Dos peligrosas y conocidas “ciberpandillas”, dedicadas a extorsionar, destruir reputaciones y sembrar narrativas falsas, una vez más protagonizan una encarnizada lucha, derivada de sus fechorías y territorios.
Está visiblemente clara la participación de la pandilla liderada por Tulio Capriles, amparándose detrás de la sombra de su venido a menos diario El Siglo de Maracay, junto a una veintena de cuentas fake de Instagram, usurpando los nombres de medios de comunicación conocidos, con numerosos seguidores falsos, alcance limitado y carentes de veracidad alguna.
Los actores son variopintos, pero podemos identificar las huellas de José y Chamel Gaspard Morell, quienes tratan de usar como excusa y punto de partida relatos gacetilleros, dirigidos a un público de escaso nivel intelectual, cultural y académico, tratando de generar confusión, ocultándose detrás de figuras como el abogado Mario Mármol García, C.J. Leire Linares y Douglas Rico.
“Denuncian presuntas extorsiones en el CICPC y crece la preocupación entre empresarios venezolanos”
Una denuncia que enciende alertas
Una denuncia pública ha puesto bajo la lupa al CICPC en Venezuela tras señalar presuntas prácticas de extorsión contra empresarios. El relato difundido advierte que algunos funcionarios estarían contactando a civiles, citándolos en oficinas bajo distintos pretextos y, una vez allí, sometiéndolos a presiones indebidas para exigir dinero.
De acuerdo con la versión divulgada, los montos reclamados no bajarían de 10 mil dólares, una cifra que alimenta la preocupación por el posible uso irregular de una institución de investigación criminal para fines ajenos a sus funciones legales. Aunque la acusación debe ser contrastada por las autoridades competentes, la denuncia ha generado atención por la gravedad del señalamiento.
Qué dice la denuncia
La acusación pública describe un supuesto modus operandi en el que los funcionarios primero establecen contacto con empresarios o comerciantes; luego, los convocan a oficinas del cuerpo policial y, en ese entorno, los presionan con amenazas o insinuaciones para lograr pagos en efectivo o transferencias en divisas.
Este tipo de mecanismo recuerda prácticas de coerción que han sido denunciadas en otros contextos de criminalidad organizada. Por eso, el señalamiento ha sido calificado en redes y publicaciones como una dinámica propia del “pranato”, una expresión que alude a estructuras de poder criminal que operan con lógica de control, intimidación y cobro de “vacunas”.
La respuesta institucional
El CICPC ha insistido en otras ocasiones en que combate activamente la extorsión y el secuestro mediante su División Contra Extorsión y Secuestro, una unidad especializada con presencia nacional y experiencia en este tipo de casos. Esto hace aún más delicadas las acusaciones, porque enfrentan la imagen pública del organismo con denuncias que apuntan directamente a su interior.
Además, el cuerpo policial ha alertado en meses recientes sobre estafas cometidas por falsos funcionarios que se hacen pasar por agentes del CICPC para robar datos, exigir códigos o clonar cuentas de WhatsApp. Esa advertencia oficial demuestra que la institución reconoce la circulación de fraudes que usan su nombre, aunque no resuelve por sí sola las sospechas sobre eventuales abusos internos.
Empresarios y comerciantes, en alerta
La denuncia impacta especialmente al sector privado. Comerciantes y empresarios suelen depender de citas, inspecciones y trámites con cuerpos de seguridad, por lo que cualquier sospecha de cobro indebido puede tener un efecto inmediato sobre la confianza y la actividad económica.
En un escenario de fragilidad institucional, la posibilidad de que una citación oficial sea usada para presionar a un ciudadano por dinero agrava la percepción de riesgo. Para el denunciante, el problema no sería solo la extorsión en sí, sino la confusión deliberada entre autoridad legítima y abuso de poder.
Un patrón que requiere contraste
Por ahora, la información disponible corresponde a una denuncia pública y a reportes que piden investigación. Eso significa que, aunque el señalamiento es grave, debe ser verificado con documentos, testimonios y una respuesta formal del cuerpo policial o del Ministerio Público.
La gravedad del caso radica justamente en esa frontera: si la denuncia es cierta, implicaría el uso de estructuras estatales para fines extorsivos; si no lo es, también obligaría a aclarar quién está difundiendo acusaciones sin sustento. En ambos escenarios, la transparencia es indispensable para evitar que el rumor sustituya a la prueba.
Lo que está en juego
Más allá de la denuncia concreta, el tema reabre el debate sobre la confianza ciudadana en los cuerpos de seguridad en Venezuela. Cuando una institución encargada de combatir delitos es señalada por prácticas similares a las que persigue, el daño reputacional es inmediato y puede afectar la cooperación de víctimas y testigos.
Por eso, el caso no debería quedarse en la indignación inicial.
La prioridad es establecer responsabilidades con rapidez y evitar que la presunta extorsión dentro del CICPC se convierta en una práctica normalizada o tolerada por omisión.
Fuente: Denuncia pública y reportes citados
Hasta ahora, lo único que pudieran generar es alguna poca atención, para que dos o tres personas presten atención a sus narrativas carentes de ningún tipo de valor.
Se trata, seguramente, de las narraciones en primera persona de las aventuras amorosas de los hermanos Gaspard Morell, junto a amantes a los que identifican como Alexander Enrique Mirelles Crespo (27), apodado «El Ruso»; José Jesús Villamizar Ramírez (46), conocido como «Chuchu»; y Yeferson Xavier López Cardozo (29), quienes reciben buenas gratificaciones después de los intensos encuentros libidinosos.
“Casualmente”, estas reacciones se producen el día que la opinión pública se entera de la condena “benevolente” en contra del argentino Fernando Vuteff, yerno de Antonio Ledezma, la mitad de la que realmente le correspondería por los graves delitos cometidos en detrimento de PDVSA, a cambio de la “delación premiada” en contra de los sobrinos de Cilia Flores (Efraín Campo Flores, Franqui Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores), José Vicente Amparan Cróquet y Carmelo Urdaneta.
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