Los recientes y alarmantes sucesos en la población de Pedraza, estado Barinas, no son incidentes aislados, sino que, al analizarlos en conjunto, revelan un patrón de acción paramilitar diseñado para intimidar y desalojar a campesinos que buscan acceder a tierras ociosas de la Nación.
La secuencia de eventos, desde la irrupción inicial hasta la entrega final a las autoridades, valida de manera contundente las interpretaciones que apuntan a la participación de un grupo armado ilegal al servicio de intereses privados.
Violencia orquestada confirma los hechos
La primera clave para desentrañar la naturaleza de estos hechos radica en el modus operandi de los captores.
El testimonio de un testigo es explícito: «Habían 11 o 10 personas encapuchadas, vestidos de negro, todos. Todos. Llegaron a las 2 de la mañana.» La vestimenta de combate, las capuchas que ocultaban sus rostros y la posesión de «armas de guerra» no son características de una fuerza de seguridad legítima que actúa bajo el debido proceso. Por el contrario, son sellos distintivos de grupos armados irregulares que buscan operar fuera de la ley, garantizando la impunidad mediante el anonimato.
Más allá de la apariencia, la acción misma confirma la naturaleza delictiva. El disparo a los pies de un campesino que intentó huir y el uso de la fuerza para esposar y retener a los labriegos demuestran una aprehensión violenta, no una detención legal. La tortura o el uso excesivo de la fuerza para inmovilizar a los detenidos son crímenes que desbordan cualquier procedimiento policial o militar amparado por la ley.
Operaron con recursos del terrateniente
La relación entre los agresores y el terrateniente Elpidio García es un pilar fundamental en la confirmación de la naturaleza paramilitar del evento. Se ha establecido que el grupo armado actuó por orden expresa de García, lo que transforma la acción de «rescate de tierras» en una operación de desalojo forzoso impulsada por intereses particulares.
La evidencia del uso de recursos y vehículos propiedad del Hato La Rubiera para la movilización y transporte de los campesinos secuestrados refuerza esta conexión. Las camionetas y «la zorra del ato» no son equipos estándar de ninguna fuerza pública. Su empleo demuestra que la logística de la operación provenía directamente de la infraestructura del terrateniente. Más aún, el hecho de que los campesinos fueran inicialmente trasladados a las instalaciones de la propia finca La Rubiera antes de ser entregados a la Guardia Nacional Bolivariana es una prueba irrefutable de que la acción fue orquestada y ejecutada desde el ámbito privado, con un claro propósito de ejercer control sobre el territorio y sus ocupantes.
¿Por qué tardaron tanto para entregar los secuestrados a la GNB?
Quizás el elemento más revelador que valida las interpretaciones sobre la acción paramilitar es la demora en la entrega de los campesinos a las autoridades. Si la aprehensión hubiera sido un procedimiento legal, la entrega a la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría sido inmediata y en el lugar de los hechos. Sin embargo, los campesinos fueron retenidos en la finca durante horas antes de su «entrega» formal.
Esta secuencia sugiere un intento de legitimar a posteriori un acto delictivo. Al ser entregados a la GNB, los campesinos pasaron de ser víctimas de un secuestro a presuntos invasores bajo custodia legal, desviando la atención de la violencia inicial. La intención parece ser la de usar a la fuerza pública como un eslabón final para «legalizar» una acción ilegal, convirtiendo un rapto en una detención por un delito penal. Esta dinámica es alarmantemente similar a patrones observados en regiones donde operan grupos paramilitares, que actúan con impunidad para luego «blanquear» sus acciones a través de la cooptación o la complicidad de actores estatales.
Contexto de un conflicto agrario
Finalmente, estos hechos no pueden entenderse sin el contexto de un litigio por tierras que se extiende al menos desde el año 2022. El Consejo Campesino Bolívar y Zamora ha estado luchando legalmente por el derecho a utilizar estas tierras ociosas, propiedad de la nación.
La violencia del 14 de junio de 2025 representa una escalada drástica en este conflicto, sugiriendo que la vía legal no estaba produciendo los resultados deseados por los poseedores actuales, lo que llevó a la utilización de la fuerza bruta.
En suma, la combinación de la indumentaria y armamento de guerra, la actuación por cuenta de un terrateniente, el uso de recursos privados de la finca, la retención previa a la entrega a las autoridades y el contexto de un conflicto territorial prolongado, configuran un patrón inequívoco de acción paramilitar. Los eventos en el Hato La Rubiera no son un simple incidente, sino una preocupante manifestación de la violencia ilegal en la ruralidad venezolana, que exige una investigación profunda y una respuesta contundente para garantizar la justicia y proteger los derechos de los campesinos.
Redacción La Tabla/ Plataforma de Periodismo de Datos