Cuatro años después de despedir fraudulentamente su fuerza laboral, la petrolera de servicios va al CIADI en medio del bloqueo naval y la amenaza militar de invasión.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 26 DIC 2025
Halliburton ha decidido llevar a Venezuela ante un tribunal de arbitraje internacional. El gigante petrolero alega ante el CIADI pérdidas millonarias por el deterioro económico del país y decisiones del gobierno venezolano. Sin embargo, esta narrativa contiene una omisión crucial: la verdadera causa de su salida forzosa no fue una decisión de Caracas, sino de Washington.
La retirada de Halliburton en 2020 fue el resultado directo de las sanciones extraterritoriales impuestas por Estados Unidos. Las Órdenes Ejecutivas de la administración Trump y, específicamente, la Licencia General 8 de la OFAC, prohibieron a las empresas estadounidenses realizar transacciones con PDVSA. Esta medida, y no solo las condiciones locales, estranguló sus operaciones y forzó su partida.
La paradoja es evidente. Mientras la empresa responsabiliza al Estado venezolano ante un tribunal internacional, nunca cuestionó legalmente la medida de su propio gobierno que causó su retirada. Esta estrategia parece diseñada para posicionarla como acreedor preferente en un hipotético escenario de cambio político o control externo de la industria petrolera venezolana, un patrón que le resulta familiar.
Su historial refuerza esta lectura. En diciembre de 2020, Halliburton despidió a unos 400 trabajadores venezolanos mediante simples telegramas, ofreciendo indemnizaciones ínfimas calculadas con una tasa de cambio irreal. Los empleados debieron emprender una larga batalla legal que llegó hasta el Tribunal Supremo de Justicia para recibir una liquidación justa, un proceso donde la empresa utilizó toda su influencia para resistirse.
Este episodio se suma a un pasado marcado por el aprovechamiento geopolítico. La figura del exCEO Dick Cheney encapsula la simbiosis entre la empresa, el poder estatal y los conflictos. Como vicepresidente de EE.UU., Cheney fue arquitecto de la invasión a Irak en 2003 —basada en la falsa premisa de armas de destrucción masiva—, desde donde Halliburton obtuvo contratos multimillonarios sin licitación para la «reconstrucción». Además, la empresa y sus directivos han enfrentado acusaciones formales por sobornos en casos como el de Nigeria, durante la era Cheney.
Por ello, la demanda ante el CIADI se parece menos a una reclamación jurídica legítima y más a un movimiento calculado dentro del tablero geopolítico. Halliburton busca capitalizar pérdidas derivadas, en gran medida, de la política exterior de su nación, mientras oculta un historial de desprecio por los derechos laborales y de prosperar en medio de conflictos. Su caso es un recordatorio cínico de cómo, en la geopolítica del petróleo, las corporaciones trasladan sus riesgos a los estados soberanos, reescribiendo la historia para evadir su propia responsabilidad y preparando el terreno para futuras ganancias.