Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos. 14 ABR 2026
Aunque el Departamento de Estado negó su traslado a Venezuela, el encargado de Negocios de EE. UU. en Guatemala ha presionado abiertamente para imponer o vetar magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral en solo tres meses. Su historial es de interés público para los venezolanos: alguien en Caracas podría estar fantaseando con tener un diplomático que intervenga en los poderes públicos.
El 13 de abril medios guatemaltecos reportaron que el presidente Donald Trump ordenó el traslado de John M. Barrett a Caracas para reemplazar a Laura Dogu al frente de la embajada estadounidense en Venezuela, tras el restablecimiento de relaciones. Pero al día siguiente, el Departamento de Estado desmintió la versión: Dogu sigue siendo la encargada de Negocios en Caracas.
Sin embargo, la sola especulación justifica que la población venezolana conozca el perfil de Barrett. Desde su llegada a Guatemala el 22 de enero de 2026, ha demostrado una actitud intervencionista en procesos judiciales clave.
Presiones públicas y privadas
El 18 de febrero, la cuenta oficial de la embajada publicó: “Las autoridades universitarias guatemaltecas abrieron las puertas a organizaciones criminales y narcotraficantes con sus selecciones para el TSE”. El 3 de marzo, Barrett advirtió: “No vamos a tolerar contaminación de narcotraficantes” en elecciones de segundo grado.
Ese mismo día, el presidente Bernardo Arévalo denunció que “se está intentando aparentar que la Embajada de EE. UU. pide el voto a favor de candidatos no íntegros”, como Roberto Molina Barreto y Consuelo Porras (antigua fiscal general). Arévalo reveló consultas al Departamento de Estado para aclarar si Barrett actuaba por cuenta propia.
La investigación de Plaza Pública (29 de marzo) confirmó las presiones: Barrett llamó personalmente a diputados oficialistas para pedir el voto a favor de Molina Barreto, magistrado que anuló la condena por genocidio contra Efraín Ríos Montt y fue precandidato a vicepresidente del partido Valor.
Un patrón histórico en Guatemala
Guatemala arrastra una larga tradición de órganos jurisdiccionales –como el Ministerio Público– tutelados por agentes extranjeros con el argumento de combatir la corrupción y garantizar el castigo a las violaciones a derechos humanos. La novedad es que Barrett ha llevado esa injerencia a un nivel explícito: presionar al Congreso abiertamente.
El traslado a Caracas fue descartado oficialmente, pero el debate revela cómo se percibe a Barrett en la región. Para los venezolanos, conocer su actuación en Guatemala es una advertencia sobre lo que podría significar tener en Caracas a un diplomático acostumbrado a definir por sí mismo quiénes integran las cortes y tribunales de un país.