La revisión de documentos mercantiles y registros corporativos en Panamá permite identificar uno de los componentes más sensibles del entramado “empresarial” asociado a Abelardo de la Espriella: la utilización de sociedades registradas en una de las jurisdicciones más cuestionadas y sucias del sistema financiero internacional por su historial de antecedentes de oscuridad sistemática.
Los registros panameños, expuestos por el programa “Huevos revueltos con política”, muestran la constitución de varias compañías vinculadas directa o indirectamente a su red empresarial, caracterizadas por estructuras accionarias cerradas, escasa información pública sobre beneficiarios finales y movimientos contables difíciles de rastrear desde Colombia. En la mayoría de los casos, se trata de sociedades sin actividad productiva visible, sin nómina significativa y sin operaciones comerciales claras, lo que las ubica en la categoría gansteril de empresas de papel.
La posibilidad de que el entramado en la sombra de la Espriella en Panamá sea para lavar activos o eludir controles fiscales, tropieza contra las leyes penales no solamente de Colombia sino de los Estados Unidos, país del que desde hace unos años es ciudadano, condición que podría perder por ello, aparte de las penas, incluida la cárcel, que podría enfrentar.
Aunque la creación de sociedades en Panamá no es ilegal, expertos en derecho societario y prevención de lavado consultados para este análisis coinciden en que este tipo de estructuras suele emplearse para fines específicos: lavado de activos, blindaje patrimonial, manejo de activos fuera del radar fiscal, intermediación financiera interna o separación artificial entre ingresos reales y propiedad final. Todos estos usos adquieren especial relevancia cuando se examinan bajo el prisma de la transparencia exigible a un aspirante presidencial.
Los documentos revisados no evidencian que estas sociedades generen ingresos propios ni que desarrollen actividades económicas verificables. Por el contrario, aparecen como vehículos pasivos, para, posiblemente, lavar activos, canalizar recursos, sostener otras empresas deficitarias o servir como capas intermedias dentro de un entramado más amplio. Esta arquitectura corporativa incrementa la dificultad para determinar el origen, destino y rentabilidad real de los recursos involucrados.
La presencia de Panamá dentro de esta red “empresarial” resulta aún más sospechosa si se considera el contexto internacional. En los últimos años, el país centroamericano ha sido objeto de escrutinio global por su rol en esquemas de evasión fiscal, lavado de dinero, ocultamiento de activos y uso de sociedades offshore, especialmente tras revelaciones como los famosos Panama Papers. Aunque no todos los casos son ilícitos, el estándar de transparencia exigido a figuras públicas ha cambiado de manera absoluta.
Desde el punto de vista político, el contraste es inevitable. Mientras el discurso público de la Espriella se apoya en la idea de orden, legalidad y eficiencia administrativa, los documentos panameños describen un modelo empresarial que recurre precisamente a una jurisdicción asociada con la falta de control y la opacidad financiera. La distancia entre el mensaje y la práctica empresarial plantea interrogantes difíciles de eludir.
Sus principales clientes como abogado –él mismo lo ha dicho— pertenecen al hampa más tenebrosa de Colombia y otros países, como Venezuela o Estados Unidos.
En este contexto, Panamá emerge no como un detalle marginal y sospechoso, sino como una pieza clave para entender la verdadera arquitectura del patrimonio y las finanzas del aspirante presidencial. Más que una internacional legítima, las sociedades registradas allí refuerzan la percepción de un esquema diseñado para ocultar, fragmentar y volver difusa la trazabilidad del dinero.
La primera pregunta que queda abierta no es si estas estructuras son legales, sino si son compatibles con el discurso de transparencia, rectitud y honorabilidad que hoy se ofrece al electorado. En política, como en los negocios, el método delata el propósito.
El nombre de Abelardo de la Espriella ha aparecido, en distintos momentos del debate público, asociado a estructuras societarias en Panamá, un país conocido por su uso histórico como plataforma de planificación fiscal agresiva y de blindaje patrimonial. Ese dato abre preguntas legítimas cuando se trata de una figura que construyó su perfil sobre un discurso moralizante, punitivo y de constante interpelación ética a sus adversarios. En ese contraste entre el tono público y las decisiones privadas surge una tensión evidente: Panamá no es un escenario neutro, sino un territorio elegido de forma recurrente por quienes buscan discreción, fragmentación de responsabilidades y distancia frente al escrutinio público. Se impone es una exigencia de coherencia y transparencia.
En las democracias sanas, los personajes que se presentan como adalides del orden y la ley deben estar dispuestos a explicar, con claridad y sin evasivas, la naturaleza, finalidad y beneficiarios reales de las sociedades que controlan o en las que participan. El problema no es la legalidad formal de esas estructuras, sino el silencio que suele rodearlas y la resistencia a someterlas al mismo estándar de exposición que se exige a otros. En ese terreno gris, donde lo permitido convive con lo cuestionable, es donde nacen las dudas y donde la crítica pública es válida y necesaria.
Al final, no es un asunto de códigos ni de jurisdicciones, sino de credibilidad, porque quien exige luz ajena no puede seguir operando a la sombra sin dar explicaciones. En política y en lo público, el silencio también habla, y casi nunca a favor.
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