El fondo Elliott Investment Management, a través del consorcio Amber Energy, presentó una oferta de USD5.9bn para adquirir Citgo, lo que permitiría saldar aproximadamente USD8.8bn en reclamaciones. Sin embargo, la operación requiere la aprobación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, debido a las sanciones vigentes contra Venezuela. Funcionarios estadounidenses han manifestado reservas sobre el precio ofrecido y el riesgo político asociado a la transacción, de acuerdo con Bloomberg.
Paralelamente, el equipo legal vinculado a la Asamblea Nacional de 2015 solicitó una pausa judicial en Estados Unidos para unificar la representación del Estado venezolano en el caso Citgo. La petición busca coordinar la defensa del activo entre distintos actores políticos, incluidas autoridades interinas, en un contexto de disputas internas sobre quién ejerce la representación legítima, según informó La TV Calle el 8 de abril.
Las tensiones también reflejan desacuerdos más amplios sobre el futuro de Citgo. Tanto el Gobierno venezolano como sectores de la oposición han expresado rechazo a la venta, argumentando que el activo podría ser clave para una eventual recuperación económica del país. El Estímulo señaló que la subasta difícilmente resolvería de forma integral la deuda venezolana, estimada en decenas de miles de millones de dólares.
Dentro de la administración estadounidense, el Departamento de Estado lidera la cautela frente al acuerdo, mientras se evalúa si la venta podría afectar el delicado equilibrio político en Venezuela. Expertos citados por Bloomberg indican que retrasar la operación podría abrir espacio para una reestructuración más amplia de la deuda.
Citgo, con sede en Houston, opera tres refinerías y una extensa red de distribución en Estados Unidos, lo que la convierte en un activo estratégico tanto para acreedores como para cualquier futura administración venezolana.