.-Redacción
Mientras Venezuela intenta navegar las turbulentas aguas de una transición política y económica tras la salida de Nicolás Maduro del poder, la maquinaria burocrática heredada del gobierno interino parece haber encontrado la forma de seguir girando sus engranajes —y facturando— en Washington. Un nuevo escándalo sacude la ya cuestionada gestión de los activos en el exterior: la revelación de un oneroso contrato de consultoría estratégica y comunicaciones que compromete casi tres cuartos de millón de dólares del erario público, justo cuando la utilidad de estas estructuras paralelas es más debatida que nunca.
El documento, que ha salido a la luz pública a través de los registros de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, expone un acuerdo suscrito apenas el pasado 15 de enero de 2026. En él, la Junta Administradora Ad Hoc de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), utilizando como intermediario a su bufete de abogados Vinson & Elkins LLP, contrató los servicios de la firma Vision Americas International LLC.
El monto total de la operación asciende a 711.650 dólares por un servicio que apenas durará cinco meses, extendiéndose desde el 11 de enero hasta el 10 de junio del presente año. Esto se traduce en una sangría mensual de 142.330 dólares destinados a conceptos tan etéreos como «análisis de datos», «coaching» para voceros y «advocacy» (incidencia política) ante funcionarios estadounidenses.
La indignación ante la opacidad
La difusión de este contrato no tardó en encender las alarmas. El jueves, 5 de marzo, el economista Francisco Rodríguez utilizó su cuenta en la red social X para lanzar una serie de dardos precisos contra esta operación, cuestionando la pertinencia y la moralidad de tal despilfarro. Rodríguez calificó el movimiento como «llamativo», subrayando la ironía de que se firme un contrato de esta magnitud en un contexto donde el escenario político ha cambiado drásticamente.
Para el economista, resulta «difícil de entender» la justificación técnica de gastar tal cantidad de dinero en relaciones públicas y cabildeo cuando Estados Unidos ya ha tomado el control de las ventas petroleras y ha establecido canales con otras instancias de poder. Su crítica fue mordaz al señalar la falta de transparencia: no existe un balance público, ni rendición de cuentas clara sobre el uso de estos fondos que, en teoría, pertenecen a todos los venezolanos, pero que son administrados como una caja negra por funcionarios designados por la Asamblea Nacional de 2015.
El blindaje legal: Una triangulación costosa
Lo que hace este contrato particularmente astuto —y costoso— es su arquitectura legal. No es un acuerdo directo y simple. La Junta Ad Hoc de PDVSA no contrató a Vision Americas de manera frontal; lo hizo a través de su asesor legal, el gigante jurídico Vinson & Elkins LLP.
El contrato invoca explícitamente los principios del caso legal United States v. Kovel. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los consultores de comunicaciones de Vision Americas no operan como simples publicistas, sino como «extensiones» del equipo legal. Esto permite que sus correos, estrategias y documentos se mantengan bajo el manto del privilegio abogado-cliente, protegiéndolos del escrutinio público y judicial bajo la excusa de que son necesarios para la defensa legal de la empresa.
Sin embargo, el contrato es claro en una cláusula lapidaria: aunque el bufete Vinson & Elkins aparece como el contratante formal, la responsabilidad monetaria recae exclusivamente sobre el cliente. Es decir, es la Junta Ad Hoc —y por ende, la República— quien paga la factura de 142.000 dólares mensuales, rigurosamente por adelantado, para financiar estrategias de percepción y manejo de imagen en los pasillos de Washington.
El acuerdo detalla que Vision Americas se encargará de «monitorear reuniones», «sostener encuentros con partes interesadas» y realizar un «coaching» intensivo a los interlocutores designados por la Junta. Todo esto, supuestamente, para influir en las políticas de agencias como la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros). Sin embargo, en un momento donde la austeridad debería ser la norma, este contrato se lee para muchos analistas como el último aliento de un aparato burocrático desconectado de la realidad nacional, gastando una fortuna en espejos y humo comunicacional.
