Citgo Petroleum, la empresa refinadora de Venezuela con sede en Houston, podría cambiar de dueño en el año 2024, tras un proceso de subasta judicial iniciado en octubre de 2023. La venta forzada responde a los reclamos de acreedores que buscan cobrar sus deudas con el país sudamericano, que superan los US$ 90,000 millones.
Un activo estratégico para Venezuela
Venezuela adquirió Citgo hace casi 40 años, como parte de su estrategia de internacionalización. La red de refinación de 807,000 barriles por día de Citgo está orientada al procesamiento de los crudos pesados venezolanos, lo que la hace esencial para el país petrolero.
Desde 2019, Citgo ha estado bajo el control de una serie de juntas supervisoras designadas por la Asamblea Nacional de Venezuela, liderada por la oposición, que contó con el reconocimiento del gobierno de Estados Unidos. El objetivo era proteger a Citgo de los acreedores y preservarla como un activo para el futuro económico de Venezuela bajo un gobierno elegido democráticamente.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro se ha mantenido en el poder desde su cuestionada reelección en 2018, pese a las sanciones y presiones internacionales. Maduro se opuso a los nombramientos de las juntas y ha dicho que Citgo fue “secuestrada” por Estados Unidos.
Un fallo judicial que cambió el escenario
La situación de Citgo cambió radicalmente en 2018, cuando el juez de distrito en Delaware Leonard Stark determinó que PDVSA, la matriz de Citgo, era el alter ego de Venezuela, un fallo judicial poco común que abrió la puerta para que los acreedores buscaran tomar acciones de una de las filiales de Citgo, PDV Holding, para recuperar activos que habían perdido por expropiación en Venezuela.
El caso fue impulsado por Crystallex International, una empresa minera canadiense que reclama US$ 1,400 millones por la nacionalización de sus operaciones en Venezuela. Venezuela creía que podía escudarse del avance de los acreedores porque los tribunales estadounidenses generalmente tratan a las corporaciones como entidades separadas de sus propietarios.
El fallo de Stark fue apelado por Venezuela ante la Corte Suprema de Estados Unidos, pero la apelación está pendiente. Mientras tanto, Stark ha seguido adelante con el proceso de subasta, contratando a un banco de inversión y nombrando a un funcionario judicial especial para tratar con las agencias estadounidenses que protegen a Citgo.
Un futuro incierto para Citgo
La subasta podría iniciar un nuevo capítulo para Citgo, que ha mejorado notablemente su rentabilidad desde que rompió vínculos con su matriz PDVSA en 2019. Sus tres refinerías funcionaron a un promedio del 98% de su capacidad en los últimos cuatro trimestres. Durante ese mismo período, los ingresos netos acumulados de la empresa ascendieron a US$ 4,920 millones, en comparación con su primer año, cuando la empresa registró una ganancia de 246 millones de dólares.
Carlos Jordá, el respetado director ejecutivo de Citgo que fue designado en 2019 para liderar la empresa, ha logrado contrarrestar años de mantenimiento deficiente que la matriz, con sede en Caracas, había ignorado, ha reducido la deuda y mejorado las finanzas.
Es probable que Citgo termine en manos de uno o más de los mayores refinadores que operan en Estados Unidos, potencialmente dejando a Venezuela con las manos vacías, según las personas más estrechamente involucradas en el caso. Se espera que entre los postores se encuentren Marathon Petroleum, Valero Energy, Koch Industries y la empresa de propiedad saudita Motiva Enterprises. Inversionistas en infraestructura también podrían presentar ofertas, según personas cercanas al asunto.
La venta podría convertirse en la subasta judicial más grande jamás realizada. Se espera que los postores presenten ofertas confidenciales a Evercore Group, la firma de inversiones contratada por el juez Stark. El precio y preocupaciones antimonopolio limitarán el grupo de postores por toda la compañía, según expertos del sector.
Las posibilidades de Venezuela de retener alguna participación en Citgo son muy escasas, según los expertos. Cuando Venezuela puso Citgo en venta en 2014, la empresa fue valorada en casi US$ 12,000 millones. Su rentabilidad ha mejorado notablemente desde entonces, lo que podría atraer ofertas más altas. Pero la deuda externa del país supera los US$ 90,000 millones.
“Citgo se va a perder. Ahora sólo es cuestión de ver cuanto demorará la subasta”, dijo el exprocurador general del desaparecido “Gobierno interino” de Juan Guaidó, José Ignacio Hernández. “No vamos a conseguir ni los restos”.
“La subasta no es un proceso equitativo ni justo. Sólo cobrarán los primeros en llegar mediante la destrucción de un activo”, dijo Horacio Medina, quien preside una de las juntas que supervisan a Citgo, a Reuters. “El juego no ha terminado”.
“La pérdida de Citgo tendrá un daño moral gigantesco para los venezolanos y no va a tener ningún beneficio, excepto para los pocos afortunados que logren colarse en la subasta”, dijo el exprocurador Hernández.
Un alivio temporal de las sanciones
En noviembre de 2023, el gobierno de Joe Biden anunció un alivio de las sanciones petroleras contra Venezuela, permitiendo que las empresas estadounidenses negocien con PDVSA bajo ciertas condiciones. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos dijo en Washington que el alivio de las sanciones no debería afectar la subasta. En una decisión separada, Estados Unidos extendió hasta enero la protección a Citgo contra acreedores.
El alivio de las sanciones busca alentar una solución política negociada a la crisis venezolana, que incluya elecciones libres y justas. Sin embargo, Maduro ha rechazado las condiciones impuestas por Estados Unidos y la oposición, y ha afirmado que seguirá gobernando el país hasta el 2025.
Citgo podría algún día competir con PDVSA operando como una compañía petrolera integrada verticalmente con activos de producción en Venezuela, según Medina. Pero hoy, eso parece una esperanza difusa.
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