Un ‘soplo’ procedente del entorno judicial de la Audiencia Nacional alertó al entorno de José Luis Rodríguez Zapatero de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tenía los ojos puestos en la compañía Plus Ultra, según fuentes de la investigación consultadas por Vozpópuli. Este chivatazo pudo haber llegado a los investigados -entre los que se encuentra el empresario Julio Martínez, amigo del expresidente del Gobierno-, días antes de que se registrara la sede de la empresa y de que se llevasen a cabo las correspondientes detenciones, permitiéndoles borrar mensajes y correos electrónicos.
Este empresario, al que su círculo más cercano se refiere como ‘Julito’, se reunió con José Luis Rodríguez Zapatero apenas 72 horas antes de ser detenido, según informó ‘El Debate’. El encuentro tuvo lugar el pasado 8 de diciembre en las inmediaciones de un restaurante situado en el Monte de El Pardo.
Fuentes consultadas apuntan a que pudo ser durante esa cita cuando el expresidente hizo uso de la información privilegiada que le fue trasladada de algún contacto judicial próximo a la Audiencia Nacional para advertir a su amigo de que la compañía, que cuatro años antes había recibido una inyección de 53 millones de euros de dinero público para ser rescatada, estaba siendo investigada por un presunto delito de blanqueo de capitales. El expresidente ha negado conocer cualquier tipo de detalle sobre las pesquisas.
Sin embargo, cabe recordar que, en un primer momento, se sospechó de que el origen de la filtración se encontraba en el entorno la cúpula policial. Esta circunstancia motivó que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, ordenó a los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación que no informaran a sus superiores sobre los avances que fuesen obteniendo en relación con el presunto blanqueo de capitales y fraude en la aerolínea. La intención era que se lo reportasen directamente a él y ‘encapsular’ así la investigación.
La investigación arrancó en 2024 en la Audiencia Nacional
Aunque actualmente la causa en la que también están investigados el CEO de Plus Ultra, Roberto Rosell, y su presidente, también llamado Julio Martínez, se encuentra bajo el paraguas del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el asunto recayó inicialmente en la Audiencia Nacional hace justo un año, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción.
En ella, el representante del Ministerio Público sostuvo que la aerolínea había hecho un «uso indebido» de los 53 millones de euros que recibió por concesión del Consejo de Ministros en marzo de 2021 y que lo empleó para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. «La sociedad Plus Ultra figura como firmante y beneficiaria de unos contratos de préstamos con tres sociedades de la organización criminal, implicadas en las ventas de oro», rezaba el escrito.
Según la Fiscalía, los fondos ilícitos procederían de presuntos actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela por importes “muy elevados”. En concreto, apuntan a desvíos de fondos públicos pertenecientes a los programas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), puestos en marcha por el Gobierno para distribuir alimentos básicos subsidiados, y a operaciones vinculadas a la “venta de oro del Banco de Venezuela.
Pero la Audiencia Nacional rechazó la denuncia por falta de competencia y señaló que el órgano competente para investigar el asunto era el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, el mismo que años antes había analizado el rescate de la compañía. Cabe recordar que aquella causa fue finalmente archivada debido a un error en los plazos de prórroga de la instrucción.
Ahora bien, la investigación del caso ha avanzado y ahora, la juez de instrucción de Plaza de Castilla quiere volver a enviar la causa a la Audiencia Nacional, según adelanta ABC. La razón de esa inhibición está en que los juzgados madrileños consideran que la competencia es del tribunal especial porque se investigan delitos cometidos en el extranjero.
FUENTE