La danza de los nombres: De una casa en Virginia a la “estrategia” de alto nivel
Si el monto del contrato resulta alarmante para la opinión pública, el perfil de los beneficiarios y la estructura de la empresa contratada añaden capas de interrogantes sobre la idoneidad y la proporcionalidad del gasto. Vision Americas International LLC, la firma que ahora factura más de 140.000 dólares mensuales a las arcas venezolanas, opera desde una dirección que dista mucho de los rascacielos corporativos de K Street, el epicentro del cabildeo en Washington.
Según los registros oficiales, la sede de la compañía se ubica en el 509 Stephen Circle SW, en Vienna, Virginia; una dirección que corresponde a una propiedad residencial. Este detalle no es menor: mientras la Junta Ad Hoc desembolsa una fortuna digna de una corporación multinacional, el proveedor opera desde lo que parece ser una oficina doméstica en los suburbios de la capital estadounidense.
Los rostros detrás de la factura
La firma que valida el contrato por parte de la consultora no pertenece a una novata en los círculos de poder. Marcela Prieto-Botero, cofundadora y CEO de Vision Americas International LLC, es una politóloga colombiana con más de 25 años de trayectoria en el diseño de políticas públicas y estrategias de comunicación de alto nivel.
Su hoja de vida revela una sólida conexión con la élite política y académica conservadora de la región. Posee una Maestría en Ciencias en Políticas Públicas para América Latina de la Universidad de Oxford y ha ocupado cargos estratégicos en Colombia, como la Dirección Ejecutiva del Instituto de Ciencias Políticas (ICP) en Bogotá y la Dirección General de Foros Semana, de la reconocida revista Semana.
Dentro del equipo de cabilderos y asesores estratégicos de Vision Americas figura un nombre ampliamente conocido en la esfera mediática venezolana: José Vicente Carrasquero. El profesor universitario y encuestador, quien durante años ha mantenido una postura pública férrea contra el chavismo desde plataformas como su canal en YouTube «Política Sin Pasiones» y diversos medios en el exilio, aparece ahora como una pieza clave en este engranaje de facturación al Estado.
La participación de Carrasquero como «Asesor Político Estratégico» en un contrato de esta naturaleza coloca su prédica bajo una nueva luz. La crítica incisiva que a menudo dirigió contra la ineficiencia y la corrupción del régimen de Maduro contrasta ahora con su rol en un contrato que economistas como Francisco Rodríguez denuncian por su falta de transparencia y justificación técnica. ¿En qué consiste exactamente el «coaching» y la «incidencia» que Carrasquero y su equipo proveen a la Junta Ad Hoc? ¿Justifican sus servicios un desembolso de casi tres cuartos de millón de dólares en apenas cinco meses?
Servicios etéreos en tiempos de crisis
El desglose de actividades del contrato es un compendio de generalidades corporativas que, en el contexto de la emergencia de Venezuela, suenan a disonancia cognitiva. El acuerdo obliga a Vision Americas a realizar «análisis de datos de comunicaciones», desarrollar «estrategias de relacionamiento» y, curiosamente, ofrecer «soporte antes, durante y después de reuniones con figuras públicas americanas».
Más llamativo aún es el componente de entrenamiento: el contrato estipula que se llevará a cabo una actividad de «coaching» para los interlocutores designados por la Junta Ad Hoc. Es decir, el dinero de los activos venezolanos se está utilizando para enseñar a voceros como Horacio Medina —quien firma el contrato por parte de PDVSA— cómo hablar y comportarse ante funcionarios estadounidenses, una habilidad que, se presumiría, ya deberían poseer quienes administran los restos de la industria petrolera venezolana en el extranjero.
