Redacción: La Tabla/Plataforma de Periodismo de Datos 28 SEP 2025
Marshall Billingslea, exfuncionario de los Departamentos de Defensa y Tesoro de EE.UU., enfrentó en 2019 una firme oposición de organizaciones de derechos humanos debido a su documentada promoción de la tortura, lo que finalmente frustró su nominación para un alto cargo diplomático en esta materia. Posteriormente fue designado para un puesto senior que no requería confirmación del Senado.
En las últimas semanas ha adquirido cierta notoriedad por divulgar en sus redes sociales información sobre funcionarios venezolanos, disponible en fuentes abiertas, como si fuera “información confidencial”.
En 2019, el presidente Donald Trump nominó a Billingslea como Subsecretario de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, el principal funcionario para definir la política de derechos humanos del país. La nominación encontró resistencia inmediata de una coalición global de ONGs, incluyendo Amnistía Internacional USA y Human Rights Watch, que citaron su papel en el desarrollo de «técnicas de interrogatorio mejoradas» después de los ataques del 11 de septiembre.
Un informe bipartidista de 2008 del Comité de Servicios Armados del Senado detallaba las acciones de Billingslea como alto funcionario del Pentágono, donde instó al entonces secretario de Defensa Donald Rumsfeld a autorizar métodos de interrogatorio que posteriormente provocaron abusos de derechos humanos en Afganistán e Irak. Según el informe, falsamente afirmó que un grupo de trabajo del Departamento de Defensa había «respaldado» técnicas como la privación de sueño y el aislamiento, a pesar de las objeciones de altos abogados militares.
Un punto focal de las críticas fue la recomendación específica de Billingslea de aprobar la «privación de sueño» y la «modulación de sonido» para el detenido mauritano Mohamedou Ould Slahi en Guantánamo. El tratamiento fue tan severo que el oficial de Marina que procesaba a Slahi renunció, rehusándose a participar en procedimientos basados en confesiones obtenidas bajo tortura.
Frente a la oposición unánime de los miembros demócratas del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y un registro público condenatorio, la nominación de Billingslea no fue confirmada. En enero de 2020, la administración lo designó como Enviado Presidencial Especial para el Control de Armas, un cargo que no requería la aprobación del Senado.