Hasta ahora nada en el discurso oficial sugiere que voceros campesinos, sindicales y de inquilinos y ocupantes de viviendas, procesados penalmente por acciones inspiradas en «políticas del chavismo», estén excluidos de la medida
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 31 ENE 2026
La amnistía general anunciada este viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, cuyo alcance abarcaría hechos de violencia política cometidos desde 1999, no presenta hasta el momento ningún elemento que indique que la medida esté dirigida a un sector político en particular o que excluya a otros grupos por razones de militancia o identidad ideológica.
De acuerdo con la información disponible en las versiones públicas del anuncio, la mandataria definió la iniciativa como un mecanismo para “reparar heridas” y “reencauzar la convivencia”, centrado en hechos considerados de naturaleza política a lo largo de los últimos 27 años. En ninguna parte del discurso se mencionan restricciones vinculadas a la afiliación partidista de los beneficiarios.
Las únicas exclusiones señaladas hasta ahora son delitos comunes graves, como homicidio, narcotráfico y violaciones de derechos humanos, criterios que coinciden con estándares internacionales aplicados en procesos de amnistía.
Indagación sobre sectores sociales procesados penalmente
La revisión de este anuncio cobra especial relevancia ante la existencia de voceros campesinos, trabajadores, inquilinos y ocupantes de viviendas que han sido procesados penalmente en las últimas dos décadas por acciones vinculadas a conflictos agrarios, reclamos sindicales o disputas por la tenencia de viviendas, muchas veces inspiradas en políticas impulsadas durante los primeros años del chavismo bajo el liderazgo del presidente Hugo Chávez.
Estos casos, que involucran a sectores populares movilizados en torno a agendas agrarias, laborales y de vivienda, han generado interrogantes sobre si la amnistía podría abarcar también a personas procesadas por acciones que, aunque no siempre enmarcadas formalmente como “políticas”, surgieron en contextos de confrontación social vinculados a decisiones estatales o a disputas por derechos colectivos.
Hasta ahora, nada en el discurso oficial sugiere que estos sectores estén excluidos. Por el contrario, la referencia amplia a “violencia política” desde 1999 y la ausencia de distinciones partidistas apuntan a un diseño generalista que podría incluir a cualquier persona procesada o condenada por hechos derivados de conflictos políticos o sociales, independientemente de su alineación ideológica.
A la espera del texto de la ley
La amplitud del anuncio deja abierta la expectativa sobre cómo será redactado el proyecto de ley que deberá aprobar la Asamblea Nacional. Será ese texto el que determine con precisión qué tipos de casos serán considerados de naturaleza política, cómo se evaluarán los expedientes y qué criterios aplicarán las autoridades judiciales para su implementación.
Mientras tanto, el mensaje oficial disponible hasta el momento no establece exclusiones por identidad política ni por el origen social de los procesados, lo que mantiene abierta la posibilidad de que la medida alcance a sectores diversos, incluidos campesinos, trabajadores y personas involucradas en disputas por la vivienda.