Cinco hombres armados amedrentan en Medellín a hija de testigo contra Álvaro Uribe https://t.co/DewbwGAIp0 vía @lanuevaprensaco
— Gonzalo Guillén (@HELIODOPTERO) August 10, 2025
Una nueva denuncia se suma al desenlace de la condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal, en calidad de determinador. El exparamilitar condenado Pablo Hernán Sierra,testigo de cargo en el caso contra Uribe, denunció que esta madrugada su hija habría sido abordada por cinco hombres armados que la amenazaron y le exigieron información relacionada con su padre y el proceso en mención.
De acuerdo con el audio de la denuncia enviado por Pablo Hernán Sierra y que posee La Nueva Prensa, su hija se encontraba a las afueras de una discoteca de la famosa Avenida 70 de Medellín, cuando “llegaron cinco personas armadas y le dijeron, ¿usted es la hija de Pablo Sierra, el testigo del expresidente Uribe? Pásenos el celular que usted debe tener mucha información”.
Pablo Hernán Sierra, quien fuera conocido con los alias de ‘Alberto Sierra’ y ‘Pipintá’, fue el comandante del Bloque Cacique Nutibara, a su vez conectado con el Bloque Metro, de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Junto a Juan Guillermo Monsalve, ha sido un testigo clave dentro del proceso que resultó en la condena en primera instancia de Álvaro Uribe, la primera contra un expresidente en Colombia.
Sierra aseguró haber buscado en 2011 al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda, quien hacía parte de la Comisión de Derechos Humanos de esa corporación, con el fin de pedirle que pusiera en conocimiento de las autoridades las denuncias que el exparamilitar estaba entregando a medios de comunicación respecto del papel de Álvaro Uribe en la fundación del Bloque Metro y en los orígenes y consolidación del paramilitarismo. También, buscando protección para él y visibilidad para su caso por parte de organizaciones internacionales como Human Rights Watch, pues aseguró haber sido expulsado del proceso de Justicia y Paz por haber declarado en contra del expresidente.
Pablo Hernán Sierra afirmó que en la Hacienda Guacharacas –de propiedad histórica de la familia Uribe Vélez– se estableció el primer asentamiento paramilitar de Antioquia, desde donde se planificaron masacres, entre otros crímenes. También, que en su calidad de paramilitar encargado del Cartel de la Gasolina que inauguró el Bloque Metro en 1998, instaló una válvula para perforar el tubo de gasolina de Ecopetrol, ubicado dentro de los predios que componen la finca Guacharacas, para robar combustible, distribuirlo por los distintos municipios del nordeste antioqueño y obligar a los dueños de las estaciones de servicio a comprarlo para financiar la organización paramilitar.
Sierra también declaró haber estado a cargo de entregar información estratégica a la Cuarta Brigada del Ejército, en Medellín, sobre las actividades, ubicación y colaboradores de la guerrilla en la zona.
En conversación con La Nueva Prensa, el abogado de Sierra, Carlos Toro, advirtió sobre la gravedad de la situación denunciada por su cliente y anunció que esta denuncia había sido puesta en conocimiento de la fiscal del caso, Marlene Orjuela, quien le indicó que oficiaría al CTI para que se encargara de activar medidas de protección para el testigo y su familia.
Adicionalmente, el Dr. Toro resaltó la relevancia de su cliente en este y los varios procesos que se siguen y puedan adelantarse en el futuro contra Álvaro Uribe, pues destaca la consistencia del testimonio de Pablo Hernán, señalando que en más de dos décadas no se ha retractado ni ha modificado sus declaraciones. A su juicio, tanto Sierra como Monsalve han cargado con el mayor peso de la acusación de Uribe sin recibir compensaciones ni garantías adecuadas de seguridad.
Para el Dr. Toro, el abandono del Estado y del sistema judicial a su defendido Pablo Hernán Sierra, como al también testigo Juan Guillermo Monsalve, es inaceptable. Señala que “las condiciones de detención en las que viven –en donde han enfrentado problemas de seguridad (cuatro atentados en el caso de Monsalve), han sido sometidos al ostracismo y a condiciones precarias– no corresponden con el trato y el cuidado que el Estado y la administración de justicia deben brindar a quienes han aportado información vital y una colaboración eficaz en un proceso de esta envergadura”.
El representante también hizo un llamado enérgico al gobierno por el abandono de estos testigos, recordando que estas amenazas a su familia también buscan procurar que guarde silencio a futuro o incluso cambie su versión en los procesos judiciales que se adelantan y los que eventualmente se abran en contra de Álvaro Uribe y sus familiares por los delitos cometidos por los paramilitares en Antioquia. Pide que se revisen alternativas que permitan mejorar las condiciones de vida, dignidad y seguridad de estos dos testigos.
El doctor Carlos Toro se refiere a lo que considera una serie de beneficios que han recibido con su nombramiento como gestores de paz otros paramilitares condenados, a pesar de que a la fecha no han aportado ninguna verdad concreta ni relevante. Asegura que un claro ejemplo es el caso de Mancuso, quien a pesar de “tanta alharaca y promesas solo ha entregado declaraciones llenas de lugares comunes, sin verdades ni información contundente y se encuentra en libertad, mientras estos testigos han hecho los aportes que ningún otro a la verdad de este país y hay que ver las condiciones en que están”.
Por ello, el abogado subraya que testigos como Sierra y Monsalve deben acceder a beneficios equivalentes, que garanticen condiciones de dignidad y seguridad acordes con su situación. Esto implica, por un lado, reconocer el valor de sus aportes a la justicia y, por otro, las profundas repercusiones que dichos aportes han tenido en su vida personal, otorgándoles así las medidas de protección y apoyo necesarias y proporcionales.
Finalmente, el jurista se refirió a lo que considera un comportamiento delictivo sistemático que se evidencia, una vez más, en las distintas circunstancias que se han presentado en el marco del proceso y la decisión condenatoria contra Uribe Vélez.
Toro confirma la posibilidad de solicitar que la Fiscalía unifique en un solo expediente todas las amenazas, atentados y presiones sufridas por testigos en procesos contra los Uribe Vélez, con el fin de demostrar un patrón de conducta y sistematicidad. Recordó episodios previos, como los atentados contra Monsalve y los intentos de presunta manipulación de otros testigos, entre ellos el reciente montaje revelado por el ‘Narcochofer’ –hoy testigo de la Fiscalía–, que habría buscado vincular falsamente al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel del Río con el narcotráfico, y en el que estarían involucrados el autodenominado ‘abogángster’ Diego Cadena y presuntos oficiales de la DEA y del FBI.
Por otra parte, el hecho de la amenaza y robo del celular a la hija de Pablo Hernán Sierra, recuerda el defensor Toro, se remonta a una práctica sistemática de presión, amenazas y hasta asesinatos en contra de múltiples testigos que osaron declarar en contra del expresidente y de sus familiares y que incluyen al mismo Monsalve y su exesposa, así como a miembros de su familia que sí terminaron cambiando su testimonio.
Por ello, el abogado manifestó que se está considerando una solicitud para que la Fiscalía recoja todas esas informaciones y realice una investigación macro que incluya todos los elementos integradores, todos los indicios y pruebas directas que reposen en esta Entidad para que se construya un solo caso –en contexto y no en diferentes procesos atomizados y a cargo de distintos fiscales–, que facilite demostrar la sistematicidad, el modus operandi con el que el expresidente ha pretendido engañar a las más altas instancias de la justicia en Colombia y con el que también ha logrado evadir por muchos años su responsabilidad penal en hechos que merecen investigación, juzgamiento y sanción.
Por su parte, el testigo Pablo Hernán Sierra reitera el llamado urgente a la Fiscalía para activar la protección inmediata de su familia y expresa preocupación por los riesgos que enfrentan los miembros de su núcleo familiar, quienes, advierte, no podrán salir de sus viviendas ni continuar normalmente con sus vidas hasta que no cuenten con las garantías necesarias de seguridad.