal venezolana PDVSA para pagar su propia campaña a la Cámara de Representantes de Florida. Es decir, el ex congresista republicano utilizó dinero del gobierno de Nicolás Maduro para impulsar su carrera electoral en Estados Unidos, un hecho que los fiscales califican como una traición de alto impacto en una región como el sur de Florida, donde la comunidad venezolana exiliada es numerosa y votante clave.
Esto abre la pregunta que flota en el ambiente político de Miami: si Rivera usó esos fondos para su propia campaña, ¿también pudo haber destinado parte de ese capital a aliados políticos agradecidos? El nombre que surge de manera inevitable es el del senador Marco Rubio, amigo personal de Rivera y uno de los funcionarios a quienes, según el comunicado, Rivera y Nuhfer presionaron y organizaron reuniones con altos cargos del chavismo, incluidos Maduro y Delcy Rodríguez.
Rubio, férreo crítico del gobierno venezolano en público, aparece en los documentos como destinatario de esas gestiones encubiertas. El comunicado no acusa a Rubio de ningún delito, pero deja en evidencia que Rivera usaba su cercanía con el senador para avanzar los intereses de Caracas.
El segundo elemento revelador es la proyección de las sentencias. El Departamento de Justicia informa que Rivera enfrenta una pena máxima de 60 años de prisión y Nuhfer hasta 30 años.
Estas cifras superan con creces lo habitual en casos de violación de FARA y lavado de dinero, lo que indica la gravedad con que el gobierno federal califica la conducta: actuar como agente encubierto de un gobierno extranjero (el comunicado original dice «régimen extranjero hostil», pero aquí lo ajustamos a nuestra norma).
El comunicado también confirma que la trama incluyó el uso de lenguaje codificado en mensajes de texto para ocultar sus actividades, así co PP qqqmo la compra de una residencia en Key Colony Beach por parte de Nuhfer con 455,000 dólares del botín.
En resumen, lo que aporta esta nota oficial es la certeza judicial de que el dinero de Maduro financió campañas políticas en Estados Unidos, que las sentencias serán históricamente altas si se aplican los máximos, y que el nombre de Marco Rubio queda en el expediente como un funcionario al que los acusados intentaron influir en beneficio del gobierno venezolano. La pista venezolana, con Maduro y Rodríguez a la cabeza, sigue siendo el hilo conductor de este escándalo de influencias y traición a la patria, como lo definió el propio fiscal.
La Tabla continuará informando sobre las próximas audiencias de sentencia y cualquier implicación política adicional que surja de los expedientes judiciales.