
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 20 ENE 2026
Con un despacho informativo presentado como exclusivo, la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) está ejecutando una acción de presión sobre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
La publicación, divulgada apenas dos semanas después del secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, afirma que la DEA investiga desde 2018 a la alta funcionaria por supuestos vínculos con el narcotráfico, en un claro movimiento para condicionar su nuevo mandato.

El momento elegido por la AP transforma la revelación en un instrumento de presión geopolítica oportuna. La información se publica en el preciso instante en que Rodríguez asume la presidencia interina, un cargo que ocupa tras la operación que llevó a Maduro a una cárcel federal de Nueva York.
Este «timing» busca maximizar la vulnerabilidad política de la nueva mandataria, alineándose con la estrategia de la administración estadounidense de ejercer influencia en la transición venezolana.
La táctica fue confirmada de manera tácita por el presidente Donald Trump, quien tras la operación contra Maduro señaló que Rodríguez «parecía dispuesta a trabajar» con Washington.
La segunda falla estructural del reporte reside en la opacidad de sus fuentes documentales. Aunque la AP asegura haber tenido acceso a «registros» de la DEA que catalogan a Rodríguez como «objetivo prioritario», la descripción de estos papeles es notoriamente vaga. La redacción no precisa el origen, la fecha exacta, el formato ni la procedencia verificable de dichos documentos.
Esta falta de descriptores básicos, esenciales para calibrar la autenticidad de la evidencia, deja la acusación en el terreno de la afirmación no auditable, dependiendo completamente de la atribución genérica a la agencia antidrogas estadounidense.
El producto de la AP intenta matizar su objetivo al señalar que, pese a la investigación, Rodríguez no ha sido formalmente acusada y que Washington la ve como un socio necesario para la estabilidad.
Esta presentación dual expone la contradicción central de la política estadounidense: tratar simultáneamente a una figura como objetivo criminal y como interlocutor válido.
El enfoque busca desprestigiar a la dirigencia chavista mientras se mantienen abiertos canales de negociación funcionales a los intereses estratégicos de Estados Unidos en la región, en un ejemplo más de la cobertura mediática que instrumentaliza la situación venezolana en contextos de disputa política interna norteamericana.

