De los 80 millones de barriles de crudo venezolano transferidos a control de Estados Unidos, 40 millones fueron vendidos antes del 26 de febrero a un promedio de 50 dólares por barril, generando 2.000 millones de dólares. Los otros 40 millones entraron al mercado tras el estallido de la guerra con Irán, con precios que superaron los 100 dólares por barril. En marzo, las exportaciones desde el terminal José proyectan alcanzar 848.000 barriles diarios, el nivel más alto desde 2019, con descuentos de hasta 9 dólares bajo el Brent. Sin embargo, se desconoce el volumen efectivamente comercializado, los ingresos obtenidos, los pagos transferidos a Venezuela y los 1.400 millones de dólares pendientes de febrero, mientras la prometida plataforma digital de transparencia sigue sin existir.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 16 MAR 2026
A dos meses del anuncio del acuerdo energético con Estados Unidos y de la creación de los fondos soberanos para administrar sus ingresos, no existe información pública verificable sobre los volúmenes de crudo efectivamente comercializados durante la escalada de precios desatada por la guerra con Irán, los precios obtenidos en un mercado marcado por una volatilidad extrema, el estado de los pagos realizados a Venezuela, los saldos pendientes ni las condiciones financieras de las operaciones. El único balance con cifras concretas sigue siendo el presentado el 26 de febrero por el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright: de los más de 80 millones de barriles de crudo venezolano transferidos a control estadounidense desde diciembre, se habían vendido 40 millones a un precio promedio de 50 dólares por barril, generando ingresos por 2.000 millones de dólares. Los otros 40 millones permanecían entonces en proceso de negociación.
Ese mismo fin de semana, el estallido de la guerra contra Irán disparó los precios del petróleo. El lunes 2 de marzo, el Brent superó los 80 dólares por barril y en días sucesivos rondó e incluso superó los 100 dólares, con picos cercanos a los 120 en los primeros días del conflicto, según registros del mercado spot. La volatilidad se mantuvo durante toda la primera quincena: el 10 de marzo, tras declaraciones de Donald Trump sobre un posible fin del conflicto, los precios cayeron por debajo de los 90 dólares, para luego retomar la senda alcista. En ese contexto, los 40 millones de barriles pendientes de venta entraron al mercado con precios sustancialmente superiores a los 50 dólares promedio de la primera tranche.
La información sobre marzo, el primer mes completo de operaciones bajo el nuevo contexto bélico, revela la magnitud de lo que no se reporta. Según programas de carga del terminal José —que concentra más del 80% de las exportaciones del país—, los embarques proyectados para marzo alcanzarían los 848.000 barriles diarios, el nivel más alto desde 2019. De materializarse, sería la cifra más elevada en seis años, reflejando el impulso que la guerra en Medio Oriente ha dado al crudo venezolano en el mercado global. El crudo Merey, principal mezcla de exportación, se está ofreciendo a refinadores de Estados Unidos con descuentos de entre 6 y 7,50 dólares por barril por debajo del Brent; para compradores indios, los descuentos alcanzan hasta 9 dólares por barril, de acuerdo con operadores consultados por Bloomberg.
Sin embargo, ni el gobierno estadounidense ni el venezolano han informado qué volumen de esos 40 millones de barriles pendientes se ha colocado realmente en marzo, a qué precios efectivos se cerraron las operaciones, ni cuánto de ese dinero ha ingresado a las cuentas controladas por EE.UU. o ha sido transferido a Venezuela. La ecuación comercial básica —petróleo comercializado, cobrado e ingresado— permanece completamente opaca, a pesar de que los flujos físicos, como muestran los datos de exportación, son cuantificables. Las dificultades logísticas y las diferencias de precios entre las comercializadoras y los refinadores han ralentizado algunas operaciones, según fuentes del sector, pero no existe un registro público que permita establecer el estado real de las negociaciones.
Tampoco se conoce el estado de los pagos correspondientes a las ventas ya realizadas en febrero. De los 2.000 millones de dólares reportados por Wright, el gobierno de Delcy Rodríguez informó oportunamente la recepción de 300 millones el 20 de enero y otro tanto el 14 de marzo, pero estos últimos correspondieron a una «venta extraordinaria de fuel oil» expresamente diferenciada del esquema de cooperación energética con EE.UU., según precisó la propia mandataria encargada al anunciar el ingreso. El saldo restante de 1.400 millones de dólares de aquella primera tranche —sin contar lo que haya podido generarse en marzo— no tiene registro público de ingreso al país ni de asignación a los fondos soberanos creados para tal fin.
La opacidad se extiende a las condiciones financieras de las operaciones. Se desconoce si existen plazos de pago acordados con los compradores, si se han establecido intereses por mora, si hay cláusulas penales aplicables, o incluso si los contratos de venta contemplan garantías. El marco regulatorio creado por la Orden Ejecutiva 14373 y las Licencias Generales de OFAC establece que todos los pagos de regalías, impuestos y dividendos de la producción venezolana deben ser depositados en cuentas del Foreign Government Deposit Fund (FGDF) administradas por el Tesoro de Estados Unidos. Los desembolsos a Venezuela requieren instrucción expresa del secretario de Estado, y el propio Marco Rubio declaró recientemente que Caracas debe presentar una «solicitud de presupuesto» para acceder a sus propios ingresos petroleros. Pero los criterios para autorizar esos desembolsos no son públicos, ni existe un mecanismo de auditoría independiente que verifique el flujo de fondos.
La segunda línea de opacidad concierne al manejo interno de los recursos. El 15 de enero, al anunciar la creación del Fondo de Protección Social y el Fondo de Infraestructura, la presidenta encargada Delcy Rodríguez instruyó crear «una plataforma tecnológica que transparente el uso de esos recursos, desprovista de burocracia y de corrupción», donde cualquier ciudadano pudiera «ver los proyectos que se están ejecutando y los ingresos que allí se están reportando». Dos meses después, esa plataforma no existe o, si existe, no es pública ni contiene información desagregada sobre contratos, beneficiarios o fases de ejecución de los programas supuestamente financiados con los ingresos petroleros. Organizaciones como Transparencia Venezuela han advertido que sin la publicación de los contratos, las fases de ejecución y los resultados esperados, cualquier anuncio de transparencia corre el riesgo de convertirse en un adorno burocrático.
En síntesis, a 16 de marzo, el esquema de comercialización del crudo venezolano bajo control estadounidense opera como una caja negra: se desconoce el volumen vendido durante la escalada de precios de marzo, los ingresos efectivamente generados, el monto transferido a Venezuela, el saldo pendiente por las ventas de febrero y las condiciones financieras de las operaciones. Al mismo tiempo, la prometida plataforma de transparencia para el uso interno de los fondos brilla por su ausencia. La combinación de ambos vacíos impide cualquier evaluación ciudadana sobre el destino de los recursos que, en teoría, deberían beneficiar al país, y configura un escenario donde la opacidad no es una falla transitoria sino una característica estructural del proceso.