Italo Di Pascuale Acosta disparó contra Eduardo Súnico y su esposa, Elvira González, quienes se encontraban en la calle luego de ser desalojados del inmueble donde residieron durante más de dos décadas.
El desalojo en la Quinta Canaima, de Colinas de Bello Monte (Municipio Baruta, Miranda) se realizó luego de que 5 inquilinos fueran procesados como invasores y ocupantes ilegales por la fiscalía 73° del MP.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 24 NOV 2025
1. La Violencia:
El domingo 23 de noviembre, durante una operación de desalojo de una vivienda en alquiler (irregular por el mismo hecho de ser domingo) , el médico neurocirujano Italo Di Pascuale Acosta disparó con un arma de fuego contra los inquilinos Eduardo Súnico y su esposa, Elvira Katiuska Viviani González.
Eduardo Súnico falleció en el acto, mientras que su esposa resultó gravemente herida y se encuentra hospitalizada. Testigos grabaron el momento en que el agresor saca el arma y realiza al menos cinco disparos.
2. El agresor y su paradoja
El centro de la noticia recae en la identidad del presunto homicida: un profesional de la salud, específicamente un neurocirujano, cuya vocación debería ser la preservación de la vida. Este hecho genera una grave alarma social al constatarse que fue él quien empleó la violencia letal para resolver un conflicto de carácter civil.
3. Una propiedad en disputa:
La violencia estalló por la supuesta reivindicación de la propiedad de la «Quinta Canaima», una vivienda cuya titularidad legal es objeto de una fuerte controversia:
· La propiedad fue adjudicada a Piedad Espinoza hace 30 años.
· Tras su divorcio en 1994 y su fallecimiento en 2014, la heredera universal legal es su hija, Sasha Sadovnik, quien reside en Miami, EE. UU.
· Sin embargo, el exesposo de Piedad, Aba Sadovnik, se declaró a sí mismo heredero en 2022 y vendió la vivienda a la familia del neurocirujano en una transacción descrita como irregular.
4. Contexto y condena:
El desalojo contó con presencia policial y se enmarca en una denuncia por «invasión» presentada en 2023 por la madre del neurocirujano, la abogada Altagracia Acosta, quien se benefició de programas de protección para adultos mayores. El diputado a la Asamblea Nacional, Rigel Sergent, y el Movimiento de Inquilinos condenaron enérgicamente el crimen, denunciando la «criminalización» de los inquilinos y advirtiendo sobre el peligroso precedente de anteponer la propiedad privada a la vida humana.
Conclusión
Este caso trasciende un homicidio común y expone una grave problemática: la utilización de la violencia letal por parte de un profesional de prestigio en el marco de una disputa civil por una propiedad cuya compra se basa en una titularidad cuestionable que se remonta a un divorcio de hace tres décadas. Se exige justicia y una investigación exhaustiva que aclare las irregularidades en la transacción inmobiliaria y las responsabilidades penales del hecho.