En una sesión clasificada con legisladores, el Gobierno de Donald Trump aclaró que la campaña militar contra el narcotráfico en el Caribe se limita a embarcaciones en aguas internacionales, al reconocer que no existe fundamento jurídico ni normativo para extender operaciones a territorio venezolano.
Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 6 NOV 2025
Funcionarios del Gobierno de Donald Trump informaron a legisladores que Estados Unidos no contempla ataques terrestres dentro de Venezuela, al reconocer que no existe justificación legal para extender la campaña militar iniciada en septiembre contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico. La aclaratoria se produjo en una sesión clasificada encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y asesores jurídicos de la Casa Blanca, según fuentes citadas por CNN.
📌 Contexto de la decisión
– La operación militar estadounidense comenzó en septiembre con despliegue naval en el Caribe, bajo la premisa de combatir organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
– CNN reveló que la opinión de la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia (DOJ) autorizaba únicamente acciones contra embarcaciones sospechosas en aguas internacionales.
– Legisladores fueron informados de que esa opinión no habilita ataques dentro de Venezuela ni en ningún otro territorio soberano.
⚖️ Los fundamentos legales detrás de la decisión
La aclaratoria del Gobierno estadounidense se sostiene en un entramado jurídico que delimita con precisión el alcance de la operación militar. En primer lugar, la opinión emitida por la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Justicia establece que el uso de la fuerza está autorizado únicamente contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico en aguas internacionales. Es decir, la acción se restringe al ámbito marítimo y no puede extenderse a territorio venezolano ni a ningún otro Estado soberano.
A esta limitación se suma la orden ejecutiva presidencial que dio inicio a la campaña en septiembre. El documento activa el despliegue naval contra presuntas redes criminales, pero no contempla objetivos terrestres. La operación, por tanto, se mantiene dentro de un marco estrictamente naval.
En el plano internacional, la Carta de las Naciones Unidas es categórica: el artículo 2(4) prohíbe el uso de la fuerza contra la integridad territorial de otro Estado, salvo en casos de legítima defensa. El artículo 51 precisa que esa defensa solo es válida frente a un ataque armado. Como Venezuela no ha agredido a Estados Unidos, no existe justificación para invocar esta excepción.
Finalmente, el principio de soberanía y no intervención, consagrado en el derecho consuetudinario internacional, refuerza la prohibición de cualquier acción militar sin consentimiento del Estado afectado o sin mandato expreso del Consejo de Seguridad de la ONU.
En conjunto, estos instrumentos legales y normativos explican por qué Washington reconoce que carece de base jurídica para extender su campaña militar a suelo venezolano. La decisión busca preservar la legalidad de las operaciones, evitar una violación de la soberanía y contener el riesgo de una crisis regional.
🧩 Implicaciones políticas y estratégicas
– Desescalada táctica: La administración Trump evita abrir un frente terrestre que podría desencadenar una crisis regional.
– Control legislativo: El Congreso exige transparencia y límites al poder presidencial en operaciones militares no autorizadas.
– Legitimidad internacional: Mantener la operación en aguas internacionales preserva un margen de legalidad frente a organismos multilaterales.
📍 Conclusión
La decisión de no extender la campaña militar a territorio venezolano refleja el reconocimiento de que no existe base legal ni normativa para justificar ataques terrestres. El Gobierno estadounidense se mantiene dentro de los márgenes de la opinión jurídica interna y del derecho internacional, consciente de que una incursión terrestre violaría la soberanía venezolana y carecería de respaldo normativo.