Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 30 SEP 2025
José Ramiro Cárdenas Iguarán, alias ‘Titi Iguarán’, el narcotraficante colombiano extraditado el pasado 13 de marzo, tendrá su primera audiencia de estado o Status Conference el próximo martes 14 de octubre a las 9:30 a.m. ante la jueza federal Charlene Edwards Honeywell, en la Corte del Distrito Medio de Florida, según el calendario judicial de la corte.
“Titi” adquirió relevancia para la política venezolana una vez que el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Diosdado Cabello lo señaló el pasado 7 de agosto, de ser el promotor de un plan de atentado con explosivos en una plaza de Caracas.
Esta audiencia marca un paso crucial en el proceso judicial estadounidense en su contra. Una Status Conference es una reunión previa al juicio en la que fiscales y defensores revisan el avance del caso, discuten el intercambio de pruebas, evalúan posibles acuerdos y establecen los plazos procesales futuros. Para un extraditado, es un momento fundamental para organizar su defensa en un sistema jurídico extranjero.
Nacionalidad venezolana y doble identidad
La defensa de Cárdenas Iguarán intentó, sin éxito, evitar su extradición argumentando que también poseía nacionalidad venezolana. Documentos oficiales venezolanos confirman que contaba con una cédula de identidad venezolana, número V-15.839.996, expedida el 10 de junio de 2015.
Además, según los registros del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Cárdenas Iguarán estuvo afiliado como trabajador del «Club Gallístico El Wakakeo, C.A.», una empresa ubicada en Maracaibo, estado Zulia. Su afiliación se mantuvo activa desde el 16 de septiembre de 2016 hasta el 14 de abril de 2021, apenas dos meses antes de su captura en Colombia.
La estructura criminal: rutas y socios
Cárdenas Iguarán, identificado como el líder del ‘Clan Iguarán’, operaba una sofisticada estructura de exportación de cocaína. Su organización producía la droga en la región del Catatumbo, que luego almacenaba en la Alta Guajira para su despacho.
La organización manejaba al menos tres rutas marítimas principales utilizando lanchas rápidas, aprovechando su conocimiento de la zona y la complicidad de comunidades indígenas para esconder embarcaciones y cargamentos enterrados en el desierto. Operaba hacia la población de El Morro de Puerto Santo, en Venezuela, con socios como los hermanos Levi y Samuel López Batis; hacia República Dominicana; y hacia Honduras, gestionada por el narcotraficante hondureño Rosbin Leonardo Duarte Elvir, capturado y extraditado junto con Cárdenas Iguarán.
Vinculaciones con violencia política en Venezuela
Las actividades de ‘Titi Iguarán’ trascendieron el narcotráfico. El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, lo señaló el pasado 7 de agosto como el determinador y financista del frustrado atentado con TNT en la Plaza Venezuela de Caracas, ejecutado el 25 de julio.
Según las declaraciones del ministro, la conexión se estableció a través de Francisco Javier Finol Labarca, alias ‘Chichito’, un delincuente detenido en Venezuela y vinculado a la banda de ‘El Conas’, que ha reivindicado ataques con explosivos en Caracas.
El precedente de la jueza Honeywell y posibles escenarios futuros
La jueza Charlene Edwards Honeywell, quien presidirá el caso, tiene un hisñktorial de sentencias severas en casos de narcotráfico. En 2023, sentenció al colombiano Oscar Adriano Quintero Rengifo, el «Príncipe de los Semisumergibles», a más de 20 años de prisión federal.
Este precedente hace anticipar una condena similar o mayor para Cárdenas Iguarán. Sin embargo, se abre la posibilidad de una negociación judicial. Analistas consideran que las autoridades estadounidenses podrían ofrecer un acuerdo de culpabilidad a cambio de que el capo suministre información que apuntale la narrativa del supuesto «Cartel de los Soles», e incluso que señale a supuestos cómplices de alto nivel dentro del gobierno venezolano.
El caso de ‘Titi Iguarán’ deja al descubierto la compleja articulación de las estructuras criminales transnacionales, donde el narcotráfico converge con intereses políticos. Su audiencia del 14 de octubre será el primer paso en un proceso que será seguido de cerca tanto por la justicia como por la geopolítica.