Bogotá, Colombia – La sobrecarga laboral en la Fiscalía General de la Nación ha dado lugar a una práctica preocupante: fiscales, sin recursos suficientes para atender miles de procesos, están contratando de su propio bolsillo a personas externas para realizar tareas clave. Esto, según revela una investigación de La Nueva Prensa, ha desencadenado la creación de un mercado negro de información judicial secreta.
El periodista Gonzalo Guillén alertó en su cuenta de X (antes Twitter) sobre esta situación:
“Miles de fiscales desbordados de trabajo están contratando de su bolsillo a extraños y esto creó un mercado negro de información secreta”, escribió en la madrugada del 18 de septiembre de 2025, enlazando la investigación.
¿Qué está pasando?
Contrataciones externas informales: Fiscales de distintas regiones, incapaces de responder a la enorme carga procesal, han recurrido a colaboradores externos que cobran entre 50.000 y 80.000 pesos diarios.
Acceso sin controles: Estas personas, sin vínculos oficiales, han manipulado documentos y accedido a plataformas sensibles como el SPOA, donde reposan los procesos penales.
Nepotismo e informalidad: En muchos casos, los colaboradores improvisados son familiares o amigos de los fiscales, trabajando sin contrato ni regulación.
Riesgos e implicaciones
Vulnerabilidad institucional: El ingreso de terceros no verificados compromete la seguridad y confidencialidad de los procesos.
Filtraciones y tráfico de información: Se han detectado filtraciones que alimentan un posible mercado negro de expedientes judiciales.
Privatización de funciones públicas: Lo que debería estar en manos de funcionarios responsables ha quedado bajo el control de particulares sin supervisión.
Desconfianza ciudadana: La percepción de que la justicia opera de manera improvisada golpea la legitimidad de la Fiscalía.
La respuesta oficial
La fiscal general Luz Adriana Camargo ha atribuido filtraciones a funcionarios internos, pero no ha reconocido de manera contundente la problemática de los colaboradores externos. Hasta ahora, no se conocen protocolos uniformes ni sanciones claras frente a esta práctica, que se replica en distintas seccionales.
¿Qué hacer?
Regular con urgencia la contratación de personal de apoyo con verificaciones de antecedentes y contratos formales.
Fortalecer la planta oficial, invirtiendo en más personal capacitado.
Auditar y supervisar el acceso a sistemas judiciales.
Imponer sanciones efectivas a quienes faciliten el acceso irregular.
