Resumen
Ante el anuncio de una amnistía general, para “reparar las heridas” de la confrontación política desde 1999, el análisis y propuesta de La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos, expone la necesidad de incluir a los actores sociales históricamente excluidos. Vivir en paz y tranquilidad no será posible solo con los actores políticos tradicion
ales. La amnistía debe amparar también a voceros
campesinos, portavoces de los trabajadores y pobladores urbanos que, en la lucha por el acceso a la tierra, al trabajo digno y a la vivienda y la ciudad se han enfrentado a la criminalización. Sus acciones fueron judicializadas como delito aunque responden a reivindicaciones colectivas legítimas y a las propuestas políticas del comandante Chávez. Su incorporación es vital para que la ley de amnistía Qcumpla su objetivo de evitar la “venganza, la revancha ni el odio” y permita “coexistir con respeto” en la diversidad. Excluirlos sería perpetuar la narrativa hegemónica que reduce el conflicto a una disputa entre “gobierno y oposiqción”, borrando las raíces de injusticia social que lo alimentan.
Análisis/Propuesta La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 1 FEB 2026
La conflictividad política y social en Venezuela posee raíces históricas que se hunden en profundos desequilibrios estructurales. Estas desigualdades, consolidadas a lo largo del tiempo, operan como mecanismos que cristalizan ventajas para los sectores dominantes y desventajas abismales para los sectores oprimidos, bloqueando indefinidamente el acceso a derechos fundamentales y perpetuando un orden basado en el privilegio.
Esta situación de desequilibrio no se modifica mediante acciones aisladas. La hegemonía de los dominadores se ejerce y reproduce con un sentido de naturalidad absoluta; la defensa del modelo y de su metabolismo social no se vive como una reacción ante una amenaza, sino como la preservación de un estado normal y legítimo de las cosas. En estos períodos de «paz social» impuesta, cualquier acto individual o colectivo de rebelión es sistemáticamentqe deslegitimado: se interpreta como un delito común, fruto de ambiciones egoístas, como la manifestación de una patología psiquiátrica o, en el mejor de los casos, como la expresión de un resentimiento psicosocial estéril.
El ascenso de Hugo Chávez a la presidencia en 1999, precedido por la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, fue convertido por la narrativa hegemónica en el «episodio cero» del conflicto contemporáneo. Este relato fundacional no es inocente: sirve para estigmatizar y criminalizar de origen toda acción posterior que busque romper la dominación mediante la reivindicación y el ejercicio de derechos. Al señalar este hito como el principio de la «violencia política», se construye un relato que exonera al orden anterior y carga la responsabilidad del conflicto en un evento disruptivo específico.
Este mecanismo es constitutivo de la dominación: para la visión hegemónica, es inadmisible reconocer que los oprimidos puedan ser sujetos autónomos de su propia liberación. Por lo tanto, la rebelión debe ser atribuida siempre a un «agente externo perturbador», ajeno a la verdadera esencia del pueblo, que manipula y desvirtúa demandas legítimas. Así, el relato dominante procede a una sustitución simbólica: el sujeto histórico del oprimido es borrado y reemplazado por una entidad individualizada y demonizable —el comandante Chávez, el gobierno bolivariano, el chavismo, el «régimen»— que puede ser fácilmente caracterizada, aislada y combatida.
La consecuencia política de esta operación narrativa es profunda. Al colocar 1999 como el punto de partida exclusivo del conflicto, se logra una reducción simplificadora del campo social a solo dos actores: el «régimen» y la «oposición». En este marco binario, desaparecen como protagonistas legítimos la multiplicidad de sujetos, luchas y reivindicaciones históricas que precedieron y trascienden esa dicotomía.
Es precisamente desde esta comprensión crítica que debe evaluarse cualquier propuesta de Ley de Amnistía que, proclamando el objetivo de «sanar las heridas», parta de aquella narrativa limitante. Una auténtica reconciliación nacional no puede fundarse en la exclusión de los actores sociales históricamente silenciados. Si el propósito es genuinamente reparador, el proceso de amnistía debe incluir, de manera explícita y protagónica, a todos aquellos sectores cuya conflictividad nace de la desigualdad estructural.
Por ello, es imperativo que dicha amnistía general contemple como beneficiarios a:
· Voceros y dirigentes campesinos que lucharon por la revolución agraria y el derecho a la tierra.
· Líderes sindicales y de grupos de trabajadores que actuaron en defensa del trabajo digno, la contratación colectiva y mejores condiciones laborales.
· Pobladores de comunidades populares urbanos, incluidos inquilinos y ocupantes, que se movilizaron por el derecho a la vivienda y a un espacio digno en la ciudad.
Las acciones de estos sectores, aunque en algún momento pudieran haber sido tipificadas como delitos por un orden jurídico al servicio del status quo, tuvieron su origen en la legítima reivindicación de políticas públicas y derechos colectivos conculcados. Su exclusión de un proceso de amnistía no solo sería una injusticia histórica, sino la ratificación del mismo mecanismo de borrado y dominación que pretende superarse. Incluirlos sería reconocer, por fin, que el conflicto venezolano es más profundo y complejo que una simple pugna entre algunas élites políticas; es, en su esencia, la expresión de una lucha social por la justicia y la equidad que lleva décadas, sino siglos, en curso.
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