El magistrado José Luis Calama, que investiga en secreto el caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, desconfía de que el banquero peruano Luis Felipe Baca tenga intención de presentarse de forma voluntaria en España, por lo que ha rechazado levantar la orden internacional por la que fue detenido en marzo en la isla caribeña de Aruba, situada al norte de Venezuela, según informan fuentes del caso a esta redacción.
El instructor considera que no ha lugar a dejar sin efecto la tramitación de la extradición en curso de Luis Felipe Baca, que fue objeto de una querella por parte de la Fiscalía Anticorrupción que también implica en el caso Plus Ultra a su hermano Enrique Baca y a otras cinco personas: los ciudadanos venezolanos Gabriela Puente Garaboa y Danilo Alfonso Diazgranados, el financiero de Países Bajos Simon Leendert Verhoeven, el peruano Kristhian Alegre Walter y un abogado español.
Niega haberse fugado
Las fuentes consultadas sostienen que Luis Felipe Baca, que permanece en prisión preventiva en la antigua colonia neerlandesa, defiende que no se fugó de la Justicia española, sino que simplemente dejó de residir en España por motivos personales, y que este cambio de domicilio fue comunicado a la Agencia Tributaria española.
Este banquero peruano, que también está siendo investigado en Suiza y Francia como presunto responsable de una red de blanqueo de capitales propiedad de altos funcionarios sudamericanos que están sujetos a sanciones internacionales, lamenta que la extradición pueda alargarse durante semanas, que permanecerá privado de libertad, cuando ya ha anunciado su intención de comparecer de forma voluntaria en España. Sin embargo, el juez Calama no se fía de sus intenciones por lo que esperará el tiempo que sea necesario para que la extradición, que está en fase de traducción al neerlandés, se ejecute.
Rescate de 53 millones
En una denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal se indicaba que una parte de los 53 millones de euros que recibieron los directivos de Plus Ultra con el rescate de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) se usaron para devolver unos préstamos a una empresa radicada en Suiza. Y con esta operativa se habrían llevado a cabo operaciones de blanqueo de «fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía«.
Anticorrupción hace referencia en su querella a que la empresa que concedió los préstamos con los que la aerolínea Plus Ultra habría ayudado a blanquear fondos también vendió oro por un importe de unos 30 millones de euros a una mercantil de Emiratos Árabes Unidos.
Sin embargo, hasta el momento los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) solo han detenido en el marco del caso Plus Ultra al presidente, cofundador y actual dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; a su ‘número dos’, Roberto Roselli; al empresario Julio Martínez Martínez y a un abogado español.
Zapatero
La empresa Análisis Relevante SL, del empresario Julio Martínez Martínez, tuvo en sus cuatro primeros años de existencia un beneficio total de 70.000 euros. Sin embargo, sus principales proveedores, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y sus dos hijas ingresaron de esta compañía al menos 660.000 euros, según confirmó el exdirigente socialista en el Senado.
A su vez, Análisis Relevante SL recibió 250.000 euros de la aerolínea Plus Ultra entre 2020 y noviembre de 2025. Otras sociedades de Julio Martínez Martínez, en concreto IOT Domotic Europe y Voli Analítica, ingresaron otros 200.000 euros de la compañía aérea. Según fuentes empresariales, el «amigo» de Zapatero recibió estos fondos como asesor, pues se encargaba de realizar gestiones vinculadas a la operativa de la compañía en Venezuela.