Francisco Rodríguez fue enfático al señalar la incongruencia de estos gastos en la coyuntura actual. Con la salida de Maduro y el cambio de dinámica en Washington, la necesidad de un «lobby» defensivo y costoso parece responder más a la inercia de una burocracia que se resiste a perder sus privilegios que a una necesidad real de la República. La pregunta que queda flotando es si estos informes de «monitoreo» y «estrategia» terminarán siendo, como tantos otros en el pasado, costosos papeles archivados en una carpeta marcada como «confidencial».
El laberinto legal y la urgencia de una auditoría: ¿A quién sirve realmente el blindaje de Vinson & Elkins?
La arquitectura de este acuerdo no es casual; es el diseño de una defensa legal de alto nivel convertida en gasto corriente. Para entender la magnitud de la operación, hay que mirar a quienes estampan su firma junto a la de Marcela Prieto y Horacio Medina. El contrato lleva la rúbrica de Ephraim «Fry» Wernick, socio de Vinson & Elkins LLP. Wernick no es un abogado cualquiera; es un ex fiscal federal que supervisó la Sección de Fraude Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. y un experto en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
La presencia de un perfil de tal calibre firmando un contrato de subcontratación para servicios de «comunicación» y «lobby» revela la sofisticación del blindaje. Al invocar la doctrina Kovel, Wernick extiende el secreto profesional de su bufete a los consultores políticos. Esto plantea una pregunta inquietante que resuena en los cuestionamientos de Francisco Rodríguez: ¿Por qué una gestión pública, que debería ser transparente por definición, necesita proteger sus estrategias de comunicación bajo el mismo privilegio legal que se usa para defender a un acusado en un juicio criminal?
La responsabilidad de Horacio Medina
Del otro lado de la mesa, autorizando el desembolso de los fondos, se encuentra el ingeniero Horacio Medina, presidente de la Junta Ad Hoc de PDVSA. Su firma valida no solo el monto, sino la pertinencia de estos servicios en un momento crítico. Medina, quien ha sido la cara visible de la administración de los activos petroleros en el extranjero, queda en el centro de la polémica al aprobar un gasto que, a ojos de críticos y analistas, parece desproporcionado frente a los resultados tangibles para la recuperación de la industria.
La crítica de Rodríguez apunta directamente a esta gestión discrecional. El economista subrayó que, aunque la representación legal es necesaria, es «difícil entender» por qué se requieren más de 700.000 dólares en cinco meses para tareas de relacionamiento, especialmente cuando no existe una rendición de cuentas clara sobre el destino del resto de los recursos. La falta de balances públicos convierte a la Junta Ad Hoc en una «caja negra» donde entran activos de la República y salen contratos millonarios sin mayor explicación que la «estrategia legal».
¿Lobby para el país o para la supervivencia de la Junta?
El punto más álgido de la crítica de Francisco Rodríguez radica en el «timing» o la oportunidad del contrato. Firmado el 15 de enero de 2026, tras la salida de Nicolás Maduro del poder y en medio de una reconfiguración total de la política estadounidense hacia Venezuela, el acuerdo parece anacrónico.
Si Estados Unidos ya ha tomado control de las ventas y existen nuevos interlocutores, ¿para qué necesita la Junta Ad Hoc gastar esa fortuna en «incidencia» y «monitoreo»? La sospecha que se instala en la opinión pública es que este aparato de cabildeo y comunicación, pagado con dinero de todos los venezolanos, podría estar sirviendo menos para proteger a PDVSA de sus acreedores y más para justificar la existencia y la relevancia de la propia Junta Ad Hoc y sus funcionarios en un escenario político que amenaza con dejarlos obsoletos.
En definitiva, este contrato destapa una grieta profunda en la gestión de los activos en el exterior: la desconexión entre una élite burocrática que opera con tarifas y estándares de Washington, y una ciudadanía que exige transparencia y el cese de la hemorragia de recursos públicos. Mientras los «interlocutores» reciben su costoso coaching en Virginia, las preguntas sobre la verdadera utilidad de estos millones siguen sin respuesta, protegidas por el privilegio legal y el silencio administrativo.
