Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 18 DIC 2025
La retórica bélica del presidente de EE.UU., Donald Trump, que acusa a Venezuela de haber «robado» petróleo y activos estadounidenses, no es nuevo. Su objetivo inmediato esa justificar el bloqueo naval y el despliegue militar actual, pero su argumento se remonta a unc conflicto comercial específico y en gran medvida resuelto: la reestructuración de la industria petrolera por parte de Hugo Chávez en 2007.
Ese año, el gobierno venezolano dio un giro a la política de Apertura Petrolera de los años 90, decretando que los proyectos con capital extranjero debían migrar al modelo de empresas mixtas, con una participación mayoritaria y el control operativo de la estatal PDVSA.
Mientras empresas como Chevron negociaron su permanencia como socias minoritarias, ExxonMobil y ConocoPhillips se negaron a los nuevos términos. El Estado tomó el control de sus activos, lo que ambas compañías calificaron como una expropiación.
El mecanismo para resolver este tipo de disputas, el arbitraje internacional, ya funcionó. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) falló a favor de las petroleras, ordenando a Venezuela pagar indemnizaciones cuantificadas en 1.600 millones de dólares a ExxonMobil y unos 8.700 millones a ConocoPhillips.
Dieciocho años después, la administración Trump rescata este episodio, pero omite su dimensión jurídica concluida. Al enmarcarlo como un «robo» que exige una respuesta militar, traslada el conflicto del ámbito de los tribunales de arbitraje al terreno de la confrontación geopolítica, donde los propósitos –cambio de régimen o control estratégico de recursos– son otros.
De cómo Trump quiso convertir un modelo de negocios en la causa de una guerra
Entre 2007 y 2008,el gobierno del presidente Hugo Chávez implementó una modificación integral del marco legal y contractual que regía la participación de capitales privados en la industria petrolera venezolana, particularmente en la Faja del Orinoco.
Este cambio, que transitó del modelo de «asociaciones estratégicas» de la década de 1990 al esquema de «empresas mixtas» con control accionario mayoritario del Estado, generó reacciones divergentes entre las empresas internacionales. Algunas, como ExxonMobil y ConocoPhillips, optaron por no aceptar los nuevos términos y sometieron el conflicto a tribunales de arbitraje internacional, los cuales dictaminaron compensaciones económicas a su favor. Otras, como Chevron, decidieron permanecer bajo el nuevo esquema.
Este reportaje describe, en cinco apartados, la evolución de este proceso, desde sus antecedentes hasta su resurgimiento en el discurso político de la administración del expresidente dea Estados Unidos, Donald Trump.
1. El modelo de la Apertura Petrolera (década de 1990)
En un contexto de precios bajos del crudo y necesidad de capital e inversión,Venezuela impulsó, a partir de 1995, un proceso conocido como la «Apertura Petrolera». Su objetivo principal era desarrollar las reservas de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco, lo cual requería tecnología y financiamiento del que el Estado no disponía en ese momento. El modelo se basó en la firma de contratos de «asociación estratégica» y de «riesgo compartido» entre la empresa estatal PDVSA y consorcios internacionales. Bajo esta figura, las empresas privadas asumían la inversión inicial y el control operativo de los proyectos, manteniendo una participación mayoritaria en el capital (entre el 50% y el 70%), mientras PDVSA poseía una participación minoritaria. Este esquema logró atraer miles de millones de dólares en inversión y aumentó significativamente la capacidad de producción del país.
2. La transición al modelo de empresas mixtas (2007-2008)
Como parte de una política de Estado orientada a incrementar el control y la renta fiscal petrolera, el gobierno venezolano, mediante la Ley de Hidrocarburos de 2001 y decretos posteriores, estableció que todos los proyectos estratégicos debían migrar a un modelo de empresa mixta.
Las nuevas condiciones exigían que PDVSA tuviera una participación accionaria no menor al 60% (en la práctica, se situó en torno al 78% de promedio) y el control operativo de los proyectos.
Se estableció un plazo perentorio (hasta junio de 2007) para que las empresas internacionales aceptaran esta nueva condición y firmaran los contratos correspondientes como socias minoritarias, o en su defecto, se retiraran.
El gobierno ofreció una compensación por los activos transferidos, cuyos montos fueron objeto de discrepancia con algunas de las empresas.
3. Respuesta de las empresas estadounidenses: Dos estrategias diferentes
La reacción de las principales petroleras estadounidenses no fue uniforme,evidenciando diferentes evaluaciones de riesgo y estrategia de largo plazo.
· Salida de ExxonMobil y ConocoPhillips: Ambas empresas, que eran operadoras y tenían posiciones mayoritarias en proyectos como Cerro Negro (Exxon) y Petrozuata/Hamaca (ConocoPhillips), decidieron no aceptar los nuevos términos. Sus argumentos se centraron en considerar que la compensación ofrecida por sus activos era insuficiente y que la pérdida del control operativo y accionarial mayoritario hacía inviable su continuidad bajo las nuevas reglas. Ambas anunciaron que acudirían a arbitraje internacional para resolver la disputa.
· Continuidad de Chevron: Por el contrario, Chevron, junto con otras empresas europeas (Total, ENI, Statoil), optó por negociar y aceptar el nuevo rol de socio minoritario. Su decisión se basó en una evaluación estratégica que priorizaba el acceso a largo plazo a las vastas reservas de crudo de la Faja del Orinoco, aún bajo un esquema de menor control operativo. Esta decisión le ha permitido mantener una presencia continua en el país hasta la actualidad.
4. El proceso de arbitraje internacional y sus resultados
El mecanismo de solución de controversias previsto en los tratados bilaterales de inversión se activó.ExxonMobil y ConocoPhillips demandaron a la República Bolivariana de Venezuela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Los tribunales arbitrales, tras años de procedimientos, emitieron sus laudos:
· Determinaron que Venezuela había incurrido en una expropiación indirecta al modificar sustancialmente las condiciones de inversión sin ofrecer una compensación que los tribunales consideraron justa y efectiva, según los tratados.
· Ordenaron al Estado venezolano pagar indemnizaciones: aproximadamente 1.600 millones de dólares a ExxonMobil (tras un proceso de anulación parcial) y unos 8.700 millones de dólares a ConocoPhillips, más intereses.
· Estos laudos son jurídicamente vinculantes. Venezuela ha reconocido parcialmente estas deudas y ha realizado algunos pagos, pero los montos principales permanecen pendientes de cancelación total.
5. El resurgimiento del conflicto en la retórica política de la administración Trump
Casi dos décadas después de los hechos,el expresidente Donald Trump y figuras de su administración han incorporado este episodio histórico a su discurso político contra Venezuela. Han utilizado la narrativa del «petróleo robado» para referirse a las expropiaciones, omitiendo en su relato la existencia y el resultado de los procesos de arbitraje internacional que ya cuantificaron la obligación compensatoria. Analistas señalan que esta instrumentalización del conflicto busca:
1. Construir una justificación de política exterior ante la opinión pública.
2. Ejercer presión máxima en el contexto de sanciones económicas.
3. Posiblemente, sentar una posición de fuerza para futuras negociaciones sobre la industria energética venezolana, más allá del cobro específico de los laudos arbitrales.