La gestión de los activos de Venezuela en el extranjero vuelve a estar bajo el ojo del huracán. En una transmisión cargada de revelaciones, el periodista Alejandro Marcano Santelli expuso detalles sobre presuntas irregularidades financieras que involucran a figuras clave del llamado «interinato», específicamente en torno a la Fundación Simón Bolívar de CITGO y la junta administradora de PDVSA Ad Hoc.
El «Bombazo»: Dinero público para fines privados
H. Medina
El punto central del programa fue la difusión de una grabación telefónica entre el periodista de investigación Jorge Castro y el presidente de la junta PDVSA Ad Hoc, Horacio Medina. En el audio, Medina admite —con una naturalidad que Marcano calificó de «sorprendente»— que fondos de la Fundación Simón Bolívar fueron utilizados indebidamente para cubrir gastos personales del exembajador en Canadá, Orlando Viera Blanco.
Según lo escuchado en la conversación, se habrían destinado aproximadamente $75,000 para costear eventos privados, incluyendo presuntamente la fiesta de bodas de la hija de Viera Blanco. Aunque Medina afirmó en el audio que dicho dinero fue posteriormente devuelto tras un reclamo, Marcano subrayó la gravedad de que recursos destinados a la ayuda humanitaria y la salud de los venezolanos fueran desviados, aunque fuera de forma temporal, para lujos personales.
La entrevista fallida: Tensión y «Caja de Pandora»
El programa también contó con declaraciones exclusivas de Jorge Castro, quien relató los pormenores de una entrevista fallida con Horacio Medina que debía realizarse por videoconferencia. Castro explicó que, tras meses de intentos infructuosos, finalmente logró concretar un encuentro virtual. Sin embargo, la reunión se tornó «tensa y desagradable» cuando Medina notó la presencia de Alejandro Marcano en la llamada.
Castro describió la situación como la apertura de una «Caja de Pandora» sobre la Fundación Simón Bolívar, asegurando que la investigación apenas comienza y que existen registros de otras ONG y personas que habrían recibido fondos sin los controles debidos entre 2019 y 2021. El investigador mencionó casos de supuestas ONG en Texas que, al ser verificadas vía satélite, resultaron ser terrenos de perforación petrolera y no sedes de ayuda social.
Marcano también vinculó estas revelaciones con el reciente avance de una demanda multimillonaria bajo la Ley RICO (organizaciones corruptas e influenciadas por la extorsión) en un tribunal de Delaware. La justicia estadounidense ha designado a una jueza magistrada para supervisar el caso, lo que obligará a PDVSA Ad Hoc y a CITGO a entrar en una fase de «descubrimiento de pruebas» (discovery), abriendo sus libros contables al escrutinio público.
El clamor por la transparencia
Durante el cierre, Marcano enfatizó que su labor no es la de un juez, sino la de un periodista que exige rendición de cuentas. «No queremos que nos sigan viendo la cara», afirmó, haciendo eco del sentimiento de los venezolanos en el exilio que ven con indignación cómo se manejan los recursos del Estado mientras la crisis humanitaria persiste.
El periodista Jorge Castro concluyó advirtiendo que tiene en su poder más documentos que prueban la «ruta del dinero» y que continuará publicando los hallazgos de esta investigación que promete sacudir los cimientos de la estructura política que administró los activos venezolanos en los últimos años.
