Noticias Candela - Informe 25 por Jorge Castro
Abogado intimida y humilla públicamente a periodistas para ocultar vínculos con narcotráfico

Abogado intimida y humilla públicamente a periodistas para ocultar vínculos con narcotráfico

En los últimos meses se han multiplicado las denuncias contra el abogado Robert Alvarado, quien ha sido acusado por varios medios de comunicación independientes de emplear tácticas intimidatorias para silenciar investigaciones periodísticas sobre su cliente y socio, Neif Antonio Gebran Frangie, un empresario venezolano presuntamente vinculado al narcotráfico.

Según diversas fuentes policiales y testimonios recogidos por autoridades internacionales, Gebran Frangie habría mantenido estrechos lazos con Daniel Barrera Barrera, alias “El Loco Barrera”, el notorio narcotraficante colombiano capturado en Venezuela en 2012 y extraditado a Estados Unidos, donde actualmente cumple condena tras admitir haber dirigido una organización criminal que enviaba toneladas de cocaína a Norteamérica y Europa.

Testimonios judiciales apuntan a que Neif Antonio Gebran Frangie habría facilitado las operaciones de “El Loco Barrera” en territorio venezolano, proporcionándole vehículos, inmuebles, documentación falsa y contactos clave que habrían permitido su movilización y ocultamiento. Asimismo, estaría implicado directamente en actividades de lavado de dinero provenientes del narcotráfico mediante la creación de múltiples empresas fachada.

La reacción del abogado Robert Alvarado ante la cobertura mediática sobre estos hechos ha sido descrita por varios periodistas como “violenta e intimidatoria”. Desde el año 2020, Alvarado habría emprendido campañas agresivas contra medios digitales que no retiran o censuran estas informaciones, llegando incluso al extremo de difamar públicamente a familiares de periodistas mediante acusaciones falsas de delitos inexistentes, como estrategia de presión y escarmiento.

Estas difamaciones han sido ampliamente difundidas por Alvarado en redes sociales, generando graves daños emocionales y reputacionales en las víctimas, lo que ha sido calificado por asociaciones periodísticas como “un claro intento de amedrentamiento y censura a la libertad de prensa”.

 

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